León Moraria

La OEA, desde su creación en Bogotá en el nefasto abril de 1948, es el instrumento dócil del imperio y lleva consigo, como tatuaje de sumisión y entrega, el intervencionismo contra los países latinoamericanos. En sesenta años de existencia ¿Hay en nuestra América y el Caribe un solo país que no haya sido víctima de las agresiones de Estados Unidos, con la complicidad o mejor, la complacencia de la OEA? La lista es muy conocida para tener que repetirla: desde el Chile de Allende, al Brasil de Goulart, el Panamá de Torrijos, la Guatemala de Arbenz o el México de Villa y Zapata, para no nombrarlos a todos.

Esta realidad de nuestros países dio origen al SICA (Sistema de Integración de Centro América)); al Grupo de Río; a UNASUR; y más reciente, a la organización de países latinoamericanos y del Caribe sin Estados Unidos ni Canadá. Organismo en formación sin nombre definitivo todavía.

Pero ¿De que sirve crear organismos de integración latinoamericanos y del Caribe, para la defensa de la soberanía, la autodeterminación, la democracia, si al momento de tomar decisiones se sucumbe ante la inconsecuencia y la ausencia de osadía? Ocurrió con el Grupo de Río en la reunión realizada en República Dominicana, convocada para condenar a Colombia por el ataque militar contra el territorio de Ecuador y que condujo al rompimiento de relaciones de Ecuador y Venezuela con Colombia.

Los países vecinos son víctimas de la inaceptable exigencia de Colombia de participar en la lucha contra la guerrilla, de inmiscuirse en un conflicto que sólo les compete a los colombianos. Lo que ocurra en los países vecinos por causa de la guerra en Colombia, son los efectos de ese conflicto con sus numerosas vertientes: guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, hampa común, contrabando. Con estas actividades Colombia inunda las fronteras de los países vecinos, desde Tumaco a Manaos y de Leticia a la Guajira. Es norma de acción que no son los efectos lo que se combate, sino, las causas y éstas, radican todas en Colombia. Los países vecinos son víctimas de los múltiples problemas sociales y económicos que tiene Colombia y durante sesenta años, los gobiernos han sido incapaces de erradicarlos. ¿Cuánto les cuesta a los países vecinos mantener bases militares y contingentes militares para cuidar sus fronteras por causa de la incapacidad de los gobiernos colombianos de poner orden en su país?

En la reunión del Grupo de Rio en República Dominicana no se condenó al gobierno colombiano. La reunión terminó con apretones de mano y palmaditas en la espalda. Si atacar a mansalva y por mampuesto a un país, no es un acto grave ¡gravísimo! ¿Qué debe suceder para que haya la condena?

Ocurrió también con la reunión de presidentes de UNASUR en Bariloche, convocados para condenar la instalación de bases militares gringas en Colombia. Reunión que no fue más allá de los discursos enunciativos, sin condenas concretas, referidos a la amenaza de la seguridad y estabilidad de la región y que de manera directa no sólo van contra Venezuela por sus reservas de petróleo y contra Brasil por la pretensión gringa de apoderarse de la amazonia, sino, contra toda Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Días antes de la reunión de Bariloche hubo la reunión de la OEA en donde se aprobó por unanimidad la expulsión de Honduras, por el golpe de Estado contra el presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales. Primera vez en su larga historia de complicidades que la OEA toma una decisión contraria al intervencionismo de EE.UU.

Vale la pena determinar las implicaciones y la gravedad que un golpe de Estado como el de Honduras tiene para las nacientes democracias latinoamericanas y del Caribe, y las implicaciones que la instalación de bases militares tiene para la seguridad de los países. Si Honduras fue expulsada de la OEA por el golpe de Estado ¿Por qué Colombia no fue expulsada de UNASUR por la instalación de bases militares teniendo como antecedente el bombardeo y agresión contra el territorio de Ecuador?

¿Instalar bases militares que amenazan la seguridad del sud continente es acaso menos grave que el golpe de Estado en Honduras? Lo uno conduce a lo otro. Las bases militares gringas son el instrumento que viene a remplazar, a reforzar la pérdida de poder de EE.UU. en la OEA – en estado agónico – y también por el hecho de ser discriminado junto con Canadá en el nuevo organismo de integración.

¿Qué va a ocurrir en la reunión de UNASUR, el próximo jueves, en Quito, cuya agenda es revisar el expediente de agresiones que acumula el gobierno colombiano en contra de la seguridad de los países vecinos y como instrumento al servicio del imperialismo? Expediente en el cual figura la agresión contra Ecuador, la instalación de bases militares gringas y el circo montado por Colombia en la OEA en contra de Venezuela. ¿Por qué Colombia no le ha a montado a Dinamarca la misma payasada circense, ante organismos europeos o La Corte Internacional, por la evidente presencia de la guerrilla en dicho país, confirmada por un Juez que autorizó el envío de ayuda financiera a las FARC-EP, recaudada por una organización danesa? Posiblemente Colombia no lo hace, para no provocar una sonora carcajada a los países de la Unión Europea, en donde, en gran parte, a las FARC-EP le es reconocida su beligerancia política.

