Radicado en Paraguay, a contrapelo de las reglas migratorias bolivianas, desde el 22 de diciembre último, Cossío se dijo “perseguido político” del gobierno del presidente boliviano Evo Morales.
Su versión, parece, caló hondo en las autoridades del Ejecutivo y Legislativo paraguayos.
Los 7 miembros de la Conare con derecho a voto y voz apoyaron unánimemente la concesión del refugio a Cossío, confirmó Zulma Gómez, representante del Senado paraguayo en la Comisión.
Cossío, que a fines de diciembre anterior pidió refugio en Paraguay, luego de huir de Bolivia apenas la Asamblea Legislativa Departamental de su región, Tarija, lo suspendió del cargo para que enfrente desde el llano una denuncia por corrupción pública, ha recibido el apoyo del mismo vicepresidente de Paraguay, Federico Franco, y de Carlos Amarilla, gobernador del Departamento Central, cuya capital es Asunción.
Franco, que sostuvo una escaramuza verbal con su par boliviano Alvaro García Linera, dijo que la vida del suspendido gobernador de Tarija “corría riesgo” en Bolivia.
Lo mismo que Franco miembro del Partido Liberal Auténtico, por fuerza de eterno opositor al Partido Colorado (que gobernó Paraguay ininterrumpidamente durante 60 años), aliado del presidente Fernando Lugo, Amarilla ha criticado la institucionalidad en Bolivia y ha declarado a Cossío ‘ciudadano ilustre’ de su gobernación.
La concesión de este beneficio, aún provisorio, amenaza a las relaciones boliviano paraguayas, según observadores bolivianos.
Los presidentes de Bolivia y Paraguay coincidieron, por separado, que la otorgación de refugio a Cossío no dañará el estado de la relación bilateral y, menos aún, la amistad entre Morales y Lugo.
La Conare refugió a Cossío, pese a las gestiones desplegadas por la ministra anticorrupción de Bolivia, Nardy Suxo, que se pasó varios días y por diversos despachos paraguayos explicando que el gobernador suspendido incurrió en actos de corrupción demostrables y que no era, precisamente, un perseguido político en Bolivia.
La decisión de la Conare, previsible según autoridades bolivianas, se registra poco menos de cinco años después que Asunción, durante el gobierno del conservador Nicanor Duarte, y La Paz, en el comienzo del primer gobierno de Evo Morales, se enfrascaran en una pugna diplomática por los paraguayos Angel Acosta Centurion y Blas Franco.
La Conare boliviana concedió “asilo político” a ambos paraguayos acusados de participar en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo, Raúl Cubas Grau, entre septiembre de 2004 y febrero de 2005.
Costa y Franco, a quienes finalmente se les revocó el status de refugiados en Bolivia, huyeron del país andino amazónico.
Cossío tiene 27 procesos por supuestas irregularidades en su primera gestión, entre 2006 y 2009, y fue imputado por la justicia por la pérdida de 1.339 millones de bolivianos (190 millones de dólares) por un error administrativo, en favor de una empresa de construcción privada.
Ex presidente de la Cámara de Diputados en el período 2002-2005, Cossío, electo prefecto de Tarija en diciembre de 2005 y reelecto primer gobernador autónomo de ese departamento del sur boliviano, en las elecciones subnacionales de abril pasado, debería asumir defensa de los cargos levantados en su contra en los estrados de justicia ordinaria.
Sólo en caso que la justicia ordinaria, fundada en la recentísima Ley de Autonomías, encontrara culpable a Cossío y los sentenciara, sólo entonces perderá definitivamente su mandato.
Cossío administró en el último lustro más de un billón de dólares que su región, que entraña el 80% de las reservas bolivianas de gas natural, a su vez las segundas más importantes de Sudamérica, ingresó por impuestos y regalías (royalties) provenientes de las ventas de hidrocarburos.
Cossío se alineó en el opositor bloque de prefectos derechistas que en 2008 intentó un quiebre institucional en Bolivia que comenzaba con el derrocamiento de Morales.
La intentona en la que se coludieron empresarios y políticos de la derecha radical boliviana, fue anulada en el vientre luego que países sudamericanos, entre ellos Paraguay, advirtieron que la comunidad regional no habría de reconocer otro régimen que no sea el de Morales, gestado en las urnas.