“La confianza está fracturada y golpeada, no es la misma que la que teníamos en el pasado”. De esa manera, voceros del PCV y de unas 35 organizaciones, colectivos y movimientos sociales, se expresaron en rechazo a la deportación del comunicador Joaquín Pérez Becerra, quien fuera entregado este lunes por las autoridades venezolanas al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, acusado supuestamente de ser miembro del Frente Internacional de las Farc y de dirigir el noticiero alternativo digital ANNCOL.
Entre las organizaciones que participaron en la rueda de prensa se encuentran el Movimiento Continental Bolivariano (MCB), la Juventud Comunista de Venezuela (JCV), la Asociación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, el Foro Itinerante de Participación Popular (FIPP), el colectivo estudiantil SURCO, el Frente Estudiantil Livia Gouverneur, el Frente de Creadores Militantes, la Coordinadora Simón Bolívar (CSB), el M28, Voces Antiimperialistas, Alexis Vive, Fundación Pakito Arriarrán, Colectivo Antifascista, Frente Alfredo Maneiro, Corriente Comunista Gustavo Machado, la Asociación Patria y Solidaridad, y las emisoras Radio Arsenal y Al Son del 23.
Pérez Becerra había visitado Venezuela en varias ocasiones
Carlos Casanueva, Secretario General del MCB, explicó que Pérez Becerra ya había visitado Venezuela en diciembre de 2009, en el marco de la fundación del Movimiento Continental Bolivariano, evento que contó con más de 1.300 delegados internacionales.
Posteriormente, en diciembre de 2010 se constituyó la Asociación Bolivariana de Comunicadores (ABC), evento convocado por ANNCOL, Café Estéreo y la Agencia Bolivariana de Prensa, “y el compañero Joaquín, miembro fundador de esa asociación, estuvo aquí en Venezuela en ese momento para defender la Revolución Bolivariana de los ataques en Europa y en todo el mundo”.
Abogados califican situación de “secuestro”
El abogado Hugo Martínez, quien junto a Yul Jabour y al diputado Israel Sotillo interpusieron un recurso de amparo el pasado lunes ante el TSJ, lamentó la entrega, que no dudó en calificar de “secuestro” dado que Pérez Becerra es un ciudadano de nacionalidad sueca y no había ninguna razón para detenerlo. “Pudo librarse una batalla jurídica que pudiera haberse resuelto en los tribunales de la República”.
Igualmente, objetó la presión a la que habrían sido sometidos algunos comunicadores de medios públicos, para omitir informaciones negativas sobre la controversial entrega.
“Nosotros estuvimos con dos diputados de la Asamblea Nacional en el SEBIN, y no nos permitieron ingresar para conversar” con Pérez Becerra. “Allí se violó el estado de derecho y de justicia que nos enseñaron en la Universidad. Yo orgullosamente soy abogado de la Universidad Bolivariana, ya que Uribe no me dejó terminar (mis estudios) en Colombia. Yo también fui víctima de un proceso similar; duré 19 meses detenido, acusado por supuesto terrorismo, y el hecho de que te imputen un delito no significa que seas culpable. Aquí no se ha determinado la responsabilidad del compañero, y sin embargo fue tratado como un vil delincuente y terrorista; se le violaron todos sus derechos humanos”.
“El gobierno tiene que explicar a través de la Cancillería, si las FARC y el ELN son catalogadas como organizaciones terroristas, dado que países como Suecia no los consideran como tales. El gobierno debe explicar su posición sobre esas organizaciones”. Es necesario destacar que Venezuela también se había negado a calificar a dichas organizaciones como terroristas, lo que le permitió participar en mediaciones y liberaciones de retenidos.
Martínez explicó que se violaron principios constitucionales, entre otros la no devolución de refugiados a países de donde han huído al correr peligro su vida y su integridad. Dicho principio está consagrado en el artículo 69 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Refugiados y Refugiadas y Asilados o Asiladas. Indicó que, si se van a violar estas importantes normativas, entonces debería pedirle también a Juan Manuel Santos la extradición de Pedro Carmona Estanga, líder del golpe de Estado de abril de 2002 quien permanece asilado en dicho país.
Derecha endógena sería la responsable
Por su parte, María Fernanda Romero leyó un comunicado del colectivo social SURCO, en el que critican “la actitud cómplice de la derecha endógena dentro del gobierno venezolano al atentar contra la solidaridad de los pueblos ante el Imperialismo”. Recordaron que Pérez Becerra es un sobreviviente de la operación de exterminio a la que se vio sometida la Unión Patriótica en los años ochenta.
Responsabilizan de estas decisiones a los mismos sectores detrás del encarcelamiento al cacique Sabino Romero, al estudiante tachirense William Sanguino y a las controversiales negociaciones con grupos estudiantiles de derecha, que habrían permitido la liberación de diferentes personas que la oposición consideraba “presos políticos” por su participación en el golpe de 2002 o en hechos de corrupción.
Alí Manaure, cantautor y miembro del Frente de Creadores Militantes, se preguntó si el gobierno bolivariano está considerando calificar a los comunicadores alternativos como terroristas. A nombre de cantantes, teatreros, escultores, pintores y artistas militantes, indicó que lo ocurrido violaba principios éticos y revolucionarios, y recordó que el gobierno colombiano ha aceptado una invasión de parte del imperialismo estadounidense “no con siete bases, sino con muchísimas bases más” y con miles de soldados estadounidenses en su territorio, y que la solicitud de Colombia de entregarles a un refugiado y ciudadano sueco, es motivo de alarma.
La Juventud Comunista de Venezuela fue más allá, y consideró la entrega como “una traición contra las fuerzas progresistas y el movimiento popular”, por lo que exigen respuestas ante la entrega de Pérez Becerra. Temen que si estos hechos continúan repitiéndose , podrían parecerse al “plan Cóndor, en el que hubo alianzas entre gobiernos de los años setenta para entregar camaradas revolucionarios”.
Nahir de Istriago, miembro del Foro Itinerante de Participación Popular, rechazó a nombre de este colectivo la deportación de Pérez Becerra al gobierno de Juan Manuel Santos, “autor de la masacre de Sucumbíos (Ecuador), perseguidor de revolucionarios y cómplice de miles de asesinados y desaparecidos en Colombia”, acción que aseguran “ha causado desconcierto, decepción y preocupación de movimientos sociales de todo el mundo”. Lejos de distanciarse del proceso bolivariano, indican que puede haber un plan fraguado para desprestigiar al gobierno bolivariano y dividir fuerzas, al evidenciar contradicciones dentro de la revolución. Temen que estas prácticas puedan generalizarse contra otras personas y colectivos. “No se puede confiuar en el Imperialismo ni un tantico así”, dijeron citando al Che Guevara.
Por su parte, el PCV indicó que su Comité Central se reunirá el próximo 30 de abril para evaluar la situación y tomar cualquier decisión. Indican que el partido comunista lucha por profundizar el proceso y para que la clase obrera asuma su dirección, pero que esta concesión a fuerzas imperialistas es muy peligrosa. Ante una pregunta del periodista de Venezolana de Televisión sobre si el PCV no teme que su decisión genere una ruptura con el PSUV, indicaron que es necesario que ambos partidos se sienten, discutan y debatan sobre este tipo de hechos. Igualmente, piden a movimientos sociales de todo el continente seguir haciendo presión para la liberación de Pérez Becerra y de otros presos políticos del régimen colombiano.