Sin duda el principal acontecimiento de los últimos meses ha sido la emergencia por lluvias desatada por las inundaciones de finales de 2010, que dejó decenas de víctimas mortales y unos 130.000 damnificados. La intervención del gobierno bolivariano fue enérgica y eficaz, e impidió que se repitiesen en Venezuela las trágicas pérdidas acaecidas en la vecina república de Colombia. No obstante la emergencia por lluvias puso de manifiesto el drama detrás del “déficit habitacional” venezolano que, lejos de subsanarse durante la última década, ha aumentado hasta los dos millones de hogares.
La concentración de infraviviendas (“ranchos” o “cerros”) resulta especialmente preocupante en la zona de la gran Caracas, donde el hacinamiento humano genera innumerables problemas de viabilidad, inseguridad, acumulación de basuras y amenaza con colapsar los sistemas de transporte público pese a las importantes inversiones que se han realizado en los últimos años. Las medidas que de momento está tomando el gobierno bolivariano para atajar el grave problema de la vivienda resultan de naturaleza parcial (expropiación de terrenos urbanos ociosos, proyectos para la construcción de 150.000 viviendas durante 2011 con la ayuda de empresas de construcción extranjeras…) y no van al fondo del problema; la necesidad de descongestionar la región central mediante el desarrollo de proyectos productivos y habitacionales en el resto del vasto y escasamente poblado país. Una primera y muy necesaria medida en este sentido seria la de descentralizar toda una serie de instituciones estatales actualmente residentes en Caracas.
Después que las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre arrojasen una exigua mayoría simple de votos para los candidatos del PSUV y sus aliados, la reacción de Chávez fue la de “radicalizar” el discurso oficial con el fin de acallar las voces criticas que pudieran surgir de entre sus filas. Una de tales medidas radicales fue la elección de Fernando Soto Rojas, un exguerrillero e izquierdista de larga trayectoria, como presidente de la nueva Asamblea Nacional. Indudablemente Soto Rojas y su equipo sabrán contestar adecuadamente a la demagogia de los diputados opositores en la Asamblea Nacional, pero lo que se espera de ellos es la elaboración de toda una serie de leyes progresistas que permitan mantener a Venezuela a la vanguardia de los procesos de cambio en el continente.
Especialmente necesario es la derogación y substitución de los elementos de legislación reaccionaria que inexplicablemente todavía subsisten en Venezuela 12 años después de iniciado el proceso bolivariano. Hablamos de la renovación de la ley orgánica del trabajo (LOT) heredada de la IV República, la despenalización del aborto o el reconocimiento de los derechos civiles al colectivo LGBT, entre otras.
Otro signo de radicalización parece ser la aceleración de las expropiaciones de empresas por parte del gobierno bolivariano durante los últimos meses de 2010 (sobre todo en el sector petroquímico y agroalimentario). No obstante estas nuevas expropiaciones han seguido el curso habitual en los últimos años; tanto por su carácter parcial (se expropian empresas individuales y no sectores económicos, lo que facilitaría enormemente al estado una planificación al margen del mercado) como por el pago de indemnizaciones a precio de mercado. En cualquier caso, el punto central en las industrias estatales venezolanas es la implementación de un verdadero control obrero sobre las mismas, pues sólo de este modo las nacionalizaciones empezaran a adquirir un verdadero carácter anticapitalista.
No obstante, la realidad es que el gobierno bolivariano ha emprendido un curso conciliador tratando de evitar aquellas medidas impopulares que pudieran provocar un conflicto con uno u otro sector social. De otro modo no puede entenderse la retirada por parte de Chávez de la anunciada subida del IVA (motivado quizás por los efectos del “Gasolinazo” de Evo Morales en Bolivia), o el veto de Chávez a la nueva ley de universidades (que en la medida que iba a democratizar el acceso y el gobierno universitario sin duda encontraría en su aplicación una enconada resistencia por parte de las élite académicas vinculadas a la burguesía). También en esta línea debe de entenderse la oferta de Chávez de recortar el tiempo de la ley habilitante y devolverla al parlamento para el 1º de mayo (esta oferta parece que no se va a concretar, y es probable que la ley habilitante que concede poderes legislativos especiales al presidente de la República se prolongue durante los 18 meses inicialmente previstos. Este episodio, no obstante, ejemplifica el carácter sumamente discrecional con el que Chávez ejerce el poder).
Por cierto que Chávez no consideró adecuado vetar otras muchas leyes que la saliente Asamblea Nacional aprobó con cierta urgencia durante los últimos meses del 2010 antes de que la llegada de los diputados opositores terminase con el virtual monopolio legislativo con el que el oficialismo había contado durante cinco años. Esto incluye diversas leyes para fortalecer los controles gubernamentales sobre los contenidos de Internet o el financiamiento de organizaciones políticas y sociales o una ley anti-transfuguismo ideada específicamente para perseguir la disidencia en el grupo parlamentario del PSUV.
Venezuela cerró 2010 con una situación económica nada halagüeña, combinando una caída del PIB junto con una elevadísima tasa de inflación (27,1%). La vasta red de subsidios y servicios sociales levantada por el gobierno bolivariano (un logro de gran envergadura para un país de la periferia capitalista) resulta cada vez más costosa de mantener, toda vez que el modelo de desarrollo implementado en esta última década (basado en la extracción de hidrocarburos, la diversificación de las relaciones comerciales en el marco del mercado capitalista mundial y un proyecto desarrollista ligado a la constitución de empresas mixtas con potencias extranjeras) no termina de impulsar el tejido productivo del país, tremendamente dependiente de las importaciones.
A resultas de todo ello el Estado venezolano presenta ciertos problemas de liquidez, lo cual explicaría la drástica devaluación del bolívar a principios de 2010, consolidada a principios de 2011 con la subida del tipo de cambio para alimentos y medicinas a 4,3 bolívares por dólar. Si a esto unimos el diseño de un presupuesto orgánicamente deficitario (basado en un precio del barril de petróleo de tan sólo 40$) que exige de la aprobación constante de “créditos adicionales” para el pago de todo tipo de gastos ordinarios (como los salarios de los empleados públicos) se dan casos bastante generalizados de parálisis en el funcionamiento de las instituciones venezolanas (tanto a nivel nacional, como en los estados y municipios).
Es un lugar común de la propaganda oficialista comparar las estadísticas actuales con las de la IV República para justificar los logros del gobierno; y es obvio que el fuerte desarrollo económico y social de esta última década contrasta vivamente con la catástrofe neoliberal de los años 90. Pero un proyecto político que pretende (re)construir la unidad latinoamericana al tiempo que se emancipa del yugo imperialista y avanza hacia “el socialismo del siglo XXI” no debería mirarse en el espejo las cifras del corrupto, servil e ineficaz estado cuarto republicano, sino más bien en el de las crecientes necesidades sociales del pueblo trabajador venezolano, que gracias al propio proceso bolivariano son hoy mucho mayores que en el año 1998.
De cara al futuro, el conjunto de la vida política venezolana parece encararse hacia las elecciones presidenciales del año 2012. Con esta perspectiva va a reconstituirse el Polo Patriótico a lo largo del presente año: esta podría ser una excelente oportunidad para reactivar las luchas sociales y ampliar la influencia del bloque bolivariano a nuevos sectores sociales, o por el contrario convertirse en una excusa organizativa para seguir dispersando a las bases revolucionarias y afianzar el dominio de la burocracia en nuevas esferas. El objetivo declarado parece ser la salvaguarda y renovación del liderazgo de Chávez, pero este no puede convertirse en un fin en si mismo, a riesgo de vaciar de contenido el proceso bolivariano.