Ginebra. -Interviniendo por primera vez en la diplomacia sanitaria internacional, los 12 paises de la Unión de Naciones Suramaericanas (UNASUR) han cambiado las reglas de juego de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indican los resultados de su Asamblea anual llevada a cabo esta semana en Ginebra.
Mediante una resolución adoptada por consenso, UNASUR consiguió instaurar el principio que un grupo de expertos nombrados por paises someta a todos los Estados reunidos en Asamblea, propuestas para definir democraticamente una nueva estrategia contra las enfermedades. Se devuelve así a los gobiernos nacionales la facultad de decisión, en apariencia confiscada por una recua de consejeros que estarian cercando a la actual Directora General, Margaret Chan, presuntamente desconectada de algunos problemas claves del planeta. Le imputan haberse aislado, supuestamente rodeada por un trio de asesores occidentales, que habrian marginado especialmente a América Latina (el canadiense Timothy Evans, Keiji Fukuda, de nacionalidad estadounidense, y Carissa Etienne, del Caribe).
Los Estados recuperan el poder en la OMS
La significativa resolución de UNASUR impone que la OMS acepte estudiar mecanismos financieros novedosos y fiables para combatir enfermedades. El mandato apela a que todos los paises miembros eleven nombres de expertos a Margaret Chan, quien deberá escoger a 34 de ellos, una lista que posteriormente debe ser aprobada por el Consejo Ejecutivo de la organización, su órgano de gobierno, constituido asimismo por 34 representantes de Estados, según una distribución regional proporcional. Seran esos 34 expertos, fruto de la voluntad de los gobiernos, los responsables de elaborar las propuestas para que la Asamblea General de la OMS se dote de una mejor política que garantice mayor salud en el mundo.
La iniciativa de UNASUR se debió al fracaso de un grupo de expertos seleccionados por Chan de acuerdo a sus propios criterios, que redactó un informe rechazado por la Asamblea. El documento insiste en la ideología vigente en la OMS de otorgamiento de patentes a las farmaceuticas, relacionando la investigación y el desarrollo con los precios de los productos sanitarios, un nexo que desea abolir UNASUR.
Con el fin de superar el modelo en vigor basado en las farmaceuticas, UNASUR quiere desvincular “los costos de las actividades de investigación y desarrollo y los precios de los productos sanitarios”, reza la histórica resolución. “Hay que desligar el costo de la puesta a punto de un nuevo producto del precio final, para que de tal manera el producto no tenga que estar patentado y con un costo muy alto”, precisa el experto colombiano Germán Velásquez, considerado el gestor intelectual del texto, un reputado especialista desplazado de la OMS a raíz de su posición crítica, hoy consejero de la Organización Intergubernamental “South Centre”, domiciliada en Ginebra.
“El actual sistema estimulado por la propiedad intelectual dando la exclusividad a traves de una patente durante 20 años no está funcionando para la mayoría de las personas que viven en paises en desarrollo, la mitad de la población mundial, (hay que) acelerar el acceso a los medicamentos”, subraya Velásquez, quien pudo participar en el conclave de Ginebra acreditado por la delegación de Colombia.
Para alcanzar ese objetivo harian falta ideas “innovadoras y sostenibles” que permitan “la investigación y el desarrollo de medicamentos para enfermedades desatendidas, que se traduzcan en medicinas de alta calidad y asequibles para nuestra gente, que es a quien nos debemos”, formuló como proposito David Chiriboga, ministro de Salud de Ecuador, a quien le tocó defender el plan de UNASUR.
La intención sería replantear la ofensiