La siembra masiva de soja transgénica, no sólo en el campo sino también en zonas muy cercanas a los cascos urbanos, trajo aparejados fuertes cuestionamientos sobre la aplicación de agroquímicos, cuyas consecuencias aún son imprevisibles, y ha motivado que el tema del uso de pesticidas sea puesto bajo la lupa judicial.
Durante el 2009 se sucedieron hechos que hicieron evidente la falta de una discusión y tratamiento del tema de los agroquímicos, a la vez que mostraron la existencia de fuertes posiciones antagónicas, incluso en el ámbito científico, como consecuencia del llamado Informe Carrasco y la respuesta al mismo por un grupo de científicos del Conicet.
La soja RR fue diseñada para usarla junto con el glifosato que es considerado un herbicida, concepto que puede corroborarse en la Guía de Productos Fitosanitarios. Ahora bien, este paquete tecnológico requiere un uso apropiado del mismo con miras a una correcta aplicación y una protección de la salud y el ambiente en todo el territorio de la Nación, en particular las prácticas asociadas con aspersiones aéreas para los cultivos de Soja RR.
El glifosato, a principios de 2010, representaba el 37% del total de herbicidas utilizados en la producción agrícola argentina, por lo que su importancia en el actual modo de producción agraria es tan grande que lo han llevado a ser un insumo estratégico y con el mismo nivel de dependencia que el gasoil para la actividad.
A pesar de que el consumo de estos productos está en constante aumento, no contamos a nivel nacional con un marco normativo adecuado con respecto al embalaje, distribución, aplicación (épocas del año, condiciones climáticas, características de suelos y napas, poblaciones cercanas, existencia de especies en peligro de extinción, etc.).
Es prioritaria la necesidad de abordar el fenómeno de la expansión de la frontera agrícola trascendiendo el coyuntural posicionamiento líder de la soja, y así planificar y ordenar el desarrollo sustentable del sector con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo.
En ese sentido, también resulta esencial la adopción de medidas de índole económica y fiscal que incentiven prácticas agrícolas orientadas a un uso sostenible del territorio y la imposición de tasas o impuestos que desmotiven el uso inapropiado del suelo y que complementen las estrategias regulatorias.
Entre las recomendaciones más destacadas para un mejor funcionamiento del sistema existente y un apropiado uso de los productos fitosanitarios se destacan:
• Promover el tratamiento y la sanción de una ley de presupuestos mínimos de manejo integral de los productos fitosanitarios, desde su producción, pasando por su comercialización y utilización hasta su disposición segura (productos y envases), con la finalidad de dar un tratamiento inequívoco y armonizado en todo el territorio nacional de cuestiones fundamentales.
• Propender a la sistematización de la normativa existente, especialmente a nivel nacional, dado que existe una numerosa cantidad de normas de diversa jerarquía y temáticas que se encuentran dispersas. Esto es un factor que influye negativamente en la aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental tanto para los reguladores y aplicadores como para los ciudadanos y los usuarios del sector privado.
• Reforzar y promover una ampliación del sistema federal creado en el marco de la autoridad nacional, dado que el uso de pesticidas involucra intereses interjurisdiccionales, y que existen dificultades presupuestarias para el control, y carencia de políticas públicas provinciales.
• Fomentar la observancia de las buenas prácticas agrícolas.
• Garantizar que la sociedad civil cuente con el debido acceso a la información respecto del uso y gestión de productos fitosanitarios.
• Impulsar que las autoridades ambientales generen, sistematicen y pongan a disposición, información sobre los efectos actuales que está generando la utilización de pesticidas (fitosanitarios) sobre ecosistemas frágiles cercanos a zonas de alta productividad, así como también un registro de los problemas ambientales centrales por regiones, y de las acciones de mitigación de impacto que se estuvieren promoviendo actualmente y para el futuro.
• Aumentar la conciencia pública sobre los efectos en la salud y el medio ambiente derivados del uso de los agroquímicos y la importancia de mejorar su marco normativo a través del contacto sostenido con medios de comunicación masiva. Es fundamental que el Estado promueva la investigación de los efectos de los agroquímicos en la salud y el ambiente.