Agencias
La querella que encabeza la ex diputada Patricia Walsh acusó a 9 de los 19 represores que son juzgados en la causa ESMA por el secuestro y asesinato del escritor Rodolfo Walsh, ocurrido el 25 de marzo de 1977, como parte de un «genocidio» implementado a partir de «un plan sistemático de exterminio» de grupos opositores al régimen.
La abogada querellante, Miryam Bregman, dio por probada la materialidad de los hechos que rodearon la muerte de Walsh, ocurrida en aquella fecha «entre las 14:30 y las 16:00», en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos en el barrio de San Cristóbal, en esta Capital.
En esa ocasión, el autor de Operación Masacre se resistió a ser detenido por un grupo de la ESMA que lo seguía, a partir de datos de una cita que el escritor y periodista tenía con otro miembro de la organización Montoneros, luego de haber enviado por correo a distintos medios nacionales e internacionales, copias de la ya famosa «Carta a la Junta Militar».
La letrada dijo también que por lo que pudo reconstruirse en los últimos años, un grupo integrado por «doce a dieciséis personas», montaron en ese lugar «un operativo de gran magnitud». El objetivo era detener al autor de «Quien mató a Rosendo», pero ante su resistencia a ser apresado «el grupo atacante, haciendo usos de su superioridad numérica y su poder de fuego», lo abatió.
De todas formas, se desconoce si esa acción le provocó la muerte en ese momento. El sobreviviente de la ESMA, Martín Gas, declaró ante el Tribunal que vio el cuerpo del periodista en una camilla con heridas en el pecho en ese centro de detención.
Por el asesinato de Walsh, Bregman acusó a los imputados Jorge «El Tigre» Acosta, Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice, Pablo García Velazco, Julio Cesar Coronel, Ricardo Miguel Cavallo, Juan Carlos Fotea y Antonio Pernías.
«Desde la Carta a las Juntas, Rodolfo Walsh los sigue acusando», expresó Bregman y además advirtió: «Seguiremos buscando la obra inédita de Rodolfo Walsh y seguiremos exigiendo la apertura irrestricta de todos los archivos que el Estado posee».
Al respecto, enumeró el apoderamiento ilegal de bienes de Walsh durante su secuestro y en el posterior allanamiento a la vivienda del escritor en San Vicente, de donde se llevaron su obra inédita.
Entre ellas, se encuentra el cuento «Juan que se iba por el río», «El 17», «El aviador y la bomba», carpetas con una «selección de notas periodísticas», copias de las cartas a su hija Viky, asesinada en 1976, y otra al «coronel Rohualde», quien habría intervenido en ese hecho ocurrido en 1976 y «documentos internos» de la organización Montoneros de la cual formaba parte.
Al respecto, la abogada indicó que «parte de esa obra fue vista en la ESMA». Bregman representa, además de Patricia Walsh, a Laura Villaflor, hija del militante Raymundo Villaflor, asesinado mediante el uso de tortura en ese centro clandestino, y a los sobrevivientes Osvaldo Barros, Mario Fukman, Carlos Lodkipanidse y José Luis Jassan.
«Vamos a demostrar que los hechos no son hechos aislados , sino que se cometieron como parte de un plan sistemático de exterminio contra una generación militante, en el marco de un genocidio», exaltó la letrada, quien al justificar esta última figura legal sostuvo que la represión apuntó contra «un grupo nacional».
El alegato de Bregman fue seguido durante la audiencia por militantes del Partido Obrero (PO), por el cual será candidata en las próximas elecciones. En su introducción, la letrada denunció que en la actualidad y siguiendo las propias confesiones de los acusados, en el sentido de que en la represión «participó toda la Armada», continúan en actividad 1.048 oficiales y que esa cifra se eleva a 3.300 si se habla de suboficiales que se desempeñaron en la fuerza durante la dictadura.