Rebelión
La presidenta lo sintetizó a través de esta expresión:»No queremos que vean a la Argentina solamente como una vaca o como productora de granos; la Argentina dio un salto cualitativo en materia de valor agregado», destacó la mandataria, ante los CEOs de empresas turcas, en un encuentro que procuró atraer inversiones de ese país. Mencionó además como ejemplo de empresas nacionales que generan valor a partir de la aplicación de conocimiento e innovación tecnológica a la empresa INVAP[1], que desarrolla y exporta servicios y bienes relacionados con tecnologías nucleares, aeroespaciales, energías alternativas y de aplicaciones a la salud humana.
El 20 de enero de 2010 Cristina en el acto de inauguración de la nueva sede de esta empresa estatal rionegrina, en la ciudad de Bariloche, expresó que «La ciencia, el valor agregado y el retorno de científicos a la Argentina ocupan un primerísimo lugar, estamos muy jugados», dijo en una referencia clara a la repatriación de “materia gris” formada en Argentina en contraposición a la “fuga de cerebros” inducida por los centros de investigación europeos, norteamericanos y japoneses que detentan el 90 % de la I+D y el 85% de las patentes solicitadas[2] en el mundo, según estadísticas suministradas por organismos internacionales en la materia. En su argumentación la Presidenta añadió: «No fue casual que decidiera crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, yo creo profundamente en el valor agregado», agregó Cristina en la idea de destinar recursos e investigación no solo en ciencias básicas sino en ciencias aplicadas e integradas a la industria. «Nos relegaban al lugar de país productor de materias primas y aquí estamos planteando un nuevo modelo de país», dijo nuestra presidenta en aquel evento, intentando promover un modelo en que el conocimiento sea una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, en especial las más vulnerables socialmente.
En 2008 ya se había referido a dar valor agregado a los productos del campo en pleno conflicto con los empresarios agro-ganaderos: exhortó a los productores a generar «mayor valor agregado» y «no concebirse únicamente como rurales, sino convertirse en agroindustriales». La realidad demostro en esa instancia que el poder concentrado de los monopolios alimentarios presionó sobre la sociedad y el parlamento argentino, desestabilizó al gobierno e impulsó el avance de la frontera sojera y el aumento en las ganancias de las multinacionales del agro que estuvieron agazapadas e invisibles durante el “sabotaje alimentario” lanzado al gobierno democrático y popular de Cristina, semanas después de asumir su cargo con el 46% de los votos, sucediendo a Néstor Kirchner.
Cristina llamó en ese momento a aprovechar «esta oportunidad histórica que estamos teniendo» en la economía mundial en la que hay gran demanda mundial de alimentos. Los “voceros del campo” (eufemismo por latifundistas y terratenientes parásitos del campo) argumentaban durante los debates de la recordada normativa “125” – que fijaba más retenciones por exportaciones a los empresarios agroganaderos- que su alta productividad (la del “campo”) si se debía a la utilización de ciencia y tecnología aplicada a los cultivos y no se trataba solamente de plantar un yuyo. La Argentina es el segundo exportador de transgénicos del mundo (en particular soja) después de los Estados Unidos como resultado de la rápida absorción de la tecnología denominada Roundup Ready (RR) –semillas tolerantes al glifosato- nombre comercial del herbicida desarrollado por el pulpo Monsanto que junto a la distribución de la semilla y a la técnica de siembra directa -que utiliza varios herbicidas-, completan el paquete tecnológico. La ciencia y tecnología nacional que vociferaban los agroindustriales fue desarrollada en los países centrales. La agroindustria mundial vendió a los productores paquetes tecnológicos que alimentan las estadísticas de exportación, utilizan los suelos y succionan la riqueza creada en tierra argentina, de la que solo se cobran retenciones a la exportación.
Actualmente casi todas las variedades-eventos de semillas y la tecnología de uso en el mundo pertenecen a transnacionales y solo Monsanto[3] posee dos veces más investigadores en biotecnología que América Latina y el Caribe juntos[4]. Al mismo tiempo, los efectos sociales de la aplicación de ciencia y tecnología transgénica fueron el despoblamiento, las migraciones internas hacia los centros urbanos y la concentración de la propiedad de la tierra con el aún existente trabajo esclavo, impuesto desde hace varias décadas[5]. Las “transnacionales del campo” conforman un mercado monopolizado de la siembra, cosecha, producción, distribución y venta al exterior de los alimentos producidos en territorio argentino que controlan a nivel mundial, operando con los avances científicos-tecnológicos e intentando colonizar ideológicamente a la sociedad con su accionar para doblegar gobiernos.
