El presidente italiano, Silvio Berlusconi, se ha comprometido a continuar la «batalla» para la extradición de Battisti, criticando la negativa del todavía presidente brasileño como «contraria al sentido más elemental de la justicia».
«Es una afrenta a Italia y el gobierno italiano», señaló La Russa. «Es una vergüenza».
Lula, quien entregará su cargo este sábado a la presidenta electa, Dilma Rousseff, rechazó la extradición pedida por Italia y aprobada en noviembre pasado por la corte suprema de Brasil, según informó el canciller Celso Amorim, en una breve declaración a periodistas.
Según explicó Amorim, quien también dejará su cargo mañana sábado, Lula le otorgó a Battisti el estatus de asilado político y se apoyó en una opinión de la Abogacía General de la República, que está a tono con la Constitución, las convenciones internacionales sobre derechos humanos y el tratado de extradición firmado con Italia.
Del Supremo también depende que Battisti sea liberado de la prisión en que se encuentra en Brasilia o que permanezca detenido hasta que la corte se pronuncie definitivamente sobre el asunto.
Italia amenaza con consecuencias políticas
La decisión anunciada por Lula, quien ya había dado indicios de que se pronunciaría en ese sentido, fue rechazada de antemano por Italia, cuyo ministro de Defensa, Ignazio La Russa, aseguró que «no estará exenta de consecuencias» políticas y diplomáticas.
La Russa llegó a decir que estaría dispuesto a promover un boicot contra los productos brasileños, y el Gobierno italiano, en una nota oficial, anunció que se reserva «el derecho a considerar todas las medidas necesarias para obtener el respeto del tratado bilateral de extradición» con Brasil.
Battisti, de 55 años y detenido en una cárcel en Brasilia, fue miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), un brazo de las Brigadas Rojas.
En 1993 fue juzgado en ausencia por un tribunal italiano que lo halló culpable de los asesinatos de dos policías, un joyero y un carnicero, cometidos entre 1977 y 1979.
Apoyo del Partido de los Trabajadores
Cuando fue procesado estaba en Francia, donde había obtenido el estatus de refugiado político, pero huyó en 2004, cuando el Gobierno galo se disponía a revocar esa condición para entregarle a Italia.
Fue capturado en marzo de 2007 en Río de Janeiro mediante una operación conjunta hecha por agentes de Brasil, Italia y Francia.
El Gobierno brasileño le otorgó elestatus de refugiado, lo que llevó a Italia a retirar a su embajador en Brasil durante un mes a modo de protesta.
El estatus de refugiado fue revocado en noviembre del 2008 por el Supremo Tribunal Federal, que además autorizó la extradición del ex activista a Italia, aunque dejó la decisión final en manos del jefe de Estado.
Desde que está en Brasil, ha recibido apoyo de organizaciones políticas de izquierdas, como el Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980 y al que también pertenece la presidenta electa, Dilma Rousseff.