Toledo compareció al tribunal estadounidense en San Juan acompañado de su abogado José Ramón Acevedo y después de esperar en sala por la audiencia, el juez federal que le citó, José A. Fusté, no estaba «disponible», por lo que sugirió que fueran a la Secretaría, donde ya reposaba una orden de prisión.
«Me vengo a entregar porque no quiero que los federales aparezcan a las 4:00 de la madrugada a echarle gas pimienta a mi familia y a tumbar las puertas de mi casa», advirtió Toledo, quien se negó a pagar una multa de 10 mil dólares impuesta a la ilustre institución. De esta forma se evocó el vil asesinato de Filiberto Ojeda, a quien dejaron morir desangrado en su casa luego de una brutal represión.
El líder de los letrados boricuas fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano federal en el contiguo municipio de Guaynabo, donde podría permanecer hasta el 26 de febrero, cuando está pautada otra audiencia.
El abogado anexionista Aníbal Vega Borges, alcalde de la municipalidad de Toa Baja por el gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP), condenó la acción contra el presidente de los togados.
Igualmente su correligionario Ignacio Rivera, que describió el día como triste para el Colegio de Abogados y para el país.
«Hoy es un día glorioso para el Colegio de Abogados y para Puerto Rico», refutó por su parte el abogado independentista Carlos Gallisá, al resaltar la valentía de Toledo de entregar su libertad para enfrentar el salvajismo de los federales.
Esta acción para destruir a la entidad, dijo, ha unificado a mucha gente, incluidos abogados de distintas ideologías frente a la barbarie de los agentes estadounidenses.
Gallisá reveló la oposición del juez Fusté a que se divulgue el derecho de los abogados a salirse del caso, pues esto beneficia en más de un millón de dólares a dos representantes legales estadounidenses que llevan la «defensa» de los demandantes.
Entre ellos se cuentan Carlos Romero, hijo del ex gobernador puertorriqueño del mismo nombre, Herbert Brown y David Román, quien fuera desaforado por conducta antiética.
«Este es un abuso extremo encarcelar al presidente del Colegio de Abogados por orientar a sus miembros de un caso que está pendiente sobre un delito que, según ellos (los federales), se ha cometido», advirtió.
La letrada Wilma Reverón condenó enérgicamente la acción contra el Colegio de Abogados, al tiempo que exhortó a sus colegas a firmar y remitir el documento en contra del pleito judicial.