Agencias

El Cairo, febrero 13 – Los Hermanos Musulmanes de Egipto pidieron hoy a la junta militar que gobierna el país que aplique las medidas urgentes que fueron pedidas durante la revuelta popular, incluyendo una amnistía y el final de la Ley de Emergencia.

La petición figura en un comunicado dado a conocer por el principal grupo de la oposición de Egipto en respuesta a un mensaje anunciado hoy por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que recibió el poder el viernes pasado, tras la renuncia del presidente Hosni Mubarak, que estuvo en el poder desde 1981.

En ese mensaje castrense, la junta miliar anunció que había disuelto el Parlamento, suspendido la aplicación de la Constitución, fijado un período de seis meses antes de entregar el poder a las autoridades civiles y asumido las tareas legislativas.

Concretamente, los Hermanos Musulmanes piden que se den pasos urgentes y se defina un calendario para la liberación de los detenidos durante las protestas que estallaron el 25 de enero y acabaron con el régimen de Mubarak.

También reclaman una amnistía general para los presos políticos, a partir de resoluciones de tribunales especiales, y el final del «estado de excepción» impuesto con la Ley de Emergencia que entró en vigor en 1981.

Asimismo, piden la formación de un nuevo gobierno que defienda los principios de eficacia y honestidad y esté integrado por figuras aceptadas popularmente, así como llevar a los tribunales a todos los sospechosos de actos de corrupción.

Finalmente, los Hermanos Musulmanes reclaman que se aceleren las pesquisas para dar con los responsables de los tiroteos que sufrieron los manifestantes durante la última revuelta popular, una protesta de casi tres semanas en la que hubo unos 300 muertos y más de 5.000 heridos.

Esas investigaciones deben ampliarse a los crímenes cometidos por la seguridad del Estado durante el régimen anterior, dice el comunicado de la organización islámica, que fue ilegalizada durante la gestión de Mubarak.

Los Hermanos Musulmanes sostienen además que los cambios radicales que deben aplicarse en el país requieren de la participación nacional de todos los sectores, e insisten en la necesidad de aplicar reformas en materia electoral y de libertades públicas.