Organizaciones vecinales de la localidad sureña de La Macarena, el sur de Colombia, ratificaron la denuncia de la existencia de una fosa común con restos de centenares de personas, ubicada cerca de un batallón del Ejército, en contraposición al rechazo que la Cancillería colombiana hizo este miércoles basada en un informe de la Fiscalía, según reporte de la agencia Efe.
La Audiencia pública versó sobre “la crisis humanitaria en los llanos orientales” colombianos y fue convocada por el Senado de la República a instancias de la Comisión Accidental de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado, cuya coordinación está a cargo de la Senadora del Polo Democrático Alternativo (PDA) Gloria Inés Ramírez Ríos.
Asistieron unos 500 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Guéjar, Guaviare y el Departamento del Caquetá, quienes estuvieron acompañados por una numerosa delegación extranjera compuesta por diez dirigentes sindicales, seis miembros del Parlamento Europeo, tres miembros del Parlamento Británico, tres delegados de España y dos de Estados Unidos, así como de abogados, dirigentes de ONG de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del Congreso de la República y representantes del gobierno colombiano, reportó el sitio web pacocol.org.
Según el reporte, el acto en el cementerio de la Macarena tiene un particular significado porque “se rendirá homenaje a las víctimas de desaparición forzada que se encuentran enterradas en ese lugar y que algunas fuentes calculan en más de 2000” dice la nota emitida por la senadora Ramírez.
Los organizadores de la Audiencia esperan que “este acto sirva para sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre la crisis humanitaria que golpea a la población de los llanos orientales y contribuye a que se conozca la verdad sobre los graves hechos ocurridos en esa región, a fin de que se aplique justicia y se repare convenientemente a las víctimas de los crímenes y demás violaciones de los derechos humanos. Así mismo, es de esperar que sus conclusiones constituyan un nuevo impulso al acuerdo humanitario y la solución negociada del conflicto interno que desde hace más de 45 años afecta a nuestro país”.
El reporte de Efe indica que en declaraciones a la emisora La FM, el congresista Iván Cepeda, uno de los principales activistas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), señaló hoy unas 800 personas participaron en la audiencia y que “hay un informe de la Procuraduría que da cuenta de la existencia de ese cementerio, es decir, nosotros no hemos decidido hacer este viaje simplemente por las denuncias de la población sino teniendo en la mano los informes de las mismas instituciones del Estado”.
Cepeda añadió que ese reporte de la procuraduría habla de “2.000 personas que estarían supuestamente enterradas” y pidió hoy a las autoridades tomar medidas cautelares sobre el cementerio, porque la protección es sumamente débil, reseñó Efe.
“Lo que podemos decir es que hay un sitio donde hay unas personas enterradas que no es el cementerio del municipio. El Ejército, la unidad militar, era la que tenía control sobre este lugar y la que pidió que estas personas fueran enterradas allí y como se podrá entender esta no es una situación normal ni regular”, agregó.
Para observadores que presenciaron la Audiencia, la cual coincidió con la sesión de la OEA que sospechosamente organizaron con urgencia, donde el embajador del gobierno de Alvaro Uribe lanzó una cortina de falsedades contra Venezuela, esta postura inamistosa de Uribe fue para distraer la atención mundial de lo que la Audiencia revelaría.
Al concluir la declaración del gobierno colombiano en la OEA, el presidente de Venezuela expresó la decisión de romper las relaciones diplomáticas con Colombia debido a las constantes agresiones y los múltiples irrespetos contra la nación venezolana por parte del gobierno de Uribe.