Jonathan Berrios
Inquieta sobremanera la cobertura noticiosa que la mass media global realiza de los lamentables eventos acaecidos en Ecuador. Se intenta presentar como detonante de la crisis una presunta «reivindicación laboral» exigida por «honorables» servidores públicos pertenecientes a la Policía Nacional, cuando la realidad presenta un escenario radicalmente distinto. Un GOLPE DE ESTADO, urdido por los tradicionales «poderes fácticos» que de continuo, ejercieron el poder en el país andino, para llenar las alforjas de un reducido segmento societal, enriquecido de manera espúrea, a la sombra del poder. Acudimos hoy, a la escenificación «Sui géneris» de un Golpe de Estado, cuya existencia es refrendada por los siguientes indicios:
1-) En plena discusión del Veto Presidencial en el Congreso ecuatoriano, un sector de la Alianza País (movimiento político de coalición partidista favorable al Presidente Correa) sospechosamente cambió de filas, para apoyar el rechazo que, los factores de oposición capitaneados por la democracia cristiana y los remanentes acólitos de Lucio Gutiérrez, opusieron a la propuesta presidencial de ampliar los beneficios remunerativos a la generalidad de funcionarios policiales, en desmedro de los privilegios y canonjías de unos pocos;
2-) La promoción de disturbios por agentes policiales, tras la fachada de una presunta reivindicación salarial, devenida en «protesta de calle» (y realizada con armas de fuego), cuando se promueve desde la presidencia, la homologación de un incremento salarial a todo el personal policial (sin ningún distingo) superior al 100%;
3-) La escalada de los hechos, a pesar de la visita del Presidente Correa a la TOMA ILEGAL (por los sediciosos) del Regimiento Policial de Quito, para conversar IN SITU sobre la situación, con la consabida sobrevenencia de las brutales agresiones contra aquél, acometidas por los insurrectos;
4-) El acompañamiento de la pretendida manifestación gremial (de los policías) por la TOMA MILITAR de los aeropuertos de Ecuador, ejecutada por una facción insubordinada de la FUERZA AÉREA;
5-) El pronunciamiento de la embajada norteamericana quien, a pesar de la evidente crisis ecuatoriana, propiciada por la insurrección ARMADA (de policías y militares), se permitió comunicar a sus conciudadanos, que lo ocurrido en el país andino, era tan sólo la evidencia de una anodina manifestación reivindicativa de honorables funcionarios policiales.
Y como última consideración, cabe invitar a la reflexión sobre el siguiente apartado:
Curiosamente, cuando ante las amenazas y sospechas, que anunciaban desenlaces similares al que hoy presenciamos, provocaron la propuesta presidencial de convocar al pueblo a UNA ELECCIÓN GENERAL (muerte cruzada) para refrendar, a través de los votos ciudadanos, la agenda legislativa y de gobierno propuesta por el Presidente Correa, sobreviene este GOLPE DE ESTADO… Ante lo cual, cabría preguntarse si tal desventura podría perseguir EVITAR, que el voto ciudadano confirmase el previsible respaldo popular al gobierno, que habría desactivado la BOMBA DE TIEMPO, gestada en las trastiendas, por las oprobiosas oligarquías quiteña y guayaquileña (con el inequívoco patrocinio norteamericano) para deponer al GOBIERNO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO.
Comentario aparte, cabría interrogarse sobre la oportunidad y pertinencia de la presunta declaratoria de un Estado de Excepción, que podría desembocar en una antigualla para el ejercicio legítimo de RESISTENCIA DEMOCRÁTICA POPULAR de los ciudadanos ecuatorianos ante la sedición apuntalada por los policías y militares complotados… No se hace menester conocer en detalle las consecuencias que un Estado de Excepción puede propiciar, para prever que la posible restricción de las garantías correspondientes a los derechos de libre circulación, concentración, manifestación y libre expresión del pensamiento, podría ser utilizada por los propios insurrectos, para acallar las manifestaciones del pueblo ecuatoriano. No olvidemos que estamos ante una nueva variante de GOLPE DE ESTADO «INSTITUCIONAL», ejecutada por quienes poseen materialmente «los artilugios» para ejercer el MONOPOLIO «LEGÍTIMO» DE LA VIOLENCIA del Estado ecuatoriano y, quienes a juzgar por los más recientes eventos, podrían concitar sobre sí la justificada sospecha de todo el pueblo ecuatoriano.
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