Molinos Río de La Plata es la principal trianguladora del país.” La frase, dicha por una fuente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a Miradas al Sur, se inscribe en la ofensiva lanzada por el Gobierno para detectar maniobras de evasión y elusión fiscal. La misma fuente precisó que la empresa, propiedad de la familia Pérez Companc, “exportó a Uruguay por unos u$s 1.000 millones durante 2009”. En el organismo que conduce Ricardo Echegaray aseguran que son las sociedades radicadas en las zonas francas de Uruguay, pero controladas por sus matrices desde la Ciudad de Buenos Aires, las que despiertan las mayores sospechas. Las dudas de los sabuesos son, en principio, las mismas que dispararon las inspecciones en Bunge Argentina S.A. y Cargill S.A., y que desembocaron en sendas denuncias por el presunto delito de evasión.
“Al igual que en otros casos, ya les requerimos información y estamos a la espera”, confió la fuente con relación a Molinos Río de La Plata S.A. La empresa, adquirida por Gregorio Pérez Companc a Bunge & Born en 1999 por unos u$s 400 millones es la joya del holding familiar e integra el top ten de las mayores exportadoras del país con un monto que alcanzó los u$s 1.400 millones el año pasado. En rigor, la información requerida apunta a invertir la carga de la prueba para que sean las propias empresas que integran el club de las cerealeras las que demuestren que las sociedades vinculadas o sus controladas en el exterior tienen “riesgos y funciones”. En buen criollo: que no son pantallas destinadas a eludir al fisco.

Radiografía de un grupo. Creada en enero de 2001, cuando se derrumbaba la convertibilidad y arreciaba la fuga de capitales, PCA International S.A. es una de las firmas constituidas en Uruguay que controla en su totalidad la familia Pérez Companc mediante Molinos Río de la Plata. Con domicilio legal en la zona franca de Montevideo, su actividad declarada es la comercialización y venta de soja, aceite de soja y sus subproductos; pero también el financiamiento de otras empresas del grupo. Una sociedad de características similares es Molinos International S.A. Fundada a mediados de 2005, la firma es controlada desde la sede del holding, en la localidad bonaerense de Victoria. Con domicilio fiscal en la misma zona franca que PCA International, su objetivo es el comercio internacional.
Nacido como naviera durante el primer gobierno de Perón y dedicado al negocio petrolero durante la presidencia de Frondizi, el grupo cobró vuelo como contratista del Estado en la década del setenta hasta conformar un conglomerado de medio centenar de firmas a fines de la dictadura. Su expansión no se detuvo hasta que alcanzó, privatizaciones mediante, una presencia que ningún otro holding local logró. Hacia mediados del menemismo comenzó a modificar sus inversiones para concentrarse en el sector energético y de las telecomunicaciones, áreas que abandonó con el boom agropecuario. La compra de Molinos Río de la Plata constituyó el golpe de timón.
Consecuencia del rumbo que decidió Gregorio Pérez Companc antes de entregar el timón a sus hijos (Ver: “Una cesión oportuna”) son algunas de las sociedades que el grupo tiene repartidas en distintos países. Una de esas firmas es Molinos Ríos de la Plata Holding S.A. Nacida en 2003, la compañía realiza inversiones en Chile y presta servicios a empresas constituidas en el extranjero desde el barrio Los Condes de la capital trasandina. Otra empresa que integra el conglomerado es Molinos do Brasil Comercial e Industrial Ltda. Establecida en San Pablo a fines de 2007, su objetivo es la importación y exportación de alimentos. El capital accionario pertenece en un 99,90% a Molinos Río de la Plata S.A. y el resto a Molinos International.
Quienes conocen el grupo afirman que menos claro es el objetivo de Molinos Overseas S.A., otra sociedad uruguaya relacionada con el grupo y que mantiene contratos de suministro internacional de mercaderías con Molinos Río de la Plata. La firma, en forma conjunta con Molinos Uruguay S.A., repartió el año pasado dividendos provisorios por unos u$s 15 millones entre los accionistas de la chilena Molinos Río de la Plata Holding, operación exenta de tributación en el país trasandino por tratarse de rentas provenientes de una fuente extranjera.
Durante los últimos años, Molinos Río de la Plata compró varias empresas. Dos de esas adquisiciones son Virgilio Manera Sacifi y el Grupo Estrella S.A. –por unos u$s 50 millones–. En 2008 pagó u$s 12,5 millones a la chilena Comercial Carrozi S.A para quedarse con casi el 50% del paquete accionario de Bonafide Golosinas S.A., convertida hoy en Compañía Alimenticia Los Andes S.A. En la actualidad, las apuestas del grupo incluyen, además de sus inversiones a nivel regional, una cerealera en Ucrania, las bodegas Nieto Senetiner, la agropecuaria Goyaiké, establecimientos ganaderos en Chile y el frigorífico Friosa, que el grupo compró en 2006 por u$s 70 millones.
Párrafo aparte merece Molinos USA Corp. Sus objetivos son más amplios que los declarados por el resto de las firmas que integran el conglomerado. En realidad, son casi infinitos. Con domicilio en la Suite 510 del 1110 de Brickell Avenue, en Miami, su actividad declarada es “cualquier negocio lícito permitido bajo las leyes de Estados Unidos y la ley de sociedades de Florida”. Al igual que el resto es controlada en su totalidad desde el cuartel general de Victoria. Su presidente es Cristóbal Prat Gay, hermano de Alfonso, el hombre elegido por Elisa Carrió para operar en el terreno económico.

