Con el título “ETA en la Venezuela de Chávez: la prueba definitiva”, la nota pareciera tener indicios contundentes del apoyo del Gobierno Bolivariano al grupo separatista, pero ya en el primer párrafo aparecen las palabras “presunto” y “supone” para referirse a los testimonios de Juan Carlos Besance y Xavier Atristain, detenidos el pasado 29 de septiembre no precisamente en territorio venezolano sino en Guipúzcoa, España.
Más allá de las afirmaciones sin pruebas del periodista, en el texto no aparece ni siquiera un fragmento de las presuntas confesiones que supondrían “el primer reconocimiento de la organización terrorista sobre la utilización de Venezuela como escenario para su entrenamiento armado”.
¿Otra prueba de las computadoras de las FARC?
En su artículo, Irujo indica que las acusaciones en contra del Presidente Hugo Chávez “se basaban en la documentación intervenida en Francia, en los correos electrónicos que contenía el disco duro del ordenador del jefe de las FARC, Raúl Reyes” y en testimonios recogidos en Bogotá por agentes españoles a supuestos ex miembros de grupos insurgentes del vecino país.
Lo que omite el periodista es que las investigaciones posteriores a los supuestos ordenadores de Reyes, quien fue ejecutado por el ejército colombiano en un bombardeo ilegal a territorio ecuatoriano, determinaron la inexistencia de correos electrónicos en la data.
“Sólo habían documentos de Word”, declaró bajo juramento ante la Fiscalía de Colombia el capitán e investigador antiterrorista de la DIJIN (policía científica de Colombia), Ronald Ayden Coy Ortiz, quien elaboró el informe del computador que el Ejército de Colombia afirma haber encontrado en el campamento de Reyes.
Aunque Irujo dice que se encontraron otras pruebas en “documentación intervenida en Francia”, no informa que en territorio francés los etarras cuentan con bases y armas, pese a lo cual ese país nunca ha sido calificado como “balneario para el descanso, el entrenamiento y el asesoramiento de organizaciones armadas amigas como las FARC”, tres actividades que el periodista español asegura que el grupo separatista vasco realiza en Venezuela.
Paradójicamente, luego de esgrimir tales acusaciones contra nuestro país, el periodista admite que la mayoría de los refugiados de ETA en Venezuela “están alejados de la banda”.
“Venezuela es la mayor reserva de refugiados y huidos etarras de Suramérica, aunque la mayoría de los 60 miembros que residen allí están alejados de la banda”, reza el texto de Irujo.
Suposiciones de larga data
Lo que tampoco menciona el articulista de El País es que esas personas llegaron a Venezuela por una serie de acuerdos humanitarios establecidos hace más de 20 años, mucho antes del Gobierno del Presidente Chávez.
Los ex etarras que residen en nuestro país llegaron desde 1987, procedentes de Francia y Argelia, producto de convenios entre el Ejecutivo venezolano y el gobierno español.
Durante esos años gobernaron los socialdemócratas, Carlos Andrés Pérez (CAP) y Jaime Lusinchi, pero ninguno de ellos fue acusado de apoyar al grupo separatista.
El periodista italiano Gennaro Carotenuto, en un trabajo publicado en la página web de Rebelión en marzo de este año, relató un episodio en que tres diputados de Acción Democrática, tolda política de CAP, hicieron escudos humanos para impedir que la policía ejecutase una orden de captura contra la esposa de un militante de ETA que no se había presentado al control mensual preceptivo, por lo cual se preguntó: “¿Alguien ha leído algún artículo en el que se acuse a Pérez de terrorista, ¿De cómplice de ETA” Yo no”.
“La mayor parte de las personas que habían participado (con ETA) venían de Francia, pero Francia no quería que regresaran ni tampoco que fuesen a España. Se buscó entonces un tercer país, que en realidad fueron dos: Venezuela y República Dominicana. Los deportados llegaron a Venezuela en un avión militar español, tras el acuerdo de gobierno a gobierno”, recuerdan Pascual Serrano y Carlos Martínez en otro artículo publicado en la página web de Rebelión.
Irujo señala en su texto de este lunes que “los presuntos etarras Besance y Atristain, según fuentes próximas a la investigación, han relatado que viajaron al balneario etarra en 2008 para llevar a cabo un curso de armas y que les recibió Arturo Cubillas Fontán”.
El periodista de El País destaca que Cubillas fue solicitado recientemente por el juez ultraderechista de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por sus supuestas relaciones con ETA y Farc, y por ser la persona que presuntamente recibía en Venezuela a miembros del grupo separatista vasco.
“Cuando se cumplen siete meses desde el auto de la Audiencia Nacional que decretó su prisión provisional y búsqueda y captura internacional, Cubillas sigue sin ser detenido y pasea libre por las calles de Caracas”, relata Irujo.
Lo que no menciona es que Cubillas vive en Venezuela desde 1989, asilado no sólo por Carlos Andrés Pérez sino también por el democratacristiano, Rafael Caldera.
Tal como lo explica Carotenuto, Cubillas es ciudadano venezolano desde hace tiempo y el Estado, desde mucho antes de Chávez, aplica el principio de no extraditar a ciudadanos de este país aunque estén naturalizados, norma establecida en el artículo 69 de la Constitución Bolivariana y antes recogida en el Código Penal.