En el lenguaje orweliano manejado por los gobernantes de los EE.UU, la palabra “terrorismo” no cumple una función informativa, sino emotiva: persigue la deshumanización de determinadas personas por la vía de estigmatizarlas con un concepto que suscita emociones negativas. Ser llamado terrorista por el gobierno de EE.UU se puede traducir por: “eres un malvado a quien no reconocemos ninguna clase de dignidad humana y por eso te vamos a hacer lo que queramos”. El penal de Guantánamo, que todavía sigue abierto por cierto, es la consecuencia lógica de todo lo anterior; pero también los desaparecidos en los vuelos de la CIA o las víctimas de la tortura en Abu-Graib (Iraq), en la base de Bagram (Afganistán) y en otros lugares del planeta. Los gobernantes europeos no han llegado tan lejos, pero van por el mismo camino. En los últimos diez años han dictado un sinfín de leyes antiterroristas, que restringen y/o suspenden derechos fundamentales, y han promovido una legislación comunitaria que exige a todos los Estados miembros la persecución y el castigo del terrorismo.
Las miles de personas recluidas en Guantánamo y en las cárceles secretas de la CIA, han sido acusadas de pertenecer a uno de los grupos que el Departamento de Estado considera terroristas en una lista que se puede consultar en www.state.gov/s/ct/list/index.htm. No es la única lista que existe de esas características. La Unión Europea, por ejemplo, tiene otra que se puede consultar en el anexo de la posición común del Consejo de la UE 2006/380/CFSP, de 29 de mayo de 2006.
¿Cómo se elaboran esas listas?, ¿por qué en la lista de EE.UU aparece Hezbolá y en la de la UE no?, ¿por qué se ha incluido a unos grupos y a otros no?, ¿por qué no se incluye a la CIA o al Mossad, por ejemplo? La respuesta es simple: las listas las elaboran los gobiernos e incluyen a unos grupos y excluyen a otros en función de intereses geoestratégicos o de orden público interno. Son el resultado de actos arbitrarios de la rama ejecutiva de los Estados que no han sido objeto de discusión en ningún parlamento.
Últimamente, los gobernantes europeos han dado un paso más. El pasado 16 de abril, el Consejo de la Unión Europea tomó la decisión de ordenar a todas las policías europeas que vigilen a aquellos que difundan “ideas radicales” que pueden incitar a otros a cometer actos terroristas. Lo que sean “ideas radicales que incitan al terrorismo” lo decidirán también de forma arbitraria los gobernantes y sus policías.
Hay que estar ciego para no ver un autoritarismo rampante detrás de este tipo de medidas legales. Impresión que se incrementa al recordar, por un lado, que la “guerra contra el terrorismo” se declaró después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, por el otro, que lo mínimo que se puede decir de ellos, casi diez años después, es que se trata de unos atentados misteriosos porque todavía hay muchos más misterios que certezas sobre el quién, el cómo y el para qué. Si hay alguien que tiene dudas al respecto haría bien en leer el libro 11-S. Las verdades ocultas. Lo acaba de publicar la editorial Akal, que es una editorial seria; su autor es Eric Raynaud, un periodista francés de prestigio, y su contenido es una larga relación de hechos, datos y pruebas que todo el mundo debería conocer.
Nota:
(1) La Vanguardia, 16/8/2007