Esta medida, que será adoptada en los próximos días como decreto, sustituye al recorte de las pensiones aprobado por el Ejecutivo en un principio, que fue rechazada este sábado por el Tribunal Constitucional (TC).
Tras este fallo, el FMI anunció la mañana de este domingo el aplazamiento de la reunión para revisar el paquete de ayuda a Rumania.
Rumanía, con 30 millones de habitantes y miembro de la Unión Europea (UE) desde 2007, se vio obligado a aceptar un crédito de emergencia de 24 mil 400 millones de dólares del FMI y del bloque europeo para evitar el colapso económico en mayo de 2009.
«El Fondo está evaluando el impacto de la sentencia del Constitucional. A falta de identificar medidas alternativas, la reunión de la junta del FMI se ha aplazado», declaró el director del comité para Rumania del FMI, Jeffrey Franks, quien se mostró confiado en la posibilidad de que este país presente prontamente medidas alternativas.
La coalición centralista que conforma el Gobierno rumano aprobó contrareloj el incremento del impuesto para tratar de evitar la retirada del paquete de ayuda.
La sentencia del Constitucional tiene lugar luego que tanto los socialdemócratas como los liberales, en la oposición, apelaran las leyes presentadas por el Gobierno del primer ministro Emil Boc para restablecer el equilibrio presupuestario, y en virtud de las cuales los funcionarios verían reducidos sus salarios un 25 por ciento, mientras que las pensiones se bajarían un 15 por ciento.
Las medidas, muy impopulares, han provocado protestas en el último mes.
Rechazo popular
Al menos tres mil rumanos salieron a las calles este viernes para solicitar al presidente Traian Basescu dar marcha atrás a las medidas de ajuste.
Cerca de 600 personas se presentaron ante el Palacio Presidencial en la capital rumana para pedir al mandatario la no aprobación de las medidas de austeridad que perjudicarán principalmente a los trabajadores, niños y pensionados.
Las protestas anticiparon sindicatos de la administración pública, servicios de salud, educación, asistencia social y la policía, según reportó la agencia rumana de noticias Actmedia.
A finales del mes de mayo, decenas de miles de profesores, agentes penitenciarios, empleados municipales y enfermeros se declararon en huelga en Rumania para expresar su rechazo contra un plan de austeridad del Gobierno.
Bucarest debe cumplir con la línea de austeridad económica acordada el año pasado con el FMI para poder obtener un crédito mil millonario.
En el marco de las políticas anticrisis, el Gobierno rumano ya había presentado también a principios de junio el controvertido plan, que incluye reducir los salarios públicos en un 25 por ciento y las pensiones en 15, además de anunciar el despido de al menos 70 mil funcionarios.
Los trabajadores públicos rumanos cobran una media cercana a los 600 dólares, mientras los jubilados reciben apenas 200 dólares mensuales.
Rumania deberá también reducir su sector público en un cuatro por ciento con lo que hasta 60 mil funcionarios pueden perder su puesto de trabajo. Más de 1,4 millones de rumanos tienen un empleo público.
Estas medidas deben permitir llevar el déficit público al 6,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para fin de año.