La batalla ideológica la dan en Argentina con sus socios locales, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, y Federación Agraria, junto al monopolio Clarín y La Nación, sectores de la oposición reaccionaria-conservadora- y la pseudo-izquierda funcional a la derecha. Así el panorama, la preocupación de nuestra presidenta es razonable: la situación actual de las exportaciones en términos cuantitativos de acuerdo a datos generados por el INDEC y publicados para el año 2010 de las exportaciones argentinas son fundamentalmente de origen primario con poca innovación por ciencia y tecnología en productos de origen agrícola[6]. Un dato que no debe escaparse es que la producción de harinas (el ítem de mayor exportación) a partir de la molienda de granos o la producción de biodiesel (una simple reacción química de transesterificación con aceite de semillas y gliceroles) para mezclarlo con gasolina, no le aporta en términos objetivos gran “innovación tecnológica” a la materia prima. La molienda de granos es difícilmente categorizable como ciencia innovadora aplicada. La fácil producción de bio-(agro)-diesel por las transnacionales europeas y estadounidenses en territorio argentino está siendo cuestionada en el propio seno de la sociedad europea por sus efectos directos sobre la salud humana y el medio ambiente, al no ser un combustible ecológicamente seguro[7] que no reduce los gases de efecto invernadero, como se había pregonado desde las petroleras[8]. La ganancia debida al supuesto valor agregado de estos dos productos está asociada al aumento de los precios de los commódities por demanda externa, creación de burbujas o especulación financiera. El traslado del modelo INVAP a la agroindustria es una tarea titánica.
La empresa estatal INVAP es sin lugar a dudas una de las excepciones a seguir al haber reapropiado y acumulado conocimiento para la sociedad de manera colectiva articulado con las universidades y el sistema científico-tecnológico nacional y alejada de los modelos de apropiación basados en el secretismo y las patentes. En palabras del INVAP “se ha convertido en una herramienta para el desarrollo autónomo de la Argentina, que contribuye a la proyección comercial y geopolítica del país ayudando a incrementar las exportaciones no tradicionales de bienes de mayor valor agregado”.
Sin embargo en la actual fase del capitalismo global con el dominio y la concentración de recursos y conocimiento en investigación y desarrollo protegido por el sistema mundial de patentes ofrece una falsa salida basada en la exclusividad tecnológica de pocos poseedores y la exclusión en el acceso al conocimiento para la mayoría de las sociedades. En Argentina y países en desarrollo, la propiedad industrial y los mecanismos de transferencia real de tecnología constituyen un obstáculo en el acceso al conocimiento de productores nacionales no habiéndose profundizado lo suficiente en esta área, existiendo aún normativa de propiedad industrial y transferencia de tecnología creada durante dictaduras militares[9] o gobiernos neoliberales, como sucediera con la recientemente reemplazada “Ley de Medios de la dictadura”.
La maquinaria propagandística activada desde los grandes centros de poder económico, organismos internacionales como OMPI y OMC y las propias oficinas de patentes locales han intentado naturalizar a la propiedad industrial como positiva para los países en desarrollo y mostrar mediante propaganda mundial y colonización cultural que este mecanismo de apropiación privada y de exclusión tecnológica es el factor determinante del progreso de los países a través del avance de la ciencia y la tecnología, hecho que ocurre en los países centrales que dominan el conocimiento que no es transferido al resto (como ocurriera durante la pandemia de la gripe A o como ocurre en el caso de las tecnologías de adaptación y remediación al cambio climático donde las transnacionales pretenden que los Estados financien la transferencia de “tecnologías verdes”). La estructura monopólica-
Notas
[1] http://www.invap.com.ar/
[2] http://www.wipo.int/ipstats/
[3] http://matrizur.org/index.php?
[4] Gasto en ciencia y tecnología en I+D: 1700 millones de dólares equivalentes al 0.52 % del PBI, donde las ciencias agrícolas se llevan un 15.37% del total de la inversión y 12.30 % de investigadores en la disciplina de ciencias agrícolas (investigadores incluye becarios); 5582 solicitudes de patentes se presentaron en la oficina de patentes argentina en 2008 de las cuales 4781 corresponden a empresas transnacionales y 801 a residentes nacionales siendo el porcentaje mundial de publicaciones de investigadores argentinos de 0.55%;1214 patentes otorgadas en 2008 de las cuales 970 son extranjeras y 244 nacionales
[5] http://informeurbano.com.ar/
[6] http://www.scavage.com/trade?
[7] http://www.on24.com.ar/nota.
[8] http://www.aporrea.org/
[9] http://www.sapi.gob.ve/index.
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