“Gruesas diferencias”. La decisión del Gobierno de auditar a fondo a las cerealeras disparó la alarma entre los directivos del sector, dominado por un puñado de compañías que monopolizan las exportaciones de granos, soja y sus derivados. “Entraron en pánico”, aseguran en la Afip. Quienes conocen la operatoria comercial de las firmas aseguran que los casos de Bunge Argentina y Cargill serían la punta de un iceberg que podría oculta maniobras de evasión y elusión. Para graficar la sospecha explican que existirían “gruesas diferencias” entre los precios de venta declarados y los efectivamente pagados por los compradores.
El acento está puesto en empresas que tienen sociedades controladas en las zonas francas de Uruguay. Aunque el país no califica como paraíso fiscal, su sistema financiero alentó triangulaciones off-shore por u$s 8.000 millones durante el año pasado. La mitad corresponde al rubro “aceites y cereales”. No es el único caso. En 2009 se concretaron exportaciones a Suiza por u$s 4.300 millones, pero sólo arribaron bienes por u$s 1.500 millones.
Las sospechas se sustentan, además, en otras muchas triangulaciones, como las realizadas vía Barbados y las Islas Caimán. Al primero de los paraísos se realizaron ventas de combustibles y minerales por u$s 870 millones y sólo llegaron productos por u$s 3 millones. En el segundo caso, las ventas totalizaron –en concepto de pesca, maní y combustibles– u$s 700 millones, pero apenas arribaron mercaderías por u$s 41 millones.
Más allá de las complejidades del comercio internacional, la reiteración de las maniobras y los montos revelerían que el objetivo es reducir al mínimo el pago de las retenciones y del impuesto a las ganancias, dejando las utilidades en cabeza de las filiales radicadas en zonas de baja o nula tributación. Entre las cerealeras que están en la mira se destacan –además de las mencionadas– Dreyfus, Nidera –propiedad de la familia argentino-holandesa Mayer Wof–, ADM –con base en Illinois, Estados Unidos–, Vicentin, Aceitera General Deheza –del ex senador Roberto Urquía– y la Asociación de Cooperativas Argentinas –vinculada a Coninagro–.
En los hechos, todas esas firmas multiplicaron sus ingresos con la salida de la convertibilidad y el auge de los commodities. Las estadísticas oficiales, al igual que los relevamientos privados, señalan que el sector duplicó su capacidad de molienda en una década. Las inversiones realizadas, gracias a las utilidades y las excelentes perspectivas del negocio, son evidentes en la costa del río Paraná, entre Timbúes y Villa Constitución, zona que alberga el polo oleaginoso y los puertos privados de muchas cerealeras que integran la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales.
Modus operandi. Ya en 2008, la Afip puso la lupa en las triangulaciones que hacían escala en los paraísos fiscales. Las empresas cuestionadas fueron Cargill, Dreyfus y Toepfer –controlada por ADM–. La maniobra también la practican otros sectores, pero son especialmente notorias entre las agroexportadoras. “Son difíciles de rastrear por la opacidad de la zonas francas y la negativa de los paraísos a entregar información”, señalan en la Afip. Un veterano del sector lo resumió así: “Una sociedad le vende a una compañía controlada en Uruguay por 100 pesos. Inmediatamente, la filial uruguaya vende al comprador real por un valor superior. De esta forma, la empresa con domicilio fiscal en Argentina evade retenciones, pero también ganancias”.
Sin embargo, la subfacturación no sería el único modus operandi. En el caso Cargill, la Afip denunció que la firma concretaba la mayor parte de sus exportaciones mediante una filial uruguaya que sólo actuaba a los efectos contables y que, a su vez, liquidaba la venta “a un precio menor y en forma maliciosa” a otras empresas vinculadas que, “desde paraísos fiscales, perfeccionaban la operación con el comprador real”. Los hechos determinaron que la Justicia procesara por evasión agravada entre 2000 y 2003 a su ex presidente Héctor Marsili y al gerente de la unidad de negocios en Uruguay, Javier Gustavo Fernández Rockboer.
Los expertos aseguran que las operaciones están extendidas y que las empresas radicadas en el país disminuyen de esa manera la base sobre la que deben tributar ganancias al absorber en sus balances consolidados el quebranto de sus filiales en el exterior. En el caso Bunge, la evasión denunciada alcanzaría los $ 1.200 millones entre los años 2007 y 2009, período en que la firma declaró que no tuvo ganancias. Las sospechas incluyen también los precios de transferencia que se aplican a las exportaciones realizadas por empresas residentes con sus vinculadas en el exterior. Según las normas, la sociedad local debe presentar, bajo declaración jurada, un estudio de precios para demostrar que los valores son coherentes con los de mercado. En otras palabras: que la transacción se realizó a precios equivalentes a los que hubieran pactado dos compañías no vinculadas.
En la Afip no descartan futuras denuncias penales y que los directivos de Bunge Argentina puedan seguir el mismo camino que los de Cargill. Insisten, además, en que muchas de las operaciones comerciales son un simple asiento contable en las oficinas que las cerealeras tienen en las jurisdicciones de baja o nula tributación.

