El foco de las protestas es Chiriquí (oeste), donde miles de indígenas llegaron caminando desde otras zonas del país, tras una marcha de varios días.
Mujeres vestidas con una tradicional nagua (amplio camisón de colores con figuras geométricas en el pecho), hombres con su rostro pintado y portando arcos y flechas, y jefes indígenas con plumas prendidas en el sombrero, daban un ambiente colorido a las protestas, que se desarrollaron pacíficamente.
Los indígenas cerraron la vías con troncos y llantas, cumpliendo así su advertencia de que bloquearían la importante carretera.
También rechazaron un acuerdo del Gobierno con un cacique no reconocido por los pueblos originarios, según el cual el presidente Ricardo Martinelli se compromete a no propiciar ni admitir la explotación minera en territorios bajo jurisdicción indígena.
“La protesta es para exigir la derogación de la Ley que reformó el Código de Recursos Minerales (…) queremos hablar con el gobierno porque esos cambios permiten la explotación de minas de nuestras comarcas”, expresó uno de los dirigentes, Carlos García.
Hasta el momento la manifestación no ha generado incidentes violentos. Sin embargo, los nativos continúan recalcando que no cesarán sus protestas hasta que no se derogue o se cambie la normativa.
En este sentido, el líder indígena Rogelio Montezuma, quien es uno de los dirigentes de la Comarca Ngobe Buglé (centro-oeste) expresó que «no quiere saber nada de minería dentro de su territorio y exige que se derogue» la reforma del código.
El presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Minerales y Derechos de los Ngobe Buglé, Rogelio Montezuma, informó que las protestas se realizarán por tres días seguidos.
Las marchas se realizan en Chiriquí, Veraguas y Panamá. Además en Colón, grupos de apoyo a los indígenas también se manifestaron en contra de la ley minera.
La jornada transcurre en medio de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 8, aprobada el 11 de este mes que reformó el Código de Recursos Minerales, presentada la víspera por el abogado Rogelio Cruz.
El abogado alegó que ese recurso obedece a que dicha legislación permite que los «gobiernos extranjeros constituyan un nuevo enclave colonial en Panamá, lo que no es permitido según las leyes panameñas”.
Por tal razón, esa situación viola lo que dicta la Constitución de la República.
teleSUR-Efe-Prensa Latina-El Pueblo en Línea