La decisión aún no ha sido tomada. Pero la relación entre el Estado argentino y la compañía Edesur está pasando por su peor momento desde agosto de 1992, fecha en que la compañía se hizo cargo de la prestación del servicio de distribución eléctrica de los hogares de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. La gota que rebalsó el vaso fue el último corte de luz que dejó a oscuras a miles de argentinos entre el 24 y el 30 de diciembre. Aunque también estuvieron involucradas Edenor y Edelap, (de capitales norteamericanos) los primeros análisis del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) permitieron conocer que Edesur fue la responsable del 70% de los cortes de suministros de energía. Ayer, el ministro de Planificación, Julio De Vido, un hombre que suele ser muy medido con sus palabras, estalló e hizo declaraciones públicas a través de tres radio porteñas.
De Vido reconoció entonces que el gobierno comenzó a revisar detenidamente la relación contractual existente con la distribuidora con el propósito de determinar si existen “causales de rescisión” debido a los problemas que padecieron sus usuarios la semana anterior por los cortes de luz. Edesur tiene más de 2,3 millones de clientes distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, en las áreas delimitadas por la Dársena D, la Avenida Pueyrredón, Córdoba, vías del Ferrocarril San Martín, Avenida General San Martín, Zamudio, Tinogasta, Avenida General San Martín, General Paz, Riachuelo y Río de la Plata. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, comprende los populosos partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y San Vicente.
En este marco de preocupación gubernamental, el ENRE inició los procesos destinados a aplicar multas a Edesur, Edenor y Edelap por las interrupciones que se registraron en el servicio con montos que podrían extenderse hasta los $ 70 millones. “El Estado, que somos todos, hace un enorme esfuerzo para subsidiar tarifas de electricidad y gas, ha invertido desde el año 2003 a la fecha $ 50 mil millones en la construción de nuevas centrales, tenemos generación y transporte (de energía) de sobra y no podemos someter a la gente a situaciones como ésta”, afirmó el ministro.
De Vido criticó la “mala gestión” demostrada por la compañía Edesur durante los inconvenientes, debido a que los ejecutivos de la compañía –en su mayoría italianos , ya que el accionista mayoritario de la distribuidora es Enel– no se encontraban en el país. En este contexto, el ministro convocó de urgencia a las doce del mediodía al encargado de negocios de la embajada de Italia, Carmelo Barbarello, a quien le transmitió la preocupación del gobierno por “la desidia, falta de conducción y el abandono de gestión” que se produjo durante esos días por parte de la empresa italiana Enel, que es la principal accionista de Edesur.
“Vamos a hacer una revisión muy fuerte en el caso de Edesur, en la relación contractual, para ver si hay causales para la rescisión. No digo que lo vamos a hacer, sino que estamos avanzando en el análisis”, repitió el ministro en varias oportunidades. El funcionario resaltó que en al actualidad “sobra energía” y precisó que en el momento pico de consumo cuando la red demandaba 20.240 megavatios, “había más de 24 mil megavatios disponibles”. Por ello aseguró que “las fallas son de las empresas (distribuidoras) que bajo ningún aspecto son deficitarias. No hay ningún motivo ni razón para haber llegado a los niveles del corte que tuvimos”. “Creemos profundamente en el modelo capitalista, en la participación del capital privado pero tengo que reconocer que allí donde el Estado invirtió, en la generación y transporte de la energía no hubo un sólo problema”, agregó.
Para De Vido, de parte de las empresas distribuidoras “hubo falta de inversiones” y en particular remarcó que en el caso de Edesur, se sumó “falta de gestión de sus cuadros técnicos operativos”. A mediados de la semana pasada, el Ministerio de Planificación Federal instruyó al directorio del ENRE para que inicie un proceso sancionatorio a las distribuidoras eléctricas. La decisión de De Vido de transmitir el malestar del gobierno argentino a las autoridades de Edesur por “la desidia, la falta de conducción y el abandono de gestión que se registró por parte de la empresa italiana Enel” durante los cortes tiene una lectura política. Fuentes del sector señalaron a Tiempo Argentino que el gobierno no tiene un interlocutor válido con Edesur y que el representante de los accionistas en la Argentina, José María Hidalgo, debe consultar cada decisión con Madrid y Roma. Este hecho, que parece menor, tiene un objetivo concreto: que Enel se sienta presionado para resolver esa carencia y si es necesario que le venda acciones a un socio local con poder de decisión, ya que Enel es un gigante internacional, y Edesur en el organigrama representa algo muy menor. También recordaron que la disputa viene de una secuencia que es casi pública: el rechazo al pedido de Edesur de repartir dividendos, la multa de 20 millones por el corte de tres días que se produjo por una falla en Caballito y la resolución del ENRE de septiembre de este año. Con Edenor el gobierno es más tolerante porque los accionistas reinvierten y han demostrado mejor voluntad para resolver los problemas. Sin embargo, en los tres casos, en los fundamentos de las medidas la cartera de Planificación habla de “la falta de mantenimiento del sistema y a la demora en la restitución del servicio”, además de exigir a las empresas que arbitren “los recaudos para evitar la ocurrencia” de nuevos cortes de luz que afecten a los usuarios