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Buenos Aires.-Según lo informado por la Procuración del Tesoro de la Nación, el proceso de arbitraje del CIADI había comenzado en el año 2002 luego de la debacle del neoliberalismo en territorio argentino.
La empresa de EE UU,  Sempra, lo solicitó a raíz de algunas medidas de emergencia tomadas por Argentina en el ámbito del transporte y distribución de gas para hacer frente a la crisis que se desató en el país a fines de 2001.

La compañía yanqui alegó que tales medidas «violaban» el tratado bilateral de inversiones (TBI) entre la Argentina y los Estados Unidos.

El tribunal del CIADI que entendió en el caso dictó un laudo el 28 de septiembre de 2007 condenando a la República Argentina al pago de más de 128 millones de dólares más intereses.

Poco después, la Argentina solicitó la anulación de esa decisión alegando, entre otras razones, que el tribunal se había extralimitado manifiestamente en sus facultades al no aplicar el artículo XI del tratado con Estados Unidos que autorizaba a la Argentina al tomar las medidas cuestionadas en casos en que fuera necesario mantener la paz interior.

Ahora, el comité del caso Sempra –una suerte de tribunal de alzada dentro del sistema del CIADI- decidió por unanimidad anular totalmente el laudo dictado en ese caso en virtud de que el tribunal se había extralimitado manifiestamente en sus facultades al no aplicar el artículo XI del tratado con Estados Unidos.

Asimismo, el comité ordenó a la compañía norteamericana reembolsar a la Argentina el monto total de los costos del CIADI con relación al procedimiento de anulación.

Se trata de la primera anulación total de un laudo CIADI contra la República Argentina.