Las denuncias sobre actos de corrupción en el manejo de los recursos asignados a las tareas de reconstrucción posteriores al terremoto de febrero pasado en Chile, reabrieron ayer una polémica en la que las Fuerzas Armadas aparecen implicadas en la dádiva de favores y el pago de millonarios sobreprecios. El propio ministro de Defensa, Jaime Ravinet, terció para defender a los militares y presentó un escrito en el que le pidió al Consejo para la Transparencia (CPLT) que los exima de revelar los criterios usados en la compra de un puente de emergencia, cuyo valor superó en 2 millones de dólares a la oferta menor.
El nuevo escenario surgió después de que la multinacional británica Mabey Bridge denunciara “irregularidades” en la compra del puente, y se suma a otra en la que se dijo que había existido un voluminoso sobrepago por la construcción de miles de viviendas precarias. Según la empresa, su oferta era 2 millones de dólares más baja que la de la estadounidense Acrow Corporation, a la que finalmente se le adjudicó la obra, pese a que en su oferta tampoco contemplaba la financiación de la mano de obra.
Ravinet, un ex asesor de los gobiernos de la Concertación Democrática (1990-2010), no negó los hechos, pero advirtió sobre los “riesgos” de investigar las denuncias. En línea con el pensamiento de los altos mandos señaló en su escrito a la CPLT que, “a futuro, las Fuerzas Armadas serán renuentes a prestar colaboración a las autoridades civiles ante cualquier catástrofe de la naturaleza”. El funcionario dijo que una investigación podría acabar con el secreto militar en Chile, país que en las dos últimas décadas gastó 10 mil millones de dólares en equipamiento militar.
Horas después de conocido el texto, y en medio de fuertes críticas, Ravinet cuestionó la filtración de su nota al CPLT y precisó sus declaraciones: “Quiero reiterar y aclarar que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y disciplinadas al Ejecutivo. Siempre que la autoridad lo solicite estarán dispuestas a ayudar.” Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Defensa, José Arturo Gómez, calificó los dichos de Ravinet como un “grave error”. Según el gobierno, las catástrofes de febrero (un terremoto seguido de un tsunami) dañaron 1000 escuelas y 80 hospitales y dejaron sin casa a 200 mil familias.
A comienzos de semana el presidente Sebastián Piñera había enfrentado otro escándalo ligado a las labores de la reconstrucción, en ese caso por el sobrepago por la construcción de las viviendas de emergencia para los damnificados. La Concertación Democrática se valió de un informe de la Contraloría –órgano fiscalizador del Estado–, que calificó los hechos como “sumamente graves” y le pidió al gobierno que actuara de inmediato y con mano dura. “No basta con que se releve a los implicados de los hechos, sino que también deben responder penalmente”, dijo el presidente del Senado, Jorge Pizarro.