El homicidio de Suppo ocurrió en la ciudad cabecera del departamento Castellanos, el 29 de marzo de 2010, y se encuentran detenidos dos «trapitos», que le robaron 200 pesos en efectivo y la asesinaron de nueve puñaladas.
El 29 de marzo último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la competencia federal y ordenó remitir la causa al juez Rodríguez por que «no puede descartarse que la muerte de Suppo obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales que investigan delitos de lesa humanidad».
Cuando la Corte definió la competencia, el juez de Instrucción, Alejandro Mognaschi estaba a punto de elevar la causa a juicio oral en los Tribunales de Rafaela.
El expediente pasó, entonces, al juez Rodríguez quien -el 10 de mayo- hizo lo mismo que su colega: cerró la investigación sobre los presuntos autores materiales para que Sosa y Cóceres sean juzgados por el Tribunal Oral de Santa Fe y dejó abierta la posibilidad de indagar en el futuro si hubo autores ideológicos.
Ahora, el TOF anuló el desdoblamiento de la causa y le pidió a Rodríguez que termine la investigación ya que «debe estar completa, porque de lo contrario se vulneraría la garantía del debido proceso legal, consagrado en la Constitución Nacional», indica la resolución, coincidiendo con los abogados de la familia Suppo, quer habían solicitado la «nulidad» de la elevación a juicio de la causa.