El apoyo que los gobiernos europeos prestaron a bancos y empresas durante la crisis económica ha incrementado el déficit presupuestario y de la deuda pública en la zona euro.
Al coste de las llamadas medidas de rescate para el sector financiero se suma la reducción de ingresos, producto del estancamiento económico. En consecuencia, los Gobiernos europeos han proclamado la reducción del déficit como principal objetivo de la política económica.
La crisis y la especulación han dejado varios Estados de la zona euro al borde de la bancarrota. Hungría, Rumanía y Grecia han acudido a créditos del FMI y de la Unión Europea para evitar su insolvencia. Como condición, la política fiscal de estos países ha quedado sometida al control de los organismos internacionales, que han impuesto una rígida austeridad fiscal. Las consecuencias del régimen fiscal del FMI se muestran en Letonia. El país báltico obtuvo en 2009 un crédito del FMI bajo la condición de recortar sus gastos. Entre otras medidas fueron cerrados 32 hospitales de 56 y se recortaron un 35% los salarios en el sector público.
En este contexto, los Gobiernos europeos han presentado planes para reducir su déficit mediante el recorte de gastos y la subida de impuestos indirectos. El Gobierno alemán es el principal impulsor de la política de austeridad para mantener bajo el coste del trabajo y poder competir con países como China en exportaciones. Un estudio reciente del instituto económico alemán DIW, afín al Gobierno, constata que durante la última década ha sido polarizada la sociedad debido a la creciente desigualdad salarial. Según dicho estudio, este plan de saneamiento del presupuesto público acentuará la desigualdad, porque afectará sobre todo a los parados, familias y trabajadores en el sector público.
Algunos gobiernos actúan con más cautela al presentar los recortes. El Gobierno británico planea reducir los gastos de la clase política y obligará a los ministros a compartir coches o usar el transporte público. Portugal ha impuesto una tasa sobre los ingresos de las empresas y Grecia un impuesto sobre bienes de lujo y un impuesto del 1% sobre ingresos superiores a 100.000 euros. La última cifra contrasta con la subida del IVA de 19% al 21%, la congelación de pensiones y el recorte del 30% en bonificaciones en el servicio público.
De momento, las protestas contra los recortes han sido moderadas. En los países más afectados, como Rumanía y Grecia, se han producido huelgas con una alta participación y manifestaciones multitudinarias que en algunos casos desembocaron en disturbios. No obstante, los movimientos sociales no son los únicos que han ganado terreno a causa de los recortes y la desigualdad social creciente. Sobre todo en Europa oriental, los partidos de extrema derecha han ampliado su influencia.
En Hungría los partidos socialdemócrata y liberales sufrieron una tremenda derrota en las elecciones celebradas en abril de este año. Los nacionalistas de Fidedsz obtuvieron la mayoría absoluta y el partido abiertamente fascista Jobbik se convirtió en la tercera fuerza política con un 12,8% de los votos. Jobbik mantiene una agresiva retórica antisemita y nacionalista. Movimientos similares han surgido en Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria.
El sociólogo Wilhelm Heitmeyer conecta la creciente xenofobia a la polarización de las sociedades europeas. Según su estudio más reciente, en el este europeo se extiende más el racismo contra judíos y gitanos, mientras que en el oeste se tiende a encubrir actitudes racistas bajo la crítica a Israel o al islam. Ésta última se refleja en las prohibiciones del velo en Francia y Bélgica o el notable resultado del PVV antiislámico de Geert Wilders en las últimas elecciones holandesas.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Los-recortes-polarizan-la-sociedad.html