Bajo la consigna, “Duhalde es nuestro candidato… A la cárcel”, decenas de personas realizaron escraches en Quilmes, Rosario, Córdoba, Cipolletti, Capital Federal, Matanza, entre otras localidades, reclamando justicia y marcando la responsabilidad de Eduardo Duhalde en la represión planificada desde el gobierno que el presidía el 26 de junio de 2002 y que tuvo como resultado el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki así como decenas de heridos con balas de plomo.
Frente a este reclamo, Duhalde hizo declaraciones a distintos medios de comunicación denunciando una persecución de los servicios de inteligente y asegurando que detrás de los escraches había cooperativas de la SIDE, manejadas por el kirchnerismo. Nada más alejado de la realidad: el Frente Darío Santillán, la Juventud Rebelde, H.I.J.O.S. Zona Oeste, la CTD Aníbal Verón, el MTD Aníbal Verón Nueva Fuerza, la Federación de Organizaciones de Base (FOB, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Unidad y Lucha, la Agrupación Territorial Víctor Choque, Socialismo Libertario y Proyecto Sur –todas organizaciones que participaron en alguno de los escraches- no se caracterizan por ser cercanas al kircherismo ni por tener relación con los servicios de inteligencia.
Por su parte desde el Frente Darío Santillán desmintieron los dichos de Duhalde y aseguraron que “son los familiares y las organizaciones las que reclaman justicia y escrachan a Duhalde. Durante su gobierno el ex presidente Néstor Kirchner prometió ´investigar hasta las últimas consecuencias´ la Masacre de Avellaneda y no cumplió. Hoy el kirchnerismo habla de Darío y Maxi para criticar a Clarín y a Duhalde, pero en los hechos fueron quienes garantizaron la impunidad”.
A pocos días de cumplirse ocho años de la represión desatada ese 26 de junio en el Puente Pueyrredón numerosas organizaciones sociales convocaron a un juicio popular contra Duhalde en el Obelisco, en donde se concentrarán desde el mediodía. Además de enjuiciarlo por su responsabilidad directa en la Masacre de Avellaneda, será acusado por su paso como gobernador de la provincia de Buenos Aires, por su relación con la policía bonaerense y por sus declaraciones públicas en los últimos meses reclamando la intervención de las fuerzas armadas complementando el accionar de la Federal.