Milagros Salazar
A raíz del derrame de petróleo de la empresa Pluspetrol en el río Marañón el 19 de junio, las aguas contienen grasas y aceites que superan en miles de veces el límite máximo permitido, afectando a más de 4.000 nativos y mestizos en el corazón de la Amazonia de Perú.
“La mancha de petróleo cubrió todo lo ancho del río Marañón con efectos devastadores en flora y fauna. Peces y plantas acuáticas (están) destrozadas”, señala el informe elaborado por el ingeniero químico Víctor Sotero, del gubernamental Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), adscrito al Ministerio del Ambiente.
IPS tuvo acceso al documento y a los resultados de las pruebas de laboratorio del derrame producido el 19 de junio en la nororiental región Loreto, cuando se perforó el casco de una barcaza que trasladaba crudo procedente del Lote 8, contratada por la empresa Pluspetrol Norte, filial de la argentina Pluspetrol.
La empresa informó que el vertido fue de unos 400 barriles (de 159 litros) de petróleo.
El análisis de las seis muestras recogidas entre el 20 y 22 de junio en la zona revela una presencia de grasas y aceites que oscila entre 10.800 miligramos por litro (mg/l) y 2.613.600 mg/l.
La cantidad es alarmante si se considera que el límite máximo admisible de estas sustancias en agua para el consumo humano es de un miligramo por litro o de una parte por millón, según la legislación peruana.
“Con tal grado de contaminación, esas aguas no pueden ser utilizadas por estas poblaciones hasta que se hagan nuevas pruebas a lo largo de los próximos meses y la presencia de estas sustancias llegue a cero”, señaló Sotero a IPS.
Hay 28 comunidades ribereñas del Marañón afectadas, más de 4.000 personas, según la Defensoría del Pueblo, entre ellos nativos cocamas, ubicados cerca de los achuar, también con problemas de contaminación.
“Los hermanos reclaman agua y alimentos. Ellos tomaban agua de ese río y se alimentaban de los peces que se han ido por el derrame”, dijo el dirigente Edwin Vásquez, presidente de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), para quien el agua y los víveres que están repartiendo la empresa y el gobierno de Loreto son insuficientes.
El estudio realizado por el Laboratorio de Sustancias Biaoctivas del IIAP señala que en la primera muestra, recogida el 20 de junio en la comunidad de Santa Rita de Castilla, al día siguiente del incidente, se halló la máxima concentración de grasas y aceites: 2.613.600 mg/l. “Prácticamente todo era petróleo”, indicó Sotero.
En la muestra del lunes 21 se detectaron 32.900 mg/l. Esas dos primeras tomas fueron recolectadas por las propias comunidades, ya que Sotero sólo pudo llegar a la zona el martes 22, cuando seleccionó cuatro muestras adicionales en diversos puntos.
En la comunidad de Saramuro, en el denominado punto cero, se detectaron hasta 11.000 mg/l, y 100 metros río arriba los análisis marcaron hasta 11.300 mg/l.
Los otros dos lugares inspeccionados por Sotero, 500 metros más abajo del punto cero, marcaron 10.900 mg/l y 10.800 mg/l. Éste último se tomó en Santa Rita de Castilla.
También se midió el pH o grado de acidez de las aguas, cuyo “incremento fue poco si se compara con el límite permitido. La alta contaminación es por los aceites y grasas”, aseguró Sotero.
El especialista del IIAP asegura que el crudo se acumuló sobre todo en las quebradas y orillas del Marañón, afluente del río Amazonas. También informó que la empresa no cuenta con “un plan de contingencia de auxilio a la población ribereña en caso de que ocurran este tipo de desastres”.
En un comunicado, Pluspetrol señaló que sí cuenta con dicho plan. Pero Sotero insistió en que la compañía nunca se lo mostró.
El químico asentó en su informe que la población sólo supo del accidente en la noche del sábado 19, pese a que ocurrió cerca de las tres de la tarde, por lo que siguieron consumiendo agua contaminada por varias horas.
El director regional de Energía y Minas de Loreto, Roy Meza, informó a IPS que se han enviado brigadas médicas a las comunidades y que se identificaron dos personas con males estomacales, pero aún no se confirma si es por consumo de agentes tóxicos.
La compañía informó el miércoles 30 de junio que concluyó la recuperación y limpieza de los restos de petróleo.
Sotero recomienda en su informe realizar “un monitoreo mensual a lo largo del año, y anual, después de 2010, en agua, sedimentos, especies hidrobiológicas y sangre de la población afectada para realizar una evaluación del alcance de la contaminación”.
La Dirección Regional de Salud también está analizando las aguas, pero aún no se conocen sus resultados.
Según el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, la cantidad de barriles derramados es muy pequeña comparada con el desastre en las costas estadounidenses del Golfo de México donde el 20 de abril colapsó una plataforma petrolífera de la trasnacional British Petroleum.
Ante ello, el líder nativo Vásquez pidió al gobierno “no minimizar el hecho” e investigarlo con seriedad “para que se sancione a los culpables”.
Los indígenas están sensibilizados por la intensa actividad petrolera y la contaminación de dos ríos por el colapso de un depósito de relaves, residuos tóxicos, de la minera peruana Caudalosa en la región más pobre del país, Huancavelica, en los Andes del sur.
Ese incidente se produjo el 25 de junio y, según los representantes de la comunidad de Huachocolpa, se derramaron unos 21.000 metros cúbicos de relaves.
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, aseguró que habrá sanción para los responsables de ambos casos.
La mayoría de las empresas mineras suelen impugnar las sanciones que se les imponen.
Según un reportaje del proyecto investigativo peruano IDL-Reporteros, sólo 22 por ciento de las multas por hechos graves de contaminación y por faltas de seguridad entre 2007 y abril de 2010 fueron cobradas por el organismo fiscalizador.
El monto de multas impuestas y no cobradas por el Estado supera los 13 millones de dólares.
Iván Lanegra, funcionario especializado de la Defensoría del Pueblo, dijo a IPS que debe haber una labor coordinada entre las instituciones del Estado para investigar lo sucedido y brindar con urgencia el apoyo necesario a las personas afectadas.