«El hecho de salir del Senado me pone en una condición de mayor riesgo y vulnerabilidad», señaló.
«Yo sí estoy segura que hay gente de muy alto nivel, reitero que no es de este Gobierno, que puede venir del anterior, que tenga mucho interés es que a mí me maten», dijo Córdoba.
La ex legisladora exigió, durante una reunión con funcionarios responsables de brindar seguridad a personas amenazadas, el reforzamiento de sus escoltas.
Recordó, asimismo, que hay medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenan al Gobierno colombiano ese refuerzo.
Sin embargo, consideró también que los temores que tenía en el Gobierno de Álvaro Uribe han cesado porque «aunque en el actual Gobierno hay personas que quedaron y siguen haciendo espionaje, no hay una directriz de la Presidencia o del Ministerio del Interior».
El miércoles, el Senado hizo efectiva la decisión de la Procuraduría General de destituir e inhabilitar a la congresista por haber mantenido una supuesta colaboración con las Farc.
La sanción, que se derivó de un proceso disciplinario, fue formalizada en Bogotá por el presidente del Senado, el oficialista Armando Benedetti, quien la víspera había puesto el caso en consideración de un pleno de su corporación legislativa.
Por un fallo adoptado el pasado 27 de septiembre y confirmado un mes después, el 27 de octubre, el procurador Ordóñez destituyó a Córdoba y la inhabilitó por 18 años para el ejercicio de cargos públicos.
El proceso disciplinario que acabó con la vida política de Córdoba partió de unos supuestos correos electrónicos que, al parecer, relacionan a la ahora ex congresista con las Farc. Los archivos fueron encontrados supuestamente en computadores decomisados al segundo al mando en las Farc ‘Raúl Reyes’, muerto en marzo de 2008.
Piedad Córdoba ha rechazado que haya colaborado o promovido a este grupo rebelde, como lo sostuvo Ordóñez en su decisión, y defendió que sus gestiones ante los rebeldes han sido humanitarias (para la puesta en libertad de rehenes) y de búsqueda de la paz.