Repasemos velozmente la secuencia previa a este acuerdo: a) el 28 de junio de 2009, el presidente constitucional es detenido ilegalmente y expulsado del país; lo que no había podido triunfar en Venezuela y Bolivia, lo que parecía parte de un pasado totalmente superado y dejado atrás, había vuelto a suceder: un Golpe de Estado cívico militar impulsado descaradamente por los EE.UU. se había consumado; b) contra la tradición de claudicaciones y cobardías (ningún presidente argentino resistió ni uno solo de los golpes que sufrimos en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) Zelaya avala e impulsa la resistencia popular al golpe que escribe paginas de heroísmo y dignidad, la democracia tiene quien la defienda; c) en ese marco, por primera vez en la historia la OEA condenó al golpe y declaró que no reconocería el gobierno surgido del golpe militar; en palabras de su secretario general Insulza del 30 de junio: la organización «no aceptará una vuelta al pasado en el continente» y no hará ninguna concesión a un régimen proclamado sobre la base de un golpe militar seguido de la detención ilegal del Presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya., Insulza afirmó que «en nuestra región los militares golpistas no tienen cabida», agregando que «no reconoceremos a la misma fuerza que impulsó el rompimiento constitucional». Dijo que la OEA estará abierta a un diálogo «sólo si éste contempla la reposición en su legítimo cargo al Presidente Zelaya» y anunció que se aplicaría a Honduras el articulo 19 de la Carta Democrática Interamericana, que inhibe de participar en todas las instancias regulares del organismo al país que vea alterada gravemente su institucionalidad democrática.
Por primera vez en la historia de golpes y Terrorismo de Estado que vivimos los latinoamericanos se respetaba el principio liberal de que nada legal puede surgir de un acto ilegal. Sencillo. Claro. Irrefutable.
En la Argentina, fue la Corte Suprema en una resolución tomada a poco del golpe de setiembre de 1930 quien suscribió el criterio adverso, que fue sostenido incluso hasta hoy día: las acciones de un poder fáctico, son tan legales como las de un gobierno constitucional. La ley de comunicaciones que se derogó el año pasado, no era la única vigente desde el periodo dictatorial; la ley de entidades financieras es acaso una de las más conocidas, aunque el Código de Minería y otras muchas más dan cuenta de lo que significa la llamada continuidad jurídica de los actos del Estado.
La decisión tomada contra los golpistas de Honduras daba cuenta de un nuevo tiempo en América Latina donde, ya que no se podían evitar nuevos golpes de Estado, si se los condenaba al ostracismo internacional, con el consiguiente costo económico y diplomático.
El Acuerdo firmado por Lobos y Zelaya, que casi irónicamente “perdona” a Zelaya de sus supuestos crímenes: resistir el golpe, pretender la democracia para su país, etc. liquida la decisión de la OEA del 2009 y vuelve las cosas a su lugar histórico: los que preparen un golpe de Estado saben ahora que contarán con el reconocimiento de los EE.UU. y la Unión Europea, como siempre, y que recibirán de sus colegas democráticos de la región una advertencia, algún tirón de orejas y finalmente, a un bajo costo, los reconocerán mediante un pacto para “consolidar la democracia”.
Que el genocida Santos, operador principal en la región del gobierno imperialista de los EE.UU. lo sostenga, es entendible; los que deberán explicar su conducta errática son los gobernantes que hace dos años parecían comerse crudos a los golpistas y hoy les regalan la reinserción internacional y la legitimidad que los pueblos jamás les reconocerán.
La derecha ha dado un paso de gigantes, y esta vez no ha sido “la ultra izquierda” o los “sectores crispados de la oposición” los que le dieron una mano, sino los cultores de la “razón de estado” y el “realismo político”, que se sabe, son dos paradigmas que llevan a los pueblos de cabeza a la derrota.
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