Falta todavía casi un mes para que se cumpla el segundo aniversario de la llegada de Barack Obama al poder, pero el presidente estadounidense ya parece un fantasma que deambula desorientado por los pasillos de la Casa Blanca. El vuelo de Superman Obama fue muy corto, demasiado, o tal vez ni hubo vuelo alguno. Intentó despegar y hacer despegar a su país y mejorar el mundo pero no lo logró. La marca Obama ya no vende. El “yes, we can” se transformó rápidamente en un “no, we can´t”.
Tras la dura derrota electoral que el Partido Demócrata sufrió en noviembre, perdiendo su mayoría en la Cámara de Representantes y manteniéndola por escasísimo margen en el Senado, Obama parece haber terminado por tirar la toalla. Desoyendo a las corrientes de izquierda y centro de su partido, el presidente ha decidido poner, una vez más, su otra mejilla al Partido Republicano.
Uno de los últimos ejemplos de esa actitud dialogante se vio hace pocos días, cuando Obama cedió ante la presión republicana, aceptando un cambio vital en su reforma fiscal, una de sus más importantes promesas electorales. El presidente acordó prorrogar dos años más el recorte en los impuestos a aquellos que ganan más de 250.000 dólares al año, una medida aprobada por George W. Bush y que concluía este año. La reforma incluye una reducción de 120.000 millones de dólares en las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que debilitará aún más a esta institución y que en un plazo no muy lejano puede suponer su privatización total.
Muchos demócratas entienden que esas, y muchas otras concesiones tributarias a los ricos, suponen millones de dólares de aumento en la deuda pública, millones que podrían dedicarse a la creación de empleo. Obama, que ha intentado vender la reforma como un éxito, mostrando sólo aquellos aspectos positivos que indudablemente también tiene, ha tenido una fuerte oposición interna dentro del Partido Demócrata. Prueba de ello es que mientras 139 congresistas demócratas votaron a favor de la reforma y 112 en contra, en las filas republicanas fueron 138 los que votaron a favor, y sólo 36 en contra.
Otra de las promesas electorales estrella de Obama, la reforma sanitaria, sigue perdiendo fuelle. Si ya en el camino hacia su aprobación había sufrido tantos cambios que la descafeinaron e hicieron irreconocible de su idea original, en el plano legal sigue encontrando más y más obstáculos en su camino.
Un juez federal del estado de Virginia ha dejado sin efecto días atrás una parte clave de la reforma sanitaria, al considerarla inconstitucional. Según el juez Henry Hudson “el Gobierno no puede obligar a los ciudadanos a comprar seguros bajo la amenaza de ser sancionados”. Como suele suceder en Estados Unidos, este juez es copropietario de una empresa consultora de los republicanos, Campaign Solutions, de la cual es cliente Sarah Palin, ex candidata a la presidencia y actualmente líder del Tea Party, la corriente ultra del Partido Republicano.
Sarah Palin, al igual que otros sectores republicanos, entre los que se encuentra el propio Eric Cantor, nuevo líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, están promoviendo la llamada Enmienda de Revocación, que, de prosperar en las dos Cámaras, permitiría derogar cualquier ley federal, entre ellas la reforma sanitaria, siempre que cuente con el voto de dos terceras partes de los estados de la Unión. Los republicanos, eufóricos por su reciente triunfo electoral, están dispuestos a redoblar su ofensiva en los dos años de mandato que le quedan a Obama, quien ha perdido totalmente la iniciativa.
Los golpes sufridos por Obama a sus ideas originales de reformas sanitaria y fiscal, se suman a los fracasos en numerosos otros flancos. El presidente no ha logrado hasta ahora apoyos para legalizar a los once millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, otra de sus grandes promesas electorales.
El 11 de enero próximo, se cumplirán nueve años desde la llegada de los primeros prisioneros a Guantánamo y Obama ha fracasado hasta ahora en su propósito de cerrar ese ilegal centro de detención. Ya es un secreto a voces que el Gobierno prepara una ley que le permitiría mantener sin cargos y por tiempo indefinido, a 48 de los 174 prisioneros que aún permanecen allí.
El tema de los derechos humanos no ha conocido avances desde la llegada al poder de Obama. Todavía sigue la Patriot Act (Ley Patriota), que permite al Estado acciones de Gran Hermano sobre sus ciudadanos, sin necesidad de autorización judicial, mientras se considera delito la revelación por parte de organizaciones civiles como Wikileaks de miles y miles de documentos probatorios de los crímenes que sigue cometiendo el Ejército estadounidense en Irak o Afganistán, o de las conspiraciciones, chantaje y espionaje que desarrollan a diario las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo.
Esos documentos demuestran que tanto las fuerzas armadas, como los servicios de Inteligencia y diplomáticos estadounidenses, siguen actuando bajo la Administración Obama como lo hacían con Bush. El gobierno busca ahora la forma de juzgar a la cabeza visible de Wikileaks, Julian Assange, bajo la Ley de Espionaje de 1917, creada por otro presidente demócrata, Woodrow Wilson, para castigar a cualquier ciudadano que se atreviera a criticar públicamente la entrada de Estados Unidos en la I Guerra Mundial.
En su discurso navideño Obama pudo apenas mostrar dos logros reales: que gracias al voto de 12 republicanos moderados el Senado votará a favor del nuevo acuerdo de desarme nuclear con Rusia (Start), y la abolición de la ley que prohibía a los militares reconocer su homosexualidad. Obama ha ido perdiendo terreno y todo permite prever que esta tendencia se pronunciará aún más a partir de enero, cuando las dos cámaras reflejen la nueva relación de fuerzas parlamentaria y los republicanos la usen para boicotear toda iniciativa del Gobierno, con la vista puesta en las elecciones presidenciales de noviembre de 2012.
El huracán Obama ha perdido potencia y se ha quedado en una simple brisa.
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