El Ministerio de Seguridad pasó a “disponibilidad preventiva” al responsable de Asuntos Internos de la Policía Federal, el comisario general Raúl Timossi, cuya labor en el marco de una investigación interna por un presunto caso de falsificación de gastos con servicios adicionales está bajo la lupa. Se trata de la primera decisión de esta naturaleza que adopta la cartera a cargo de Nilda Garré, quien parece decidida a transparentar a una fuerza fuertemente sospechada de focos de corrupción en distintos estamentos.
Un cabo de la Federal, Fernando Sousa Helguera –quien luego se dedicó a la política denunció que pese a que lo obligaban a firmar recibos por horas extras, nunca cobraba ese dinero que aparecía liquidado como servicios adicionales, como los que se realizan en la custodia de bancos e instituciones privadas y operativos en partidos de fútbol. ¿A dónde iba a parar ese dinero? Según el denunciante, a los bolsillos de un grupo de oficiales de alto rango.
La jueza federal María Servini de Cubría instruyó una causa en la que estableció que entre 1997 y 2003 “los jefes de la División Despacho de la Superintendencia de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina” habrían incurrido “en la retención del dinero percibido por la citada dependencia para el pago de gastos de comida y de recargos de servicio del personal a ella asignado. En particular, se les atribuyó la confección, y posterior recolección de firmas, de las planillas mediante las cuales la División obtenía de la Superintendencia las sumas necesarias para afrontar aquellas erogaciones.
Sin embargo, la jueza tuvo por acreditado, en virtud de los testimonios reunidos, que dichos instrumentos eran “falaces, al adolecer de datos simulados y firmas apócrifas, y que los fondos así obtenidos culminaban siendo, en su mayor porcentaje, sustraídos por los titulares de la dependencia que se fueron sucediendo durante todo ese tiempo”, se lee en la causa a la que accedió Tiempo Argentino.
Están acusados “los jefes de la Superintendencia y de la División Despacho, Víctor De Filippis, Norberto Madrid, Jorge Barcia, Rogelio Montesano, Carlos Gil Alvarengo, Horacio Fernández, Carlos Giménez Kramer y Miguel Ángel Colella”. Todos ellos son candidatos a la “disponibilidad preventiva”, dijo -sin nombrarlos- la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño en declaraciones a Radio América.
El caso de Timossi es diferente. A él le cupo la responsabilidad del sumario interno sobre la conducta de los oficiales de alto rango. Pero en el ministerio sospechan que puso más ahínco en investigar al denunciante que a los denunciados. De hecho, los procesados siguieron en actividad y Sousa Helguera fue pasado a disponibilidad por acusaciones que se revelaron falsas. El ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido concluyó que Sousa Helguera había sido espiado, seguido, fotografiado y grabado, con una indulgencia mucho menor que la que habían recibido los jefes a los que denunció. Pese a que quedó probado que era víctima de imputaciones falaces nunca pudo volver a la fuerza.