TeleSUR
La Haya, marzo 8 – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó este martes a Nicaragua y Costa Rica que se abstengan de enviar tropas militares en el río fronterizo de San Juan cuya soberanía reclaman ambos países, como parte de las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno costarricense en agosto de 2010.
La CIJ, sin embargo, señaló que el Gobierno costarricense puede enviar personal civil para proteger el medio ambiente y en especial a la zona del humedal.
Costa Rica debe consultar y debe dar notificación por adelantada, señalaron los magistrados de la Corte.
Asimismo, la CIJ indicó que de manera unánime, ambas partes deben abstenerse de cualquier acción provisional.
Los jueces se pronunciaron tanto sobre la jurisdicción «prima facie» (a primera vista, da a entender la apariencia de un derecho pero sin que con ello se prejuzgue sobre el asunto) de la Corte sobre la demanda, así como la urgencia del caso.
La corresponsal de teleSUR en Nicaragua, Adriana Sívori informó este martes que si Costa Rica “se siente afectado, si cree que hay daños ambientales pueden enviar personal civil ambientalista y deben avisar primero a Nicaragua”.
“Si espera que los dos Gobiernos se sienten hablar y resuelvan esta disputa. El Gobierno de Nicaragua fue el primero en decir ‘vamos a sentarnos y discutir todo esto’”, señaló la corresponsal.
Costa Rica y Nicaragua pueden también “esperar a que la Corte emita una sentencia en base a todas las pruebas que ambos países han presentado”.
La reportera en Nicaragua explicó que el problema limítrofe entre dos países lo conforma un área de poco más de 3 kilómetros de extensión y se trata de un humedal o tierra blanda que termina en el mar Caribe.
«Ambos gobiernos se deben sentar a hablar y resolver la disputa. Nicaragua ha dicho que se quiere sentar a hablar antes de pasar a otros niveles, hay que esperar a ver qué pasa», dijo la periodista.
Nicaragua niega las acusaciones de Costa Rica y aduce que no ha construido canal alguno en la zona en conflicto, sino que se ha limitado a hacer labores de drenaje de un cañón que une la laguna Portillos (conocida también como Harbour Head) con el río San Juan, cuya soberanía está en manos nicaragüenses.
El pasado fin de semana, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso a su homóloga de Costa Rica, Luara Chinchilla, reunirse en algún lugar de la frontera entre ambos países, para esperar juntos el fallo de medidas cautelares que dio la CIJ, pero la mandataria costarricense rechazó la invitación, tras señalar que esperaría la resolución de la Corte junto al pueblo que la eligió.
El conflicto entre Costa Rica y Nicaragua se inició a mediados de julio pasado, cuando el Gobierno de Managua (capital nicaragüense) comenzó el dragado en el río San Juan en su territorio soberano, hecho que fue considerado por Costa Rica como una violación a sus espacios.
Como respuesta, en agosto de 2010 Costa Rica denunció a Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En 2009, la CIJ ya se había pronunciado cuando dictaminó la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan y el derecho de regular su navegación.
Asimismo, la Corte determinó que Costa Rica puede navegar por el afluente con fines comerciales.
El río San Juan tiene 200 kilómetros de longitud y nace en el Lago Cocibolca, en el sur de Nicaragua y desemboca en el Mar Caribe, en su trayectoria bordea parte de la frontera nicaragüense con Costa Rica.
En 1821, después de la independencia de Centroamérica, el mencionado río se convirtió en una codiciada ruta comercial que dio lugar a diferentes disputas jurídicas y diplomáticas, por derechos de navegación entre ambas naciones.
Costa Rica estudiará lo acordado por la Corte
El canciller de Costa Rica, René Castro, dijo en un breve encuentro con los medios de prensa que de ahora en adelante el trabajo entre ambos países «debe hacerse en forma coordinada y en cooperación, estaremos dispuestos a hacerlo» al tiempo que pidió a Nicaragua buena voluntad en el retiro de sus tropas.
«Estudiaremos la forma en que Costa Rica se prepara para enfrentar los acordado por la Corte», agregó y comentó que su Gobierno ha pensado varios escenarios.
«Esencialmente nos toca implementar la buena voluntad de parte de Nicaragua de retirar tropas y toda presencia en la zona, así como la responsabilidad de informar a otros órganos especializados de cómo vamos a trabajar con la cautela y prudencia que ha caracterizado el proceso, pero expresando la responsabilidad de cuido del acervo cultural que en Costa Rica pesa tanto».
Finalmente, el ministro de Exteriores costarricense expuso que las obras de dragado en el río San Juan fueron ordenadas y asumidas como terminadas en su territorio.
En el lado nicaragüense «harán el trabajo que les corresponda y con las reglas de juego que establezcan pero no en el cayo».