Agencias
Madrid. – La Fiscalía General del Estado se negó a investigar sobre la apropiación de niños durante la dictadura franquista (1939-1975) y los primeros años del regreso de la democracia a España, y rechazó así la denuncia presentada por una asociación que estima en 30.000 los casos de menores de edad robados en España.
La institución argumentó que su decisión tuvo que ver con que los responsables de las sustracciones de niños actuaban en distintos puntos de España, por lo que pidió a la Asociación Nacional por Adopciones Irregulares (Anadir) que presente la denuncia en cada institución judicial de las localidades donde se produjeron esos delitos.
Anadir presentó el pasado jueves ante la Fiscalía General del Estado una denuncia que incluía unos 261 casos de «niños robados», con el objetivo de que se abriera una indagación a nivel nacional sobre la sustracción de bebés en clínicas de toda España entre los años ’40 y ’80.
También Anadir pretendía la creación de un banco de ADN para contrastar muestras de personas que actualmente tienen dudas sobre sus orígenes.
La apropiación de niños en España tuvo un un primer período, en la década de los ’40, cuando a las presas políticas que estaban en las cárceles franquistas se les arrebataban sus hijos para ser dados en adopción, o para que ingresen en centros religiosos o del estado.
A partir de los ’50, ese proceso desemboca en un tráfico de niños con finalidad económica que dura hasta la década de los ’80 en clínicas españolas, donde a los padres se les comunicaba el fallecimiento de sus hijos, aunque ellos eran entregados luego a otras familias previa falsificación de los documentos necesarios.
Según el presidente de Anadir, Antonio Barroso, en la sustracción de bebés estuvieron involucrados «médicos, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del registro civil y personal de los cementerios», mientras muchos de los padres de niños adoptados también fueron engañados.
«Se decía a los padres adoptivos que los bebés eran hijos de familias fallecidas en accidentes de tráfico o bien de madres drogadictas o prostitutas que no los querían», precisó.
No es la primera vez que la justicia española se niega a investigar la trama de los llamados «niños perdidos del franquismo», que se dio a conocer en octubre de 2008, cuando el juez Baltasar Garzón inició una investigación sobre las desapariciones de decenas de miles de personas durante el régimen de Francisco Franco.