Pasada la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia parece que Santos, del Partido de la U, tiene todas las posibilidades de ganar. ¿Qué interpretación haces?
Creo que estos resultados indican varios factores. Por un lado, que la intervención directa en la campaña por parte de Uribe, así como la destinación de elevados recursos del presupuesto del Estado, han determinado los resultados electorales; por otro, que las empresas encuestadoras jugaron un papel definitivo como elemento de manipulación de la población y la opinión pública. Además, el papel de los medios de comunicación, y en general de la política pública, ha llevado a una derechización de la sociedad. Hoy los elementos del militarismo, autoritarismo y populismo, conjugados en uno solo, se ven fortalecidos.
– ¿Y si al final no ganase Santos, sino Mockus?
El escenario previsible y posible es de la continuidad de la crisis en materia de derechos humanos, así como de consolidación de la impunidad. Tanto Santos como Mockus han propuesto ya el fortalecimiento del fuero penal militar, un mecanismo a favor de la impunidad y los victimarios en Colombia.
– ¿Cómo ves el papel de los partidos de izquierda? ¿Se corresponden sus acciones con las demandas de los movimientos sociales?
El proceso de unidad hacia el Polo Democrático Alternativo (PDA), que fue bastante acelerado, supuso unos acuerdos que en términos tácticos y estratégicos plantean una unidad bastante fragmentada, con disputas por intereses personales. Pero lo que no logro entender es la elección del procurador de la Nación, una persona vinculada al Opus Dei, de la corriente lefebrista, con antecedentes de quema de bibliotecas. No sé por qué ocho senadores del PDAvotaron a favor de él, sin ver las demandas de la sociedad colombiana de una izquierda fuerte, crítica y activa.
Hay una situación interesante en el país, que se ha ido generando a partir de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Es un proceso de trabajo colectivo que nace impulsado por la población indígena, que empieza a reivindicar el derecho al territorio en términos de respeto al medioambiente y en el marco de lo que se viene planteando en torno a las multinacionales. Se ha ido dando una confluencia interesante de sindicatos, mineros y estudiantes, y se está planteando cómo ir llevando esas movilizaciones a las ciudades. Es un escenario interesante en cuanto a defensa del territorio, lucha por la justicia y contra la impunidad.
– ¿Cuál es el papel que juegan las multinacionales?
He intervenido como abogado en casos de territorios en los que existen disputas con las transnacionales. En el Sur de Bolívar asesinaron al líder Alejandro Uribe y detuvieron al presidente de la Federación Agrominera, Teófilo Acuña. AAlejandro lo presentaron como un guerrillero muerto en combate por personal del ejército. Con cinco impactos de fusil, cuatro de ellos por la espalda y a menos de un metro de distancia. La captura de Teófilo Acuña se ordena con la acusación de ser alias “Teófilo” y ser dirigente sindical. Estos dos casos tienen en común que existen informes de la V Brigada del ejército que señalan que ambos participaron en reuniones para oponerse a la Anglo- Gol Ashanti. Mediante acuerdos, las multinacionales operan en Colombia bajo la absoluta protección de la fuerza pública.
– ¿Tiene que ver esto con el posicionamiento más generalizado de la llamada comunidad internacional?
Los pactos de comercio se amplían a partir de un elemento: la confianza inversionista. Yésta se basa en la situación de seguridad y estabilidad, lo que significa decir: “vengan, inviertan, que nunca les vamos a aumentar los impuestos, tranquilos que aquí nunca hay riesgo de que se les vaya a expropiar, que ustedes van a tener los máximos beneficios en el saqueo del país”. Esa confianza se genera también a partir de una serie de cifras extrañas. Cuando Uribe toma posesión de su cargo como presidente, se decía que en Colombia había 20.100 guerrilleros. Hasta diciembre de 2008 el Estado dijo que había detenido a 28.000. Que de los 20.100 había causado la muerte de 9.000. Yque de los 20.100 se habían desmovilizado 16.000. Es decir: se encuentra con 20 mil guerrilleros, pone fuera de combate a 53 mil y la guerrilla sigue existiendo.
