Agencias
París. – El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ordenó que se desbloqueen todos los depósitos de combustible del país a fin de restablecer lo antes posible una situación normal en el país, afectado por las huelgas y protestas contra la reforma del sistema de pensiones.
«Llevaré a término la reforma de las pensiones porque mi deber como jefe de Estado es garantizar a los franceses que ellos y sus hijos podrán contar con una jubilación y que el nivel de las pensiones se mantendrá», afirma Sarkozy en un comunicado dado a conocer.
El mandatario francés, que ha reconocido que es «una reforma difícil», ha subrayado que tanto él como su Gobierno se han mostrado «atentos a todas las propuestas, principalmente las de los agentes sociales». Asimismo, Sarkozy ha hecho hincapié en que, aunque «es normal que en una democracia cada uno pueda expresar su inquietud o su oposición», «hay ciertos límites que no deben franquearse y mi deber es garantizar el respeto del orden republicano al servicio de todos los franceses».
«Para millones de nuestros conciudadanos, los transportes constituyen una cuestión vital», así pues, esto constituye una «libertad fundamental», señaló el presidente francés. Sin embargo, «estos últimos días muchos franceses han visto su vida cotidiana perturbada por problemas de aprovisionamiento que han afectado a una parte de las estaciones de servicio», expresó.
El presidente francés ya adelantó ayer que pasaría al ataque. Con medio país buscando combustible (sobre todo diésel) de gasolinera en gasolinera, los estudiantes revueltos, los trenes funcionando a la mitad y los sindicatos convencidos de que disputan el último asalto para que el Gobierno retire su proyecto de ley de reforma de las pensiones, Sarkozy anunció que arbitraría medidas para solucionar la escasez de gasolina y evitar los bloqueos de depósitos de carburante.
Tras la jornada de huelgas y manifestaciones de ayer, hoy continuaban los paros en algunos sectores estratégicos, como las refinerías o los transportes (con afectación en trenes y vuelos) y se organizaron acciones de bloqueo de diferentes infraestructuras. Así, por ejemplo, esta mañana cientos de manifestantes cerraron durante varias horas los accesos a los aeropuertos de Toulouse y Nantes.
La huelga indefinida, la falta de gasolina y la incertidumbre generalizada afectan ya a la vida económica. El sector más afectado es el de la construcción y el de las obras públicas.
En el Senado
Ahora, la pelota está en el Senado, donde se debate el proyecto de ley. Todas las previsiones auguraban que la votación final se iba a producir hoy. Pero los senadores del Partido Socialista francés, a base de introducir series de enmiendas y de alargar discursos, han retrasado el calendario. Los senadores de la Unión por un Movimiento Popular (UMP, el partido de Sarkozy) se han quejado de esta maniobra encaminada, a su juicio, a dar tiempo a que la batalla en la calle engorde. Los senadores socialistas replican que cumplen con su trabajo examinando con lupa una ley que obsesiona al país.
Así, la semana decisiva para Sarkozy se vuelve imprevisible, sin un final claro. Los sindicatos siguen paralizando las 12 refinerías del país y los automovilistas recuerdan que el fin de semana pasado varios ministros se sucedieron en la televisión para prometer que no habría problemas con el carburante y bastaba acercarse al surtidor más cercano de la casa de uno en París o en Marsella para darse de bruces con la realidad.
Nadie se muestra dispuesto a ceder. Sarkozy ya lo ha repetido varias veces. Los sindicatos decidirán en una reunión, qué hacer, cómo continuar. Dos sindicatos, CFE CGC y UNAS, ya han advertido que en cuanto la ley se apruebe en el Senado, se descuelgan. «Somos un sindicato de técnicos legalista. Una vez la reforma aprobada, hay que retirarse. Además, no queremos que haya excesos, que esto degenere», aseguraba ayer en la manifestación el presidente de CFE CGC, Régis Dos Santos. Pero el resto de las organizaciones sindicales recuerda que en 2006 una protesta callejera similar obligó a Jacques Chirac a retirar un nuevo contrato para jóvenes a pesar de que ya se había aprobado.