Se trata, en palabras de algunos responsables de las partes implicadas, de alcanzar acuerdos puntuales antes del próximo día 28 «que no se van a escenificar», sobre los temas menos conflictivos, como las políticas activas de empleo, formación profesional o seguridad e higiene. Mientras, las grades decisiones sobre el sistema de pensiones se resolverán en la posterior tramitación parlamentaria del proyecto de ley correspondiente. Máxime cuando el Gobierno ha admitido ya en la mesa de negociación que el articulado del proyecto puede ser modificado en su paso por las cámaras legislativas.
Una decisión ésta que, en principio, están dispuestos a aceptar los sindicatos, que parecen renunciar a las posturas maximalistas del principio, y que paralizarían la convocatoria de una huelga general, dando así un respiro al Gobierno de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
Es más, en medios sindicales se comenta que tanto CCOO como UGT estarían dispuestos a asumir el texto final de la reforma si sale del Parlamento con el respaldo de una amplia mayoría.
Consensuar con el PP
En esta línea, las dos centrales mayoritarias han exigido al Gobierno la incorporación inmediata de la patronal CEOE a la mesa de negociaciones y la apertura de diálogo con todas las fuerzas políticas parlamentarias y, especialmente, con el Partido Popular.
El propio secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, aseguró ayer que no contempla un acuerdo en materia de pensiones en el que no esté el PP y emplazó al presidente Rodríguez Zapatero a que se deje de declaraciones «grandilocuentes» y llame a Mariano Rajoy, para que su partido se sienta «cómodo» en ese gran acuerdo que se ha de construir.
Los dirigentes de CCOO son conscientes de que los populares se alinean con el bando sindical en su rechazo a prolongar la vida laboral de forma obligatoria y que, además, si se produce el vuelco electoral que aventuran las encuestas será un Gobierno del PP el encargado de desarrollar y poner en práctica la reforma laboral y la de las pensiones.
A este respecto, portavoces autorizados del Partido Popular confirmaban también ayer a elEconomista que los populares «hemos estado siempre con el Pacto de Toledo» y, por ello, sólo aceptarían elevar a los 67 años la edad legal de jubilación «si se hace de forma voluntaria e incentivada», mediante beneficios fiscales.
Desde el PP se exige también que «se equipare la edad real de jubilación, actualmente en 63 años, a la edad legal de 65 años», lo que probablemente evitaría subir hasta los 67, sobre todo si se acompaña de medidas complementarias que, entre otras, limiten al máximo las jubilaciones anticipadas.
Por su parte el Gobierno ha declarado ya su intención de incorporar a CEOE y abrir el debate a temas como la negociación colectiva o la reforma laboral, además de convocar también los grupos políticos para buscar su visto bueno tras el desacuerdo del Pacto de Toledo.