En un comunicado, emitido por la planta televisiva Globovisión, se calificó la medida como un “atropello por parte del Gobierno de Venezuela” agregando además que en nuestro país el hecho de “opinar y disentir se ha convertido en un delito”.
“Sabemos que son tiempos muy difíciles para Venezuela y que este nuevo atropello lo sufren, junto con nosotros, la Venezuela decente, la Venezuela productiva” anunció este medio privado.
Sin embargo en el contenido de esta publicación se obviaron las razones por las cuales los ciudadanos Zuloaga están siendo procesados. Ante los dos implicados pesa la imputación por la presunta comisión de los delitos de usura genérica continuada y agavillamiento, previstos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y el Código Penal.
En cuanto al delito de agavillamiento, el artículo 286 del Código Penal tipifica que ‘cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por el sólo hecho de la asociación, con prisión de dos a cinco años’.
Durante el mes de marzo, el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga Núñez, declaró ante los medios de comunicación que “acaparaban pero generan fuentes de empleo”, intentando justificar la presunta comisión de un delito.
Según reza un comunicado del Ministerio Público, en su oportunidad, fueron analizados los documentos consignados por el entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, el 27 de mayo, según los cuales existen irregularidades por parte de los directivos de las concesionarias Toyosan y Toyoclub, ambas vinculadas con el empresario Guillermo Zuloaga y su hijo.
También hay que recordar que en un allanamiento realizado a la vivienda del empresario venezolano, fueron encontrados una serie de vehículos que eran retenidos con el fin de aumentar sus precios y luego venderlos, sin importar que existiera una alta demanda y lista de espera para obtener dichos bienes.
Periodistas rechazan la campaña
A pesar de los planes de ciertos sectores de generar una campaña de descrédito en contra del Estado venezolano y sus instituciones, existen organizaciones de periodistas que rechazan estas actividades, por considerarlas un intento orquestado para “ falsear la decisión de la justicia venezolana de investigar a Guillermo Zuloaga y Guillermo Zuloaga Siso”.
Esta opinión fue expresada por el Movimiento Periodismo Necesario (MPN), quienes además explicaron que es una coincidencia que uno de los imputados sea concesionario de un medio de comunicación, agregando además que “relacionar la actuación de la justicia venezolana con un ataque a la libertad de expresión, y pretender afirmar que constituye además una violación a la libertad de prensa es a todas luces un falseamiento y una manipulación de los hechos”.
Anunciaron además que el medio de comunicación cuya concesión gratuita le fue otorgada al señor Zuloaga por el Estado venezolano “está al aire, y la campaña mediática sigue con fiereza por parte de su equipo en el canal de televisión, ninguna medida se ha adoptado para hacerlos callar o perseguirlos, a pesar de sus campañas generadoras de violencia y desestabilización social y política, que les haría ser objeto de medidas reguladoras de esta actividad antiética productora de terrorismo mediático”.
Reiteraron que las decisiones judiciales en nuestro país “no tienen excepción y que esto no es más que la continuación de un proceso judicial que se inició hace varios meses cuando se demostró a través de organismos competentes que procedía la acusación de usura en reventa de vehículos”.
Criticaron la postura de ciertos miembros de la Organización de las Naciones Unidas, quienes se manifestaron en contra de la justicia venezolana, por considerar que de esta manera se está ejerciendo “ una clarísima injerencia contra la soberanía judicial de un país miembro de la ONU sin ninguna prueba y comprometiendo la debida imparcialidad y no intervención de este organismo”.
Por lo momentos ambos ciudadanos presuntamente vinculados en la comisión de los delitos antes descritos, no se han presentado ante los organismos competentes del sistema judicial venezolano, lo que los convierte en prófugos de la justicia.