El plan responde a la «preocupación» de los servicios de investigación y seguridad nacional por la creciente popularidad de las comunicaciones por Internet, que sustituyen cada vez más a las telefónicas también entre los sospechosos de crímenes y de terrorismo.
La Casa Blanca planea presentar el proyecto ante el Congreso el próximo año.
Para cerrar esa brecha, las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea y los de correo electrónico encriptado, como los que ofrece Blackberry, deberán ser capaces de cumplir con cualquier orden federal de espionaje de los mensajes, como si de escuchas telefónicas se tratara.
«Estamos hablando de interceptar con autorización legal», dijo al diario la consejera general de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Valerie E. Caproni. «No hablamos de ampliar nuestra autoridad. Hablamos de preservar nuestra capacidad de aplicar nuestra autoridad actual para asegurar la protección del público y la seguridad nacional», añadió.
Funcionarios de la Casa Blanca, del FBI, del Departamento de Justicia y de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), llevan «meses» reuniéndose para trazar una propuesta, pero aún no han alcanzado un acuerdo en algunos asuntos, indica el rotativo de Nueva York.
Uno de los puntos más conflictivos es decidir qué marcas se deben considerar proveedoras de servicios de comunicación susceptibles de ser ‘pinchados’. El Gobierno de Obama baraja una definición que englobe también a los operadores que funcionan desde el extranjero, como Research In Motion (RIM), el fabricante canadiense de teléfonos Blackberry, que recientemente tuvo problemas con los gobiernos de India y Dubai por no facilitar la vigilancia de los mensajes.
¿Un paso hacia atrás?
El cambio en las regulaciones exigiría una importante adaptación de la tecnología de los programas, lo que, según el vicepresidente del Centro para la Democracia y la Tecnología, James X. Dempsey, supone un reto para «los elementos fundamentales de la revolución de Internet». «Básicamente, quieren dar marcha atrás en el reloj y hacer que los servicios de Internet funcionen como funcionaba antes el sistema telefónico», opinó Dempsey.
El cambio en las regulaciones exigiría una importante adaptación de la tecnología
Estados Unidos ya exige, en base a una ley de 1994, que los teléfonos y las redes de telecomunicaciones incorporen una tecnología que permita las escuchas, pero esa legislación no se aplica a los proveedores de servicios de comunicación.
El año pasado, el FBI gastó 9,75 millones de dólares para ayudar a esas compañías a desarrollar su capacidad de vigilancia electrónica, y ha incluido 9 millones más en su presupuesto de 2010 para la misma tarea, de acuerdo con el diario.