¿Cuál es el origen del historial de agravios del gobierno colombiano, en los últimos diez años, contra los países vecinos y contra cualquier organización que en Colombia asuma la lucha por la paz? El origen de ese historial de agravios está en haberle cambiado el reconocimiento que tenían las FARC-EP y el ELN, de grupo armado beligerante, a “terrorista”.

Lo insólito del conflicto colombiano está en la negación de la paz y de toda gestión de paz, venga de donde venga. Para el gobierno de Uribe es delito hablar de paz o buscar mecanismos para alcanzar la paz, como contrapropuesta a la posición guerrerista de su gobierno, de la oligarquía y de los EE.UU. Todo asomo de gestión por la paz que surja en Colombia, en Venezuela, en Francia o donde sea, es tildado por el gobierno de Uribe, de “terrorismo” o de complacencia con el “terrorismo”. La “terrorista” Piedad Córdoba, el “terrorista” Sarkozy, el “terrorista” Chávez, los “terroristas” Evo, Correa, Daniel y Raúl Castro, Lula, Lugo, Cristina y el “Pepe”.

Primera conclusión: Es necesario definir ¿Qué es terrorismo?

De “terrorista” acusan al pueblo palestino que lucha por el establecimiento de la nación Palestina en sus territorios ancestrales. Durante sesenta años el pueblo palestino ha sido victima de las agresiones del terrorismo sionista. Durante sesenta años el pueblo palestino ha ejercido el derecho de defender su tierra, su cultura, sus tradiciones, de las agresiones sionistas. Sesenta años es el mismo tiempo que lleva el pueblo colombiano (las guerrillas liberales de 1950 y las actuales FARC y ELN), de lucha por los derechos humanos, por la participación cívica en política y contra las agresiones de la oligarquía y el imperialismo. Por todo ello la lucha de las mayorías colombianas es tildada de “terrorista””

De “terrorista” acusan al pueblo iraquí por su lucha patria, por la defensa de su territorio, por su guerra nacional contra la invasión yanqui- Del mismo modo acusan al pueblo afgano. ¿De cuando acá las luchas de liberación nacional en el Saharaui, en Irak, Afganistán, Colombia, son terroristas? Son luchas que tienen la legalidad proveniente del derecho a la defensa, del derecho a la vida, del derecho a tener una Patria.

Las FARC-EP y el ELN han participado en conversaciones con los gobiernos de turno, para buscarle salida a la guerra. Dichos actos constituyen el reconocimiento de su lucha, de su existencia, de la beligerancia como grupos en armas. Para ponerle fin a la guerra en Centro América, fue necesario sentarse el gobierno y la guerrilla frente a la mesa de conversaciones. Ocurrió con el sandinismo, el Farabundo Martí, el Ejército deliberación Nacional de Guatemala. El reconocimiento de la beligerancia de las FARC-EP como del ELN, surge también de las mesas de conversación habidas en sesenta años de guerra. Los reconocimientos son irreversibles.

Tanto Uribe, como el continuador de su gobierno, Juan Manuel Santos, son enemigos de la paz. En la campaña electoral, Santos prometió continuar al pie de la letra la política guerrerista de Uribe (en lo interno) y de agresiones contra los países vecinos (en lo externo) ¿Cómo puede pertenecer a UNASUR un gobierno que ha demostrado de diferentes maneras ser enemigo de la paz? Y para colmo, los voceros de ese gobierno tienen la jactancia de pregonarlo. Si UNASUR es un organismo de integración, de unidad sudamericana, para la paz y la convivencia ¿Cómo puede tener un miembro que pregona la guerra, que no quiere la paz? Todo intento de acercamiento y de motivación para las conversaciones de paz, es tildado por Uribe y por Juan Manuel Santos de “terrorismo”. ¡Tamaña incongruencia! No olvidar que Uribe, como presidente, fue elegido para que represente a la oligarquía. Santos en cambio, no la representa ¡El es la oligarquía!

Segunda conclusión: Para que haya mesas de conversación por la paz en Colombia, es necesario que los países de UNASUR declaren la beligerancia y legalidad que tienen tanto las FARC-EP, como el ELN. Es el punto de partida, es la base elemental para el intercambio humanitario y las conversaciones de paz. Lo hizo Bolívar, de la mano del general Sucre, al firmar el “Armisticio y Regularización de la Guerra” con el ejercito realista comandado por el general Morillo (1820).