– ¿Qué esconden estas cifras?
Creemos que el gran listado de los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de personas que son asesinadas y presentadas como muertas en combate. El ejército de Colombia… tiene balas que logran penetrar los cuerpos sin romper los uniformes. Tampoco hemos logrado que nos cuadren las cifras de la desmovilización paramilitar. En 2002 se hablaba de 12.000 paramilitares. En tres años se dice que se ha logrado desmovilizar a 31.600, es decir, al 300 por ciento. Se decide entonces expedir una normativa para cobijarlos con absoluta impunidad y se dice que 28.000 de ellos sólo estaban en los campos de Colombia con camándulas, que no se les puede procesar por ningún crimen. Sólo se plantea que vayan ante los tribunales de Justicia y Paz 3.600 de los paramilitares. Pero, de esos, sólo comparecen 600. Del uno por ciento que compareció sólo han sido llevadas a juicio tres personas, y en cinco años no existe ninguna condena. Es decir, la impunidad es del 100 por ciento. Colombia logró la mayor lavandería y fabrica de impunidad del mundo.
– ¿Cómo contribuye el ejército colombiano a mantener el status quo?
El gobierno ha insistido siempre en que Colombia es la democracia más antigua del continente, que se ha mantenido 60 años sin dictaduras militares. Pero es que los militares en Colombia nunca han necesitado una dictadura porque siempre han mantenido el poder, han tenido capacidad de control e incidencia. El aparato militar es un eslabón necesario y fundamental, formado sobre las concepciones de seguridad nacional de la Guerra Fría y que no entiende que este periodo se acabó. Los oficiales siguen considerando que defender los derechos humanos es una guerra jurídica y un ataque a la institución militar, que desarrollar luchas reivindicativas por la distribución de la riqueza y la tierra son luchas del comunismo… Por tanto, en su concepción, estas luchas deben ser proscritas y perseguidas, y existe un enemigo interno que debe ser destruido. Desde mediados de los 80, cuando se conforma la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han sido asesinados más de 4.000 sindicalistas y más de 4.500 integrantes de la Unión Patriótica (UP).
– ¿En qué medida se encuentra esto relacionado con el papel de Colombia en la región?
Colombia es hoy el Israel de América Latina. Así se debe entender la instalación de bases de Estados Unidos: Colombia como plataforma para la agresión, más en el contexto de los procesos políticos que se viven en el continente, con giros hacia la izquierda de diferentes gobiernos y pérdida de capacidad de control de los EE UU. Juega en solitario en la región, pero con bastante respaldo del centro. Colombia desestabiliza a través de acciones como violar la soberanía de terceros países o realizar incursiones armadas de carácter arbitrario ilegal. También, atacando la imagen de diferentes gobiernos o de personas, como a través de los famosos computadores de Raúl Reyes, los únicos con capacidad para generar archivos de forma automática y espontánea…
– En cuanto a la demostración de las vinculaciones entre el gobierno y los paramilitares, ¿en qué punto se encuentra el proceso por los desaparecidos del Palacio de Justicia?
Creemos que pronto se conocerá una primera sentencia. En este momento están vinculados y detenidos los generales Iván Ramírez Quintero, que era comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), y Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la XIII Brigada en Bogotá. También está vinculado el jefe del B2 de entonces, Edilberto Sánchez Rubiano, y Luis Alfonso Plazas Vegas, que era el comandante de la Escuela de Caballería. Hay varios elementos claves en ese caso. Uno: el Estado sabía de antemano que el M- 19 iba a ingresar al Palacio de Justicia para tomar a los magistrados como rehenes y hacer un juicio al presidente de la República. Dos: a pesar de saber eso, la semana anterior a la toma se levantó toda la protección del Palacio, casi invitando al M-19, tendiéndole una trampa y arriesgando a los magistrados. Tres: quien incendia el Palacio es el ejército, lo que desvirtúa la hipótesis de que el M-19 había quemado los expedientes para favorecer al narcotráfico. Hay un cuarto elemento: queda claro que al menos dos de los magistrados de la Corte fueron sacados con vida por el ejército y asesinados fuera. Es decir, que sus cuerpos fueron plantados nuevamente en el Palacio para buscar la impunidad.
Las once personas desaparecidas fueron sacadas del Palacio con vida, como lo documentaron la TVE y la televisión francesa. Fueron conducidos a la Casa Museo del Florero, donde se instaló el puesto avanzado de mando del ejército, y no se volvió a saber nada de ellos. Según algunos testimonios, varios fueron conducidos a la Escuela de Caballería, donde fueron sometidos a torturas, choques eléctricos y ahogamientos, así como a violaciones en el caso de las mujeres. A otra de las personas, Irma Franco, la llevaron al Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI).
En este año deberán conocerse las sentencias. Creemos que Plazas Vegas debe recibir una condena de aproximadamente 40 años como responsable de los delitos de desaparición forzada de estas once personas, y que no existen pruebas que permitan exonerar, o dudas que permitan procurar la absolución. Existen ya, además, por lo menos diez sentencias del Consejo de Estado, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, que declaran al Estado colombiano responsable por estas desapariciones.
– ¿Y el proceso a los directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por las llamadas “chuzadas”?
Este proceso sufre un retraso que tiene que ver con cambios en el sistema penal en Colombia y que han llevado a que hoy se estén reiniciando prácticamente los juicios. La fiscalía ha dicho que el DAS no actuó de manera aislada o autónoma, que existió una empresa criminal conjunta entre el departamento administrativo de seguridad y personas de la Casa del Nariño, es decir, de la presidencia de la República.
Creo que debe avanzarse hacia la vinculación y la privación de la libertad de los directores del DAS, que desde 2002 posibilitaron y permitieron esa serie de intercepciones y labores de espionaje contra magistrados, defensores de derechos humanos, líderes políticos de oposición, periodistas y personas de la comunidad internacional. Nadie puede entender que cinco directores chucen los teléfonos, hagan espionaje y que quien nombra a los cinco, Uribe, nunca se haya enterado. El gran responsable tiene que aparecer ya y tiene que ser llevado ante la justicia.
– ¿Qué nos puedes contar del día a día de un defensor de derechos humanos en Colombia?
El Estado ha planteado que tiene voluntad para proteger a los defensores y que por ello ha creado un programa especial, dependiente del Ministerio de Interior y del DAS: que los defensores tengan carros blindados, escoltas, medios de comunicación, chalecos, etc. Recuerdo la frase de un dirigente sindical del Valle del Cauca que contaba con esquema de protección. Él decía que en Colombia lo que sucede con los defensores de derechos humanos es que se pone prácticamente a Drácula a cuidar el banco de sangre. Con la Operación Dragón, por ejemplo, se planeaba asesinar a la defensora Berenice Celeita, al senador del Polo Democrático Alexander López Maya y a dirigentes sindicales de Cali.
El Estado, que les había dado medios de protección, paralelamente le había entregado a empresas privadas armadas que tenían vínculos con paramilitares los datos de los vehículos (nivel del blindaje, número de motor), escoltas, regularidad de los desplazamientos, etc. Es decir, toda la información del esquema de seguridad. En mi caso, y sin haber recibido ninguna amenaza, el DAS me hizo un estudio de seguridad y concluyó que mi riesgo era extraordinario. Me otorgaron un carro blindado con escolta y un conductor. En diciembre decidieron que debía tener cuatro escoltas y un carro con mayor blindaje. Nunca me han querido decir el motivo. Sólo he recibido llamadas de funcionarios públicos que me dicen que esté tranquilo, que ya han hablado con el Ministerio de Defensa advirtiéndoles que tengan cuidado con cualquier cosa. No entiendo qué querían decir con eso tampoco.
* Miriam Martínez Esteban es coordinadora de Paz con Dignidad en Castilla-La Mancha. Andrea Gago Menor forma parte del equipo de Pueblos.