Esta sentencia fue votada por la mayoría conformada por los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt, Zaffaroni y Maqueda.
Los integrantes de la máxima instancia judicial consideraron que los jueces de Mendoza no tenían la potestad de suspender leyes de modo general.
«Admitir la legitimación en un grado que la identifique con el generalizado interés de todos los ciudadanos en ejercicio de los poderes de gobierno (…), deformaría las atribuciones del Poder Judicial y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares», expresaron las autoridades judiciales.
«Estoy contenta porque hoy se ha logrado que el sistema jurídico democrático institucional argentino haga honor a su propio funcionamiento y permita que se aplique una ley que fuera aprobada por amplía mayoría en el Congreso», indicó la mandataria durante un acto de entrega de viviendas en el partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires (centro – este).
Fernández agregó que esta determinación de la Corte no era un logro del Gobierno argentino, ni de un sector político, sino de la nación.
La líder argentina explicó que la también llamada Ley de Medios busca democratizar el acceso a la información y el manejo de los medios.
La ley «tiende a democratizar los medios de comunicación y el acceso a la información», manifestó.
A finales de 2009, Fernández suscribió un decreto que establecía la aplicación de la Ley de Comunicación Audiovisual, la cual sustituiría la antigua Ley de Medios y Comunicación que fue establecida durante la dictadura que se dio entre 1976 y 1983.
En marzo de 2010 el juez federal de Mendoza, Miguel Medina dictó una medida cautelar en contra de esta ley por considerar que poseía supuestas irregularidades en el procedimiento de sanción de esa norma.
En ese momento y ante la decisión del juez Medina, Cristina Fernández dijo que no descansaría en su lucha por otorgarle voz al pueblo, por lo que acudiría a la Corte Suprema de Justicia.