James Petras
Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de triste fama del régimen del presidente saliente Álvaro Uribe y estrechamente vinculado con los graves crímenes contra la humanidad, ha «ganado» las recientes elecciones celebradas en Colombia en junio de 2010. Los principales medios electrónicos e impresos, CNN, FOX News, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal y el otrora liberal The Financial Times (FT), han celebrado la elecciónn de Santos como un gran triunfo para la democracia. Según The Financial Times, «Colombia, y no Venezuela, es (el) mejor modelo para América Latina» (FT, 23/06/2010, p. 8). Aludiendo a la «abrumadora» ventaja obtenida por Santos (acumuló el 69% de los votos), The Financial Times proclamó que se ha hecho acreedor de «un mandato sólido» (FT, 22/06/2010). En lo que tiene que convertirse en una de las maniobras más flagrantes para ocultar la historia reciente, las explicaciones de los medios de comunicación excluyen los hechos atroces de las elecciones y las políticas profundamente autoritarias llevadas a cabo por Santos durante la última década.
Las elecciones: Armas, élites y terrorismo
Las elecciones son un proceso (no un mero acontecimiento) cuyo resultado determinan las condiciones políticas previas. Durante los ocho años anteriores de gobierno del saliente presidente Uribe y el ministro de Defensa Santos fueron trasladados a la fuerza más de 2 millones de habitantes, en su mayoría, habitantes pobres de zonas rurales, y alejados de sus hogares y sus tierras para expulsarlos al otro lado de las fronteras con países vecinos o a suburbios urbanos. El régimen de Uribe y Santos recurrió tanto al Ejército como a los 30.000 miembros de los escuadrones de la muerte para matar y aterrorizar núcleos de población enteros a los que se consideraba «simpatizantes» de la insurgencia armada, lo que afectó a varios millones de habitantes pobres de zonas rurales y urbanas. Más de 20.000 personas fueron asesinadas, muchas de ellas, según la principal organización colombiana de derechos humanos, acusadas en falso de «guerrilleros». Cuando Santos era ministro de Defensa los tribunales lo implicaron directamente en lo que se ha dado en llamar «falsos positivos». El ejército capturaba al azar a docenas de jóvenes pobres de núcleos urbanos, los fusilaba y proclamaba una victoria sonora sobre la guerrilla de las FARC.
Algunos de los dirigentes más importantes de escuadrones de la muerte paramilitares a quienes se apresó han testificado que unos 60 congresistas de los que respaldaban a Uribe y Santos estaban en su nómina y «han garantizado» los votos de regiones que se encuentran bajo su control. Ante el daño causado por estos testimonios, Uribe y Santos han traicionado a sus camaradas de los narco-escuadrones de la muerte y los han «extraditado» a Estados Unidos, donde el proceso judicial excluyó las pruebas que los vinculan con los asesinatos masivos realizados a instancias de Uribe y Santos.
Más de dos mil sindicalistas, activistas de derechos humanos, periodistas y congresistas críticos con Uribe y Santos han sido asesinados por sicarios de escuadrones de la muerte al servicio del régimen. Las confederaciones sindicales más importantes del mundo han enviado misiones y publicado informes que condenan a Colombia por ser el país más peligroso para los representantes de los trabajadores.
En otras palabras: todos los sectores sociales que manifiestan quejas sociales y políticas contra el régimen han sido objeto de campañas de terror y muchos de sus líderes de opinión locales han sido asesinados, desplazados o exiliados… lo que socava toda posibilidad de existencia de alguna organización sociopolítica independiente estable.
El terrorismo de Estado dominante ha supuesto que muy pocos líderes locales sobrevivan, lo que merma la capacidad del electorado de sustentar una organización libre e independiente.
El día de las elecciones, el régimen movilizó a más de 350.000 soldados y agentes de policía, muchos de ellos implicados en toda una década de represión, para que «supervisaran» las elecciones y recordaran a los votantes la fuerza que ampara al «candidato oficial» (La Jornada, 30/05/2010).
El resultado electoral ha distado mucho de ser el «mandato» del pueblo colombiano tal como lo proclaman los medios de comunicación de masas. Los «ganadores», que representan a un 56 por ciento del electorado, han sido los «abstencionistas», la posición defendida por las FARC. Ahora bien, sin duda, la mayoría del voto abstencionista no era reflejo del apoyo o la simpatía por las FARC; más bien reflejaba la desafección con la represión y la violencia, la expropiación masiva de millones de personas y el fracaso absoluto de un régimen a la hora de abordar el desempleo y el empleo precario que afectan al 40 por ciento de la población económicamente activa.
En realidad, Santos obtuvo el 30 por ciento de los votos del electorado, apenas un respaldo autorizado. Si analizamos el perfil social y ecológico de los votantes, se trata a todas luces del respaldo de la élite. Los niveles más elevados de abstención se dieron en varios grupos muy concretos. En las barriadas de chabolas y las zonas rurales que padecen la represión y el abandono la abstención ascendió a más del 80 por ciento. Por el contrario, en los sectores de clase media y alta de las principales ciudades más del 60 por ciento votó al candidato del régimen. Uribe y Santos han tratado de buscar una explicación a la abstención generalizada recurriendo al clima (de lluvia) y a los partidos del Campeonato del Mundo de fútbol. Sin embargo, la poca participación fue generalizada en todo el país, tanto en las zonas de clima seco como en las que sufrieron inclemencias. Y los partidos no duraron todo el día de las elecciones. Los medios de comunicación de masas han pasado por alto de forma sistemática los atroces crímenes cometidos bajo el mandato del ministro de Defensa Santos y los cargos de los que se le acusa en el asesinato de «falsos positivos», así como su vinculación prolongada y generalizada con los escuadrones de la muerte y el apoyo de los gobiernos de Uribe al tráfico de drogas. Han pasado por alto el apoyo que ha prestado a la desregulación del sistema financiero, que se ha traducido en la estafa sufrida por centenares de miles de pequeños inversores colombianos.
Comparar Colombia con Venezuela
Sin embargo, The Financial Times (23/06/2010) salda a favor de Colombia la comparación del régimen de Uribe y Santos con la Venezuela de Chavez en «Crackers about Caracas? Latin American should be bonkers about Bogota instead» [«¿Petardos por Caracas? Más bien, los latinoamericanos deberían perder la cabeza por Bogotá»]. Según The Financial Times, Venezuela es poco segura, autoritaria y está en declive económico con Chavez. Haciéndose eco del resto de los medios de comunicación, los redactores de The Financial Times afirman que Colombia es una democracia próspera, provista de un sistema de controles y contrapesos; con unos barrios seguros y pacíficos… salvo cuando los barrios pobres se quejan del desempleo o los habitantes de las zonas rurales se manifiestan contra la expropiación de tierras a manos de pistoleros a sueldo de los terratenientes. The Financial Times no menciona la reaparición de las bandas de paramilitares que siembran el pánico en las zonas rurales colombianas (La Jornada, 28/05/2010), sino que se centra en los delitos callejeros de Caracas.
El gobierno de Venezuela, contrario a los medios de comunicación estadounidenses, promueve las comunidades basadas en movimientos sociales que serían blanco de los asaltos del ejército en Bogotá.
Los únicos grupos «paramilitares» de Venezuela son los que cruzan la frontera desde Colombia, a los que persigue y castiga la Guardia Nacional Venezolana. En Venezuela, los sindicatos participan en la dirección de las principales factorías e industrias, a diferencia de lo que sucede en Colombia, donde se les asesina, incluidos los trabajadores de las industrias fundamentales del carbón, el petróleo, los plátanos o la Coca Cola.
A las mentiras y falsificaciones de los medios de comunicación en torno a las elecciones de Colombia y sus dirigentes políticos subyacen varias consideraciones elementales.
1.) Uribe y Santos son fervientes defensores del libre mercado y buscan con impaciencia alcanzar un acuerdo de libre comercio, entorpecido en el Congreso de Estados Unidos a causa de sus campos de la muerte.
2.) Uribe y Santos son clientes incondicionales del Pentágono, del que reciben 6.000 millones de dólares en concepto de ayuda y al que han entregado 7 bases militares, bajo jurisdicción estadounidense, para amenazar a Venezuela, Ecuador y cualquier otro país que el régimen de Obama considere hostil al dominio de Estados Unidos.
3.) Uribe y Santos han reconocido el régimen de Honduras, fruto de un golpe militar respaldado por Estados Unidos a mediados de 2009… al contrario que el resto de América Latina.
El hecho de que los medios de comunicación de masas hayan acogido de tan buena gana a un régimen que ostenta el peor registro de respeto a los derechos humanos desde la caída de los dictadores de las décadas de 1970 y 1980 (La Jornada, 17/06/2010) es indicativo del giro a la derecha imprimido por el régimen de Obama y Wall Street. Según la Casa Blanca y los medios de comunicación, las democracias de los escuadrones de la muerte como la de Colombia acreditan su condición de «modélicas» para América Latina. El problema es que ni la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de América Latina, ni casi ninguno de los partidos políticos democráticos de la región, se lo tragan: prefieren democracias sin escuadrones de la muerte, sin bases militares extranjeras y sin presidentes que trafiquen con drogas. En la actualidad, los tres principales aliados de la Casa Blanca en la región (Colombia, Perú y México) producen y venden el 80 por ciento de la cocaína de la zona. ¿Aparecerá esto en las salutaciones de los medios de comunicación a los presidentes recién elegidos?
Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez