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Suecia ha pedido explicaciones a Venezuela por no haberle informado de la detención y posterior extradición a Colombia de Joaquín Pérez Becerra, de nacionalidad sueca, informó este miércoles el ministerio de Relaciones Exteriores.
“Suecia ha pedido a Venezuela explicaciones de por qué las autoridades suecas no fueron informadas cuando detuvieron a un ciudadano sueco y lo extraditaron a Colombia”, informó a la AFP el portavoz del ministerio sueco, Teo Zetterman, precisando que la nota diplomática fue enviada el martes.
“Aún no recibimos respuesta”, añadió.
Joaquín Pérez Becerra, de 55 años, nació en Colombia, pero adoptó la nacionalidad sueca, país al que se trasladó hace dos décadas como refugiado político.
Perez Becerra fue detenido el sábado cuando intentaba ingresar en Venezuela en un vuelo comercial procedente de la ciudad alemana de Fráncfort, y extraditado el lunes a Bogotá.
El portavoz de la cancillería sueca aseguró que todavía no está claro “de qué se le acusa oficialmente”.
“Nos estamos centrando en que se le proporcione apoyo consular… La Embajada de Suecia ha contactado con él y está siguiendo el caso, en contacto con sus representantes legales”, agregó Zetterman.
La justicia colombiana acusa a Pérez de delitos de «concierto para delinquir con fines terroristas, administración de recursos relacionados con fines terroristas y rebelión, y de ser miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)».
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien pidió a su homólogo venezolano Hugo Chávez la captura, aseguró que Pérez es “el cabecilla del frente internacional de las FARC en Europa”, acusación que el detenido negó.
El ministro del Interior y Justicia colombiano, Germán Vargas, dijo esta semana a periodistas que Pérez Becerra “no es un ciudadano sueco”.
Señaló que se trata de un colombiano “que estaba viajando bajo otra identidad y pasaporte sueco, pero eso no le quita su condición de nacional colombiano”.
Sin embargo, Zetterman explicó a la AFP que Pérez Becerra recibió la nacionalidad sueca en 2000 e insistió en que las autoridades del país nórdico deberían haber sido informadas de su arresto y posterior extradición.
“Hay casos en que la persona detenida no quiere que las autoridades locales contacten con las autoridades de su país de origen, pero en este caso estaba bastante claro que deberían haberse puesto en contacto con nosotros”, reclamó.