Ricardo Ragendorfer
Bajo la violencia desatada en Villa Lugano subyace un complejo tejido político-delictivo
Un simbolismo cargado de futuro. El 27 de febrero de 2007, Mauricio Macri lanzó su campaña electoral para la Jefatura del Gobierno porteño exhibiéndose para las fotos junto a una niña pobre en medio de un basural. Era nada menos que uno de los barrios marginales de Villa Soldati. A tres años y nueve meses de tal escena, su fervor por los desalojos compulsivos desataría en ese mismo arrabal una represión homicida seguida por una explosión racista no menos atroz.
Fue a partir de un operativo conjunto de la Policía Federal y la Metropolitana iniciado durante el anochecer del 7 de diciembre, luego de que el Poder Ejecutivo del PRO consiguiera una orden firmada por la jueza María Cristina Nazar para expulsar del Parque Indoamericano a unas 350 familias que habían tomado de modo pacífico un sector lindante al barrio Los Piletones. Semejante faena concluyó con dos cadáveres: el de Bernardo Salguero, paraguayo, de 22 años, y el de Rosemary Churapuña, boliviana, de 28. También hubo decenas de heridos; entre ellos, un bebé. Tal vez ese martes sea para la liturgia del macrismo la merecida efeméride de su cruzada por el control del espacio público. No por nada, el ministro del área, Diego Santilli, quien se encontraba en la retaguardia de los acontecimientos, expresó su lectura del asunto con las siguientes palabras: “Es un operativo valioso y prolijo; con algún problemita, claro, pero sin incidentes graves”. En aquel momento, los noticieros empezaban a informar sobre las dos muertes.
Recién el jueves, Macri desgranaría en una conferencia de prensa su versión de la masacre. Con un discurso casi hitleriano –avalado luego por cada uno de sus más estrechos colaboradores– responsabilizó de los sangrientos hechos a “los inmigrantes de países limítrofes”.
Ya se sabe que esas palabras propiciarían un pogrom, con unos 100 heridos y otros dos crímenes: el de Juan Castañares Quispe, boliviano, de 38 años, y –ya al caer la noche del viernes– la ejecución del pibe herido que fue arrancado por una horda de una ambulancia del Same, en medio de una aterradora cacería de personas que ofende a la condición humana.
Sin embargo, movileros, opinadores de toda laya y no pocos políticos deslizaban sólo su estupor ante el carácter “espontáneo” de ese enfrentamiento de “pobres contra pobres”. Como si la violentísima irrupción de un ejército de matones sindicales, barrabravas y punteros oscilantes entre el duhaldismo y el PRO fuese absolutamente natural.
Lo cierto es que –tal como adelantó una fuente policial a Miradas al Sur– efectivos de la División de Seguridad Deportiva de la Federal ya se encuentran abocados en la identificación de los barrabravas que participaron en los incidentes. Y que se están librando las correspondientes órdenes de captura. En consecuencia, ahora empezará a salir a la superficie el lado oculto de esta trama político-delictiva.
El terror azul. Ya trascendió que durante el fin de semana un sujeto vinculado al Gobierno porteño incentivaba entre los pobladores de la Villa 20 la toma del Parque Indoamericano. “El que no copa su parcela se queda sin nada”, proclamaba una y otra vez. Se refería a la supuesta entrega de títulos de propiedad sobre esa inexistente urbanización. Horas después, las primeras carpas fueron allí levantadas.
Ahora se sabe que ese tipo no era otro que Miguel Ángel Rodríguez, a quien le gusta que le digan El Comandante. Se trata de un ex convicto –purgó tres años y medio de cárcel por la venta de licencias apócrifas de taxi mientras era director de Tránsito en la gestión de Carlos Grosso–, que llegó a ser funcionario del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Pero tuvo que abdicar al aflorar su pasado por boca del legislador Facundo De Filippo. Entonces se convertiría en hombre de confianza de Esteban Bullrich, cuando éste era ministro de Desarrollo Social. El nexo entre ellos fue su jefa de Gabinete, Karina Leguizamón. Ella es la esposa del legislador del PRO Esteban Pagani, a su vez, un íntimo de su jefe de bancada, Cristian Ritondo. Ahora Rodríguez reporta directamente a él.
Otro incitador de la toma de terrenos –siempre con el señuelo de las escrituras– es Marcelo Chancalay, un garufero de arrabal que en sus años mozos fue boxeador; en la actualidad alterna ciertos negocios asociado al servicio de calle de la Comisaría 52ª con su condición de puntero del PRO en la Villa 20. Y también reporta a Ritondo.
