“Se está ejecutando un allanamiento en las oficinas de Papel Prensa. Un operativo por parte de efectivos policiales, en Bartolomé Mitre al 700, en pleno centro de la capital Buenos Aires», reportó el corresponsal de teleSUR en Argentina, Edgardo Esteban.
Fuentes indicaron que «el allanamiento se realiza por orden del juez en lo penal económico número cuatro, Alejandro Catania, por malversación y balance falso», informó el periodista.
De acuerdo con el reporte de Esteban, en la orden de allanamiento se solicita el secuestro de la documentación de las oficinas de Papel Prensa.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, solicitó en agosto a la Justicia una investigación sobre la compra irregular de Papel Prensa.
Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, relató en una Asamblea de Accionistas de Papel Prensa S.A. los tormentos físicos y psíquicos a los que fue sometida mientras estuvo secuestrada para que traspasara a los diarios La Nación y a Clarín las acciones de la empresa que había pertenecido a su esposo.
El informe sobre el caso revela que en 1976 los dos diarios (El Clarín y La Nación) se apoderaron de la única empresa de papel periódico de ese país.
Durante la última dictadura militar argentina, los citados rotativos se apropiaron de la empresa Papel Prensa, con presiones y torturas hacia sus antiguos dueños.
Tras la del Gobierno de Fernández, ambos medios negaron haber adquirido la compañía de manera ilegal.
Este martes, el Ejecutivo formalizó la creación de una Unidad Especial de Investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica durante la última dictadura militar (1976-1983).
Unos “604 casos de empresas de diferente tipo y rubro y afectadas por delitos de distinta magnitud” durante la dictadura, serán abordados por la Unidad, según explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén.
“La liquidación, intervención o, directamente, la apropiación”, son algunos de los delitos económicos que se ejecutaron en el periodo irregular, agregó Alén.
La Unidad Especial de Investigación estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, según se publicó el lunes en un Boletín Oficial.