• UNA EXENCIÓN POLÉMICA
“La Fundación Pérez Companc es por su comportamiento, desde el punto de vista tributario, un holding financiero disfrazado. Por esa razón es que no tiene derecho a una exención impositiva”. La frase la disparó Alberto Abad en 2004, cuando se desempeñaba como titular de la Afip. Lo que estaba en juego era la exención del impuesto a las ganancias que beneficiaba a la fundación desde 1988. La resolución firmada por el ex funcionario subrayaba que muchas de los emprendimientos de la fundación, como el zoológico Teimaiken, el Instituto Fleni y la Universidad Austral, recibían ingresos por sus actividades. Es decir: que tenían fines de lucro.

• UNA CESIÓN OPORTUNA
A fines de 2009, Gregorio Pérez Companc, incluido por la revista Forbes entre los 400 hombres más ricos del mundo, concentró su patrimonio en Pérez Companc Family S.A. (PCF), la sociedad controlante de Molinos Ríos de la Plata, nave nodriza del holding cuyo valor asciende a unos $ 3.500 millones. La operación respondió a la decisión de ceder su patrimonio a sus siete hijos, y el timón de los negocios a dos de ellos: Luis y Jorge, presidente y director titular de Molinos, respectivamente. La operación incluyó una segunda jugada: la transferencia del 75% de las acciones de PCF a Santa Margarita S.R.L, firma que preside Carlos Cupi, un histórico del grupo. Santa Margarita tiene sede en Delaware, Estados Unidos, una de las jurisdicciones más opacas del mundo, donde la tributación es mínima y máximo el secreto. La cesión se concretó semanas antes de que Legislatura bonaerense aprobara la última reforma fiscal que aún no se aplicó y que grava con una alícuota del 6% herencias, legados, anticipos de herencias y cualquier otro enriquecimiento patrimonial a título gratuito, incluso los verificados en favor de personas jurídicas, cuando la base imponible supera los $ 10 millones. De haberse aplicado la norma, la movida hubiera traducido en un significado un ahorro para la familia Pérez Companc si se calcula que cada uno de los siete hijos del patriarca recibió en forma individual el 5% de las acciones de Santa Margarita y retuvo, a nivel grupal, el 65% restante. Un cálculo fatigoso que puede hacer el lector.

• AQUÍ ESTÁN, ÉSTOS SON…
Si desde mediados de los setenta la fuga de capitales se alimentó del endeudamiento externo y de la oferta de dólares del Banco Central, el panorama cambió en el último lustro. Entre 2007 y 2009, según una investigación de los economistas Jorge Gaggero, Romina Kupelian y María Agustina Zelada del Cefid-ar, las ventas netas de divisas por parte de la autoridad monetaria al sector privado fueron de tan sólo u$s 1.195 millones, mientras que la fuga alcanzó los u$s 30.000 millones.
¿Dónde se originaron los activos fugados? La respuesta, consigna el trabajo, está en el importante superávit comercial del período. En otras palabras, “el origen de las divisas que emigraron fue el mismo sector privado, que ya no las vendió al Bcra, sino que las fugó”, precisa el informe. Un drenaje que rozó el 80% de los activos generados por el saldo comercial.
¿Quiénes generaron los activos? La respuesta, en este caso, surge de las ventas concretadas por los diferentes sectores de la economía. Los complejos oleaginoso y cerealero –nucleados en la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC)– marchan a la cabeza con operaciones que, en conjunto, alcanzaron los u$s 17.890 millones, un 32% del total de las exportaciones que realizó el país durante 2009.
El documento del Cefid-ar subraya que las secuelas del “éxodo” se traducen en un sacrificio del crecimiento potencial, en impuestos perdidos y en un empeoramiento de la distribución del ingreso. Subfacturación y sobrefacturación de exportaciones e importaciones, operaciones con plazas off-shore y la liquidación en el exterior de títulos comprados en el mercado local –“contado con liqui”, en la jerga de la city– son los mecanismos en juego.
El sector está dominado por pocas empresas. Cargill, con ventas al exterior por u$s 3.500 millones lidera el ranking; seguida por Aceitera General Deheza (u$s 2.200), Vicentín (u$s 1.500), Molinos (u$s 1.400) y Nidera (u$s 900); además de Bunge, Dreyfus, ADM, Glencore, LCD Argentina, Los Grobo Agropecuaria y la Asociación de Cooperativas Argentinas, entre otras pocas sociedades. Un grupo denunciado por pequeños y medianos productores de aplicar tácticas de cartelización para comprar granos y cereales.