La Tercera
«No deberían considerarse ‘terroristas’ los actos imputados al peticionante». La frase -que alude a Galvarino Apablaza y su eventual participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y el secuestro de Cristián Edwards- es uno de los argumentos del dictamen con que el gobierno argentino concedió refugio político al frentista chileno y sepultó el pedido de extradición desde Santiago.
El fallo -al que La Tercera tuvo acceso a algunos extractos- tiene 45 páginas y es confidencial, según las normas de Buenos Aires. Fue zanjado el jueves por la Comisión Nacional para los Refugiados, Conare, organismo que depende del Ministerio del Interior transandino. Además de un representante del jefe de dicha cartera, está integrado por otros cuatro altos funcionarios, mandatados directamente por los titulares de RR. EE., Justicia, Desarrollo Social y el Instituto Nacional contra la Discriminación.
Según decían hasta ayer en la tarde en Santiago, el dictamen aún no era conocido íntegramente por las autoridades chilenas.
De acuerdo al fallo, la Conare analiza si los crímenes imputados a Apablaza revisten el carácter de terrorista. Según la ley argentina de protección al refugiado, no puede obtener asilo quien cometa «un delito contra la paz, de guerra o contra la humanidad».
Así, Conare cita en su dictamen un argumento entregado por el «Dr. Boggiano» en una anterior sentencia de extradición. Dicho jurista sostiene que si bien el terrorismo «últimamente se caracteriza por desconocer los límites territoriales del país afectado», siendo así «una seria amenaza para la paz y la seguridad del resto del mundo». «Es por ello que su persecución no interesa exclusivamente al Estado directamente perjudicado», agrega Boggiano.
A renglón seguido, Conare determina que no son terroristas los delitos imputados a Apablaza.
La alusión de que el terrorismo tiene efecto internacional coincide con el debate previo al fallo en el que se comparó la extradición de Apablaza con el caso Amia, atentado que tenía relevancia internacional.
Además, la comisión transandina recoge de manera textual los argumentos entregados en 2006 por el juez transandino Claudio Bonadío, quien negó en primera instancia el pedido de extradición chilena.
Así, Conare dice que «resultan oportunos» los planteamientos realizados por Bonadío en el sentido de que «en la evidencia que el Estado de Chile aportó al proceso de extradición no es posible vincular a Apablaza Guerra con la comisión directa ni del homicidio de Guzmán ni del secuestro de Edwards».
Además de estos argumentos, el principal elemento esgrimido por el gobierno transandino para conceder el asilo habría sido, según fuentes que conocen el tema, las razones humanitarias: que Apablaza está enfermo y que tiene hijos en Buenos Aires
Diálogo presidencial
Aunque la decisión de refugio fue comunicada el jueves a Apablaza, La Moneda se enteró sólo por la prensa, lo que gatilló una fuerte molestia en Santiago. Sobre todo, porque el Presidente Sebastián Piñera partió a las 19 horas de ese día a Buenos Aires a una cumbre de emergencia de Unasur por la crisis en Ecuador. Tal como lo había conversado por teléfono antes de las 14 horas del jueves con su par transandina, Cristina Fernández.
En ese contexto, Piñera sostuvo un diálogo con Fernández la noche del jueves en Buenos Aires. Según fuentes chilenas, la Presidenta argentina ofreció excusas a Piñera por el hecho de que el dictamen saliera justo cuando el Gobernante chileno debía viajar a Buenos Aires a la cumbre presidencial extraordinaria. Fue, dijo Fernández a Piñera, una «coincidencia».
Con todo, a primera hora de ayer, el Presidente expresó su malestar. «Significa un retroceso en la causa de los DD.HH. y la justicia en Chile (…). No ayuda en nada a las relaciones de Chile y Argentina», comentó el Mandatario.
Media hora después, el canciller (S), Fernando Schmidt, leyó una declaración, en que «lamenta profundamente» el fallo transandino, pese -dijo- a que La Moneda no ha sido notificada.
Si bien tanto Piñera como Schmidt dijeron que el gobierno seguiría buscando «cursos de acción» para que Apablaza enfrente la justicia chilena, en Santiago admiten «muy escaso margen» para revertir el fallo. Dictamen que, en la práctica, es inapelable.
Así, en La Moneda tenían los ojos puestos en la decisión de la UDI de llevar el caso a la Corte Interamericana de DD.HH. De todas maneras, en el oficialismo comenzaron a pedir que RR. EE. endureciera su postura. Por ejemplo, manteniendo por varios días en Santiago al embajador Zaldívar, quien había llegado el jueves a una actividad bilateral en Valdivia.
También se mencionaba el envío de una nota de protesta o suspender la reunión de gabinete binacional del 14 de octubre en Santiago.