Es que Cristian es un muchacho del barrio. Oriundo de Mataderos, se crió en Villa Lugano, en donde aún hoy conserva un domicilio. Tal vez por tal motivo se mostró muy contrariado con la toma del Indoamericano. Tanto es así que no dudó en escribir en su Twitter: “La Ciudad Autónoma no será territorio liberado para los que violan la ley”. Sucede que su apego al orden –y a sus agentes– no es menor.
Prueba de ello es que, en su gestión como subsecretario del Interior durante el interinato de Eduardo Duhalde, supo cultivar excelentes migas con un selecto grupo de oficiales de la Federal. Entre ellos resaltan los actuales jefes de las seccionales 36ª, 48ª y 52ª, comisarios Emilio Ramón Miragalla, Eduardo Rubén Pereyra y Miguel Ángel Cairolo, cuyas jurisdicciones se extienden entre Villa Lugano y Soldati. Dicho trío, junto con un subcomisario de la Guardia de Infantería, comandaron –en tándem con la Metropolitana– la represión del martes.En cifras, hubo unos 200 efectivos de la Federal y 60 de la Mazorca de Macri.
Una fuente confiable de la causa confirmó a Miradas al Sur que los cartuchos calibre 12 que mataron Salgueiro y Churapuña no fueron disparados con tumberas –como quisieron hacer creer los voceros de ambas fuerzas– sino que salieron de armas policiales. Por tal razón –además de ser pasados a disponibilidad–, están bajo investigación cinco suboficiales, junto con un subcomisario de la Infantería y el propio Pereyra, todos de la Federal. Y en relación con el asesinato de Quispe, hay sospechas sobre los ocupantes de un patrullero de la Metropolitana. Es por ahora difícil saber si esos homicidios fueron premeditados o, simplemente, fruto de un desborde. Pero el hecho de que algunas armas llevaran cartuchos de plomo inclina esa duda hacia la primera posibilidad. Cabría entonces un interrogante: ¿Por orden de quien? Ritondo tal vez lo sepa.
La caldera del diablo. Los hechos de sangre cometidos por las fuerzas de seguridad no son un hecho sorprendente. En cambio, el correlato civil de la matanza del Parque Indoamericano supone una siniestra bisagra en la Historia argentina: es la primera vez desde la Semana Trágica –ocurrida en 1919– que patotas reclutadas entre la sociedad civil se lanzan a la persecución de inmigrantes.
Es cierto que el discurso xenófobo de Macri bastó para que quienes integran “la parte sana” de Lugano se convirtieran en una caricatura del pueblo alemán durante la República del Weimar. No menos cierto es que en sus almas anidan los peores instintos. Pero ellos, vulgares fascistas de entrecasa, son incapaces de consumar con sus propias manos el ejercicio del terror. No así, por caso, quienes frenaron una ambulancia para asesinar a un pibe herido con un tiro en la cara. No así quienes en los incidentes del jueves fueron fotografiados con las armas en la mano.
Al respecto, el ya célebre Julito Capella -el hombre de jogging rojo que empuñaba una pistola -es un caso testigo. Es hijo del masajista de Boca, barrabrava de Huracán y empleado de la obra social del sindicato municipal (Sutecba), en donde custodia a Genaro Trovato, la mano derecha del líder del gremio, Amadeo Genta.
No menos significativa es la presencia de otro pistolero captado por las cámaras (ver foto derecha). Miradas al Sur pudo precisar que se trata de Alejandro Pastore, otro “pesado” de la obra social de Sutecba, quien con su mujer, Noemí Gómez, habita en la Torre 19 A swl complejo de Olivera y Directorio.
De ese edificio, y de otros situados en la avenida Castañares al 4200 y 4300 partieron disparos de grueso calibre sobre los habitantes de la Villa 20.
Tales construcciones fueron financiadas a través del Gobierno de la Ciudad y en su adjudicación no fue ajeno Trovato. Ni la ex directora de la Corporación Buenos Aires Sur, Esther Niti Iglesias. Ambos se dedicaban a ello en la Mutual 25 de Mayo, cuya sede estaba en el noveno piso de la Legislatura.
A la señora Niti se la vio el martes y miércoles reclutando muchachos del gremio para integrar la milicia macrista. En tales menesteres también estaba Eva Ferraro, jefa del CGP 8, quien –junto al delegado Chacho Álvarez–, recibía instrucciones telefónicas del propio Ritondo.
En la tarde del miércoles, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresaba en el acto del Día Internacional de los Derechos Humanos su más absoluto repudio a la xenofobia, en Lugano se iniciaba el más virulento ataque de los falsos “vecinos” contra quienes estaban en el Parque Indoamericano. En total –según calculos de los movileros presentes– eran alrededor de unos 300 matones armados hasta los dientes con pistolas y escopetas de guerra. El eje del mal no había faltado a su cita.
En tanto, Ritondo inmortalizaba sus reflexiones en el Twitter.