Así lo anunció este martes la Corte Constitucional colombiana, que por medio de un comunicado aceptó revisar la tutela interpuesta por la ex senadora luego de que la misma fue estudiada por el Tribunal Superior de Bogotá y por la Sala Civil de la Corte Suprema; entes que defendieron la posición de Ordóñez.
Los magistrados decidieron analizar el caso para determinar si hubo alguna violación de los derechos de Córdoba con las decisiones adoptadas por los anteriores tribunales, tal como la activista ha denunciado en reiteradas oportunidades.
Según reseñaron los medios locales, el recurso será estudiado en una subsala de tres magistrados, quienes tendrán que pronunciarse sobre la solicitud de Piedad Córdoba en los próximos meses.
El magistrado encargado de presentar la ponencia sobre la tutela es Jorge Iván Palacio.
Por su parte, el ex magistrado y actual abogado defensor de Córdoba, Alfredo Beltrán Sierra, sustentó que el representante del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, se había atribuido facultades que sólo le competen al Consejo de Estado y por ende, era ilegal la inhabilitación.
El pasado septiembre, mediante un comunicado, Córdoba afirmó que esta inhabilitación va “en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política” que se ha adelantado contra ella en los últimos 12 años.
La activista agregó además que esas persecuciones le han implicado grandes lesiones a su integridad personal y familiar, como su “secuestro, posterior exilio, así como los atentados contra su vida, las operaciones ilegales de interceptación y seguimientos ilegales de los organismos de inteligencia del Estado”.
En relación a la investigación de la Procuraduría, Córdoba afirmó que “no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético”, además de denunciar que no había imparcialidad.
A su vez, también recordó que “quien temerariamente” la “acusa y sanciona está cuestionado” por haber emitido absoluciones, desestimando pruebas válidas, en varios escándalos ocurridos en el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
En este sentido, Córdoba se refería al hecho de que el procurador general Ordóñez, está investigado por la Corte Suprema de Justicia por el caso de la “yidispolítica”, en el que hubo ofrecimientos a congresistas para favorecer la reelección de Uribe.
Con respecto a las supuestas pruebas contra Córdoba, el mismo Ordóñez, en una entrevista con un diario local efectuada el pasado octubre, reconoció que en los supuestos computadores de Raúl Reyes, el fallecido líder de las FARC, no se encontraron correos electrónicos destinados a la ex senadora, que fueron los primeros “indicios” de sus supuestos contactos ilegales.
Desde 2007, la ex senadora del Partido Liberal trabajó en el proceso de liberaciones de 20 de los retenidos por las FARC, en un intento de buscar la paz para su país, que ha sufrido 45 años de guerra interna.