Una 10 mil personas salieron a las calles. La marcha se dividió en dos bloques con el propósito de paralizar el tráfico vehicular en las 2 principales vías de Changuinola, para luego unirse en un solo bloque que terminó con un gran mitin, donde las organizaciones sindicales se declararon en estado de alerta y el movimiento Mónico Cruz y los pueblos originarios de la Comarca Ngäbe Buklé, Región Ñocribo, repudiaron las modificaciones a la Ley 10, que impulsa el Gobierno de Martinelli para entregar nuestros recursos naturalees a las transnacionales.
Señores
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
E. S. D.
Señores Magistrados:
Una serie de peligrosas situaciones nos alertan sobre la clara intención de sectores en el poder de instaurar un régimen autoritario y conculcar caros derechos ciudadanos.
La recién aprobada Ley 30, repudiada por las amplias mayorías nacionales, es una muestra fehaciente de estos nefastos propósitos.
Tanto en la forma como en el fondo esta Ley 30 viola la carta magna que nos rige y varios convenios internacionales suscritos por el Estado, los cuales tienen rango constitucional.
Por ello, diversos sectores sociales hemos demandado por inconstitucional esta Ley que consideramos una aberración jurídica surgida de una Asamblea Nacional de Diputados que de forma apresurada, sin escuchar la voz del pueblo y con el parlamento sitiado por unidades antimotines de la Policía Nacional que impedían a los trabajadores y ambientalistas acercarse, impuso a tambor batiente, en sesiones extraordinarias, siguiendo instrucciones del Ejecutivo, un proyecto de Ley que supuestamente competía a la aviación comercial pero que modificó tres códigos y 6 leyes de la República. Es decir, que a pesar que las sesiones extraordinarias se convocan para temas específicos, previamente conocidos, se encubrieron en el proyecto de ley temas que ni siquiera fueron parte de la exposición de motivos.
En el apresuramiento de los legisladores se incumplió el Reglamento Interno de este órgano del Estado. La Comisión de Transporte, donde se debatió el proyecto, no consultó al resto de las comisiones de la Asamblea sobre temas que le competían. El contenido de lo aprobado en tercer debate, donde no hubo nuevas propuestas, no fue lo que se había decidido en el segundo debate.
La Ley 30 conculca el sagrado derecho a huelga reconocido en la Constitución Nacional, el cual es una de las más importantes conquistas de la clase trabajadora en todo el mundo, alcanzado en base al sacrificio y la sangre de miles de trabajadoras y trabajadores.
La Ley 30 busca liquidar las organizaciones sindicales, mermar su capacidad financiera y desconocer acuerdos pactados en la mesa de diálogo y negociación entre patronos y trabajadores por medio de convenciones colectivas.
La Ley 30 fomenta el ecocidio al eliminar la obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental en los proyectos del Estado, instrumentos estos reconocidos como un avance a nivel internacional en los esfuerzos por proteger el ecosistema cuyo deterioro amenaza la existencia misma de la humanidad.
La Ley 30 fomenta la impunidad, crea fueros y privilegios por encima de la Constitución a los miembros de la Policía Nacional que tendrán la libertad de matar a los ciudadanos sin que ello les signifique encarcelamiento ni suspensión de sus funciones. De sobra son conocidos los casos de abuso y atropello policial y la corrupción reinante en sus filas. Ya representantes de varios organismos internacionales se han referido a este hecho como una flagrante violación a los derechos humanos.
Hoy acudimos a esta Corte Suprema de Justicia para solicitar celeridad en la consideración de los sendos recursos que se han presentado contra la Ley 30 de 16 de junio de 2010, así como también respecto a la conocida Ley Carcelazo, Ley 14 de 13 de abril de 2010, cuyo objetivo es la criminalización de la protesta social.
En manos de los magistrados está la posibilidad de evitar que se agudice el clima de tensión y zozobra que hoy vivimos los panameños.
De lo contrario, cada ciudadano que de ahora en adelante muera injustamente a manos de los policías, cada catástrofe ecológica que se produzca, cada sindicato que desaparezca y cada conflicto que se presente en los centros de trabajo, la responsabilidad recaerá también sobre esta Corte Suprema de Justicia, órgano llamado a brindar, con total independencia, la Justicia que anhelamos los panameños.
Con decisiones justas y urgentes puede evitarse que el Estado sea sometido al examen de los tribunales internacionales y que sea condenado nuevamente como un Estado violador de los derechos humanos, laborales y ambientales, con todas las consecuencias que de ello se deriven.
Agradeciendo la atención de los señores magistrados, nos suscribimos con saludos cordiales;
Atentamente,
FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES
Y siguen muchas firmas…