El presidente de Chile, Sebastián Piñera, calificó hoy de «golpe a la causa de los derechos humanos en Chile» la decisión argentina de conceder refugio político a Sergio Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán.

EFE

Santiago de Chile.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, calificó hoy de «golpe a la causa de los derechos humanos en Chile» la decisión argentina de conceder refugio político a Sergio Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán.

«Es un golpe y significa un retroceso en la causa de los derechos humanos en Chile, en la causa de la Justicia en Chile», dijo el mandatario a los periodistas, en el Palacio de La Moneda.

La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Argentina otorgó este jueves el beneficio de refugio político al ex guerrillero chileno horas después de que Chile advirtiera a Argentina que considera la extradición de Apablaza como un «asunto de Estado» y señalara que no encontraba «explicación razonable alguna» para que se le concediera asilo político.

«Lo normal es que la Justicia chilena hubiera podido terminar de conocer esta causa y aplicar nuestra legislación y las sanciones que corresponden», afirmó Piñera, que aseguró que la decisión de la Conare «no ayuda en nada a las relaciones entre Chile y Argentina».

En el mismo sentido se pronunció el canciller en funciones, Fernando Schmidt, que además anunció que el Gobierno chileno seguirá adelante con sus gestiones para lograr la extradición de Apablaza.

«La República de Chile no claudicará en realizar todos los esfuerzos para esclarecer la verdad y para que los involucrados en estos crímenes enfrenten a la justicia y reciban las penas que corresponden», indicó Schmidt.

El vicecanciller, sin embargo, no precisó qué gestiones hará el Gobierno tras la determinación de la Conare de otorgar el refugio político solicitado por Apablaza.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, Alejandra Sepúlveda, calificó la decisión del Gobierno argentino de «lamentable e inaceptable».

«No es comprensible que en definitiva se nos diga que nuestros tribunales no son objetivos para poder juzgar a Apablaza, lo cual parece ofensivo a nuestro Estado de Derecho y a la Justicia chilena», agregó.

Chile solicita a Argentina la extradición del ex líder de la guerrilla Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) desde el año 2005, a petición de la Corte Suprema, que reclama al ex guerrillero para procesarlo por los delitos de asesinato y secuestro.

El Senado de Chile aprobó por unanimidad este miércoles un texto en respaldo a las acciones emprendidas por el Gobierno de Piñera para conseguir la extradición de Apablaza, que fue entregado este jueves al presidente del Senado argentino y vicepresidente del Gobierno, Julio Cobos, por su homólogo chileno, Jorge Pizarro Soto, que se encuentra en Buenos Aires.

El informe señala que el ex guerrillero se encuentra procesado desde 1992 como autor del homicidio del senador derechista Jaime Guzmán Errázuriz, considerado ideólogo del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), y del secuestro de Cristián Edwards del Río, perpetrados en 1991.

Apunta, además, que «la comparecencia del ciudadano Apablaza ante la Justicia constituye un paso ineludible para esclarecer un crimen que hasta hoy permanece impune».

El Gobierno de Chile presentó además un escrito con argumentación jurídica a la Conare para que negara el asilo político al ex líder de la guerrilla Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que reside en las afueras de Buenos Aires y que solicitó refugio político a Argentina cuando la justicia chilena le reclamó.

Apablaza estuvo detenido ocho meses en 2004 en Buenos Aires, pero fue excarcelado al año siguiente, cuando el juez federal Claudio Bonadío rechazó su extradición a Chile, que luego apeló el fallo a la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal de Argentina autorizó la extradición del ex guerrillero, pero aclaró que esta decisión quedaría anulada si se le concedía asilo político.

Bonadío decidió la semana pasada que el antiguo jefe del FPMR permaneciera en libertad hasta que el Gobierno definiera su solicitud de refugio político.

El caso ha generado controversia en el Gobierno argentino, que por un lado ha recibido presiones de organismos humanitarios para aceptar el asilo político, pero también los reclamos de la oposición para que diera luz verde a la extradición.