Las agresiones del gobierno colombiano contra los países vecinos tiene su origen en la falta de definición, clara, tajante, de los países de UNASUR, con respecto a la beligerancia de las FARC y el ELN. El señalamiento de “terrorista” a todo tipo de lucha, fue la ocurrencia de Bush cuando inventó y ejecutó el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York. Tal señalamiento se ajustó muy bien al odio y demencia de Uribe. Pretender desconocer la beligerancia de las FARC-EP y el ELN, luego de más de cuarenta años de lucha armada, es inadmisible.

A tales extremos ha llegado el señalamiento de “terrorismo”, que la cotidiana lucha legal de un sindicato por reivindicaciones obreras, es tildada de “terrorista. ¿Qué diferencia hay en Colombia entre luchar en un sindicado, en la guerrilla, la Unión Patriótica, una Organización Pro Derechos Humanos, una agrupación estudiantil o una asociación campesina? En cualquiera de estas organizaciones, el ciudadano está condenado a muerte. ¿Y qué decir del asesinato de periodistas por cometer el “delito” de información veraz?

Pasemos a otro país. Los sindicatos griegos, que en este momento realizan tenaz lucha por la defensa de sus conquistas laborales ¿Cuánto va a demorar la acusación que les harán de “terroristas”? O las luchas de los obreros panameños contra la pretensión del presidente Martinelli de derogar la Ley del Trabajo y arrebatarle a la clase obrera panameña el derecho a la organización sindical, a la huelga, a reclamar mejores salarios y seguridad social, como quien dice, el derecho a la vida. ¿Cuánto demorará el acusarlos de “terroristas”?

Si la beligerancia de las FARC-EP y el ELN no hubieran sido desconocidas, por el simple odio demencial, visceral y guerrerista de Uribe ¿Habría ocurrido la agresión y bombardeo del territorio de Ecuador? ¿Estaría ocurriendo el circo montado por el gobierno de Colombia en la OEA contra Venezuela? Si no hubiera sido desconocida la beligerancia de las FARC y el ELN ¿Se estarían instalando bases militares en Colombia? No olvidar que las FARC-EP y el ELN son guerrillas campesinas que luchan por el derecho a la tierra. Mientras este objetivo no se garantice, en Colombia no habrá paz.

Para ponerle fin al conflicto colombiano (guerra), hay que devolverle a las FARC-EP y al ELN la beligerancia reconocida por todos los gobiernos anteriores a Uribe y por el Tratado de Ginebra que establece las características que debe tener un movimiento armado que lucha por los derechos humanos, que lucha por la participación cívica, por el derecho a elegir y ser elegido, por el derecho a la vida, vulnerado desde la época de los “chulavitas”(fanáticos y asesinos católicos iguales a los “cristeros” mexicanos), a la época del paramilitarismo y los “falsos positivos”. Sesenta años de violencia, que ha ido, del “corte de franela” de los “chulavitas” a la “moto sierra” de los paramilitares.

Tercera conclusión: Si UNASUR en esta reunión de Quito no quiere transitar los mismos pasos de tolerancia de la OEA – no por doblegarse ante el imperio, sino por inoperante – tiene la obligación imprescindible de meter en cintura a Colombia o expulsarla del organismo, de igual manera a como Honduras fue expulsada de la OEA. ¿Qué es más grave, el golpe de Estado o las bases militares?

Para encaminar la paz en Colombia, y ponerle coto a las agresiones contra los países vecinos, UNASUR debe:

Primero, declarar la beligerancia de las FARC-EP y el ELN. Reconocimiento recibido de los gobiernos anteriores a Uribe. Punto de partida para abrir conversaciones de paz. Definir ¿Qué es «terrorismo».

Segundo. Condicionar la participación de Colombia en UNASUR a la eliminación en territorio colombiano de bases militares gringas.

Tercero. El pueblo colombiano,en defensa de su soberanía debe expulsar de su territorio la presencia yanqui. Esa lucha debe conducir a la restitución de las relaciones comerciales con Ecuador y con Venezuela. Mientras haya la presencia de bases militares gringas no puede haber restitución de relaciones diplomáticas y fundamentalmente comerciales. ¿Acaso no es una exigencia similar a la que EE.UU le hace a Colombia para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), cesar en el asesinato de sindicalistas y de periodistas? De igual manera, la Unión Europea cuestiona la firma del TLC, por la investigación que realizan parlamentarios europeos de la fosa común de La Macarena (2000 cadáveres). Son condiciones “sine qua non” para restablecer relaciones comerciales y para respaldar la lucha por la paz en Colombia. ¿Puede haber paz con la presencia de bases militares gringas?

Para finalizar, vale la pregunta:

¿Qué diferencia hay entre la UNASUR pusilánime y la OEA servil?