Ese dato, que sitúa a este país en el cuarto puesto de la Unión Europea, está reflejado en un documento que analiza cómo se aplica en España la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Se trata del informe que la citada plataforma, constituida en 1997, defenderá el próximo 16 de junio en Ginebra, Suiza, ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
El escrito pone de relieve que la pobreza infantil es 33 por ciento más alta que en los adultos de 18 a 65 años, superior a la media total de la población y apenas se ve superada por el índice de pobreza de los mayores de 65 años.
Ese porcentaje de chicos bajo el umbral de la indigencia se mantiene estable desde hace años, por lo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lamentó que no se hayan aprovechado los años de bonanza económica para reducirlo.
Aunque se incorporaron planes de inclusión social, no se ha hecho de manera prioritaria, lamentó Ballesteros en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press.
En esa línea, la plataforma sugirió al gobierno la creación de un plan nacional para erradicar la pobreza en la niñez, que establezca un marco coherente en el cual identificar las acciones prioritarias de lucha contra la exclusión infantil.
Se necesitan objetivos específicos y medibles, con indicadores claros, con plazos y el suficiente respaldo económico, enfatiza el documento.
Las principales tareas pendientes que señala el informe son la coordinación efectiva de los recursos, un mayor peso de la pobreza infantil en la agenda política y una apuesta continua por la firma de un pacto de Estado que propicie estabilidad al sistema educativo.
Según el director de la Plataforma de Infancia, Ángel Hernández, una mejor coordinación lograría importantes avances en la situación de la niñez, además de que se aprovecharía mejor los fondos que ya se invierten en momentos de crisis como los actuales.
El estudio hace especial hincapié en las diferencias existentes entre los recursos que las diferentes comunidades autónomas dedican a la infancia, aunque no realiza un ranking por la dificultad para identificar el presupuesto real destinado a esta área.
Ballesteros expresó su temor de que la crisis provoque una reducción drástica de las inversiones y pidió a las administraciones que garanticen a todos los niños, al margen de su lugar de residencia, el acceso igualitario a unos servicios sociales básicos.
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=195238&Itemid=1