Aunque el Estatuto de los Trabajadores obliga a que los despidos deban tener siempre un motivo legal, ya sea este por causas imputables al trabajador (sanciones u otros motivos) o por causas económicas, técnicas y productivas, existe una forma de poder reconocer el despido como improcedente por parte del empresario.
Segun el presidente del CES «el problema más importante de la economía», «es un tejido empresarial frágil y atomizado» en relación al gran número de empresas pequeñas. Según sus cifras existen más de un millón de empresas con menos de cinco trabajadores y sólo unas 4.500 que tienen más de 250 empleados.
Esta modalidad de despido ha venido a desvirtuar el control judicial sobre el despido y el derecho al empleo. Con esta modalidad introducida durante los últimos culetazos del gobierno de Aznar, el empresario puede despedir a cualquier trabajador pagándoles 45 días por año trabajado sin que le corran los salarios de trámite.
Junto a esta forma de ajustar las plantillas los empresarios también han usado los contratos temporales con una indemnización de 8 días por año trabajado con mucha frecuencia. Hasta un 56% de los empleos perdidos han sido por la no renovación de dichos contratos.