Horacio Aranda Gamboa
El Argentino
Finalmente ayer la titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, emitió una resolución en la que le ordena al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) realizar pruebas de ADN a todas las muestras recolectadas en la causa en la que se intenta determinar las verdaderas filiaciones de Marcela y Felipe, hijos adoptivos de la propietaria del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, de los que se sospecha podrían haber sido apropiados a desaparecidos durante la dictadura militar, a fin de determinar si se puede establecer un perfil genético idóneo para eventualmente ser cotejado.

La jueza busca establecer si dado el paso del tiempo las muestras de sangre y saliva obtenidas el 29 de diciembre pasado por ante el Cuerpo Médico Forense y los elementos personales requisados en el allanamiento realizado un día más tarde, además de los obtenidos en los allanamientos del 28 de mayo pasado –medidas ordenadas por el anterior juez de la causa Conrado Bergesio– aún son idóneas para obtener el ADN para, de ser posible, verificar las coincidencias entre todas ellas y poder establecer un perfil genético apto para eventualmente ser cotejado.

En su larga resolución de 89 páginas, Arroyo Salgado entendió que esa medida no causa agravio a las presuntas víctimas, por cuanto concilia razonablemente los distintos derechos y garantías constitucionales de las querellas representadas por “García-Gualdero” y “Miranda- Lanuscou” y los terceros interesados, Marcela y Felipe Noble Herrera, y determinó que las pericias sean realizadas por BNDG, aunque de establecerse algún perfil genético definido, éste no podrá ser incorporado a la base de datos de dicho organismo y deberá ser resguardado en cuatro sobres cerrados, sin que pueda ser revelada dicha información.

Según la magistrada, esa medida “encuentra fundamento en las particularidades del procedimiento en el cual” Bergesio “había procedido al secuestro de las primeras prendas, así como también a los llamativos resultados obtenidos del estudio pericial efectuado sobre las prendas secuestradas” en mayo último, “en las que se detectó la presencia de diversos perfiles genéticos de ambos sexos”, y además aclara que la diligencia se ordena como medida preliminar y al exclusivo objeto de verificar si las muestras obtenidas presentan valor pericial, pero “de ninguna manera implica la concreción de un cotejo pericial con el universo de muestras reservadas en el BNDG ni su incorporación a la base de datos de tal organismo”.

Además, reclamó el sumario administrativo que se inició en Asuntos Internos de la Policía Federal contra los efectivos responsables del allanamiento de mayo pasado, por entender que “se produjo un evidente incumplimiento de los términos de la orden judicial que resultó funcional a la frustración de la diligencia, dado que se posibilitó el ingreso de Marcela y Felipe Noble Herrera a la vivienda, cuando la orden era clara y precisa: interceptarlos en la vía pública para garantizar el ingreso conjunto a la vivienda”.

Consultado por Buenos Aires Económico, Pablo Llonto, abogado querellante en representación de la familia Lanuscou, señaló que lo dispuesto por Arroyo Salgado es un primer paso, de una segunda medida “que suponemos va a ser el cotejo con las muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos”, pero para que ello ocurra “la jueza lo que quiere es verificar que de las muestras obtenidas el 29 y 30 de diciembre pasados se puedan obtener los perfiles genéticos comprobable de Marcela y Felipe Noble”, y agregó que “es una medida de seguridad, ya que en vez de decir ‘agarro las muestras y las cotejo’, primero va a verificar si esas muestras pueden ser de ambos jóvenes, o si con ellas también cometieron alguna maniobra como cuando estuvo Bergesio”.

Consultado sobre qué actitud tomarían en caso de que el Banco determine que esas pruebas puedan ser utilizadas y por ende la jueza decida avanzar hacia el cotejo, el abogado adujo que “vamos a decir lo mismo, la jueza va a seguir adelante y veremos qué resultados da”, aunque advirtió que “en principio ese camino no es el mejor pero el que nosotros propusimos, que era el de que se haga un nuevo allanamiento y que se cite a los jóvenes a una audiencia para convencerlos de que se saquen sangre, no fue tomado en cuenta”.

Por su parte Alcira Ríos, abogada querellante en representación de las familias García, Gualdero y Miranda, señaló que con lo dispuesto por la jueza se “está definiendo todo lo que pasó y se va a establecer qué responsabilidad le cupo a la policía y a los chicos mismos” ante la falta de resultados “y reivindica al Banco, al tiempo que hace un análisis de todo lo sucedido hasta la fecha”.

Ríos agregó que la jueza busca establecer “si alguno de esos perfiles puede ser de alguno de los chicos” pero advirtió que “los análisis se van a tener que hacer de nuevo de cajón”, sea “mediante extracción de sangre o allanamiento, eso no lo sé”.