¿La fuente de información? Desde luego, el susodicho Departamento de Estado que, desde hace años, se ha arrogado una suerte de juez supremo mundial no solo en asuntos de terrorismo sino en asuntos económicos, de riesgo, de libertad y de democracia. Para ello usa sus organismos oficiales, a los que les da el timbre de impolutos; sobre el bien y el mal. No hace falta decir que los propios Estados Unidos y sus más fieles aliados (como Colombia, México, Chile) jamás aparecen en tales listas a pesar de que hay evidencias más que contundentes que dicen exactamente lo contrario.
Recordemos:
En materia de terrorismo, hace décadas que no se ha “filtrado” algún síntoma de que en la propia Cuba o fuera de ella, se hayan ensayado actos criminales de este tipo. Al contrario, contra Cuba se ha ensayado toda clase de agresiones y de terrorismo de la peor especie. Casi todos ellos, originados, financiados, programados, desde Estados Unidos, especialmente desde la base cubano-americana que recibe anualmente millonarios recursos de los contribuyentes norteamericanos. Ni las “damas de blanco” ni la “bloguera solitaria”, ni los acuciosos corresponsales acreditados en la isla, han señalado, con pruebas, un solo caso que pudiera encestarse en esta clasificación.
Al contrario, los periodistas cubanos suelen conmemorar el asesinato del periodista ecuatoriano Carlos Bastidas, ocurrido en abril/1958, meses antes del triunfo revolucionario. Ese crimen, que quedó impune porque sus autores materiales e intelectuales alcanzaron a huir a Miami (EE.UU.) cuando el triunfo revolucionario (enero 1/1959) fue el último que se cometió en la isla contra un periodista, en el último medio siglo. Eso, desde luego, no lo reconocen ni el Departamento de Estado; peor, mucho peor, la SIP-CIA, el grupo de diarios de América (GDA) o los medios sipianos del sistema.
En cambio, un jurado yanqui (del país que se autocalifica del más libre y justo del mundo) condenó a bestiales penas de prisión a cinco cubanos antiterroristas (uno, a doble prisión perpetua) por haber cometido “el crimen” de espiar para su país los planes y preparativos terroristas que la mafia cubano-americana preparaba contra la isla. Y, en la misma ciudad, se pasean “libre y democráticamente” criminales, terroristas y ladrones no solo de Cuba sino de casi todos nuestros países. Contra ellos, la impoluta justicia norteamericana, no solo que se niega a procesarlos sino que se niega a extraditarlos. Tal el caso de Luis Posada Carriles, el criminal y terrorista que es reclamado por Venezuela para que responda por los crímenes que en ese país cometió antes de que llegue la revolución bolivariana. Y como este asesino, muchos más.
¿A dónde quiero llegar? Pues a demostrar (con un solo hecho y comprobado, de los cientos que hay) que la agresión mediática se da mediante el recurso de citar fuentes de información “de las que no hay duda alguna” En este caso, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y para que a nadie le quede la menor duda de cómo se manejan estas fuentes informativas, hasta el año 2008 funcionaba en Europa una Comisión de Derechos Humanos nada menos que de las Naciones Unidas, que, religiosamente, incluía (sin fundamento alguno) a Cuba en una lista de países (todos del “eje del mal”) que cometían actos contrarios a estos derechos universales. La desfachatez llegó a tal punto que la Asamblea General de las NN.UU. (cerca de 200 miembros) resolvió disolver esa comisión y crear otro organismo que, en realidad, cumpla este propósito con alguna credibilidad.
Sin ir muy lejos, el Ecuador, solo porque tiene de Presidente a un Rafael Correa que tiene un discurso crítico, frente al imperio y los imperitos, por dos ocasiones, en fechas recientes, fue encasillado entre los países “dudosos y de riesgo” por organismos regionales y mundiales.
Contra Venezuela, el Departamento de Estado, la OEA y sus “relatorías” no se cansan de lanzar dardos, sin ninguna fundamentación. Lo mismo contra Evo Morales y Bolivia; contra Daniel Ortega y Nicaragua. En cambio, no dicen ni poco ni nada contra Chile, en donde aún arremete la represión antipopular; contra el Perú, en donde las fuerzas represivas masacraron una manifestación de indígenas orientales y se denuncian actos de corrupción al por mayor; mucho menos contra Colombia, de Álvaro Uribe, y sus “falsos positivos” o sus fosas comunes con más de dos mil asesinados por el militarismo reinante. Alguna observación se formula (eso también porque mataron a dos agentes norteamericanos antidrogas) contra México, en donde hay el espeluznante promedio de por lo menos 10 asesinatos diarios, especialmente en zonas de frontera con Estados Unidos.
Queda claro que el terrorismo mediático en América Latina cuenta con “fuentes de información” de confianza y de cuya autoridad “nadie puede dudar” Y, desde luego, los medios sipianos, por su propia cuenta, ponen también lo suyo, como ese “reportaje colectivo” que publicaron hace un par de meses, los periódicos que forman parte del Grupo de Diarios de América (uno de los organismos patrocinados por la SIP-CIA) sobre que el narcotráfico se paseaba, sin obstáculos, en Ecuador y Venezuela, lo mismo que los denominados “terroristas de las FARC y el ELN” Seríamos ingenuos sin remedio si creyéramos que ese reportaje nada tuvo que ver son las agresiones mediáticas que se dieron contra Ecuador y que, luego, cuando agonizaba el gobierno de Álvaro Uribe, se proyectó contra Venezuela, “con pruebas” que fueron manipuladas en el seno del Comité Permanente de la OEA, que para eso está.
Vamos entendiendo ahora cómo opera en nuestros países (y por extensión, en el mundo entero) eso que hace un par de años comenzó a tipificarse como “terrorismo mediático” Es decir, instituciones locales, regionales y mundiales, que generan acusaciones infundadas, con frecuencia ridículas, y los medios –ni cortos ni perezosos- que se hacen eco de ellos y los retransmiten sin más a millones de lectores, televidentes y radioescuchas, como “verdades inapelables” que no admiten duda alguna.
Simple y llanamente es parte de lo que se denomina “terrorismo mediático” un terrorismo mediático que nació contra la ex URSS, que se ha desarrollado sin escrúpulos contra la revolución cubana, que ahora “enfrenta sin límites” a la revolución Bolivariana de Hugo Chávez, y que arremete contra todo gobierno (Evo, en Bolivia; Correa, en Ecuador; Ortega, en Nicaragua; y hasta la inocente Cristina en Argentina) que “ose” cuestionar al gran imperio de EE.UU. o que dude de las “bondades” del neoliberalismo o que “atente” contra la “libertad y la democracia”,
Sobre esto ultimo, personajes de la famosa OEA, de la SIP y hasta de las Naciones Unidas no descansan en pretender decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo en el trámite de la ley de comunicación que debe dictarse por mandato constitucional. Y los diarios sipianos (con El Comercio de Quito, a la cabeza) son “generosos” en conceder espacios a esas fuentes informativas que luego generan editoriales, artículos de opinión, recomendando a la Asamblea Nacional que no dejen de tomar en cuenta tan “sabios consejos” ya que los que se generan a nivel local y nacional, no son suficientes.
Todo porque no se dicte nunca una ley de comunicación, vieja tesis de la ultra derecha terrorista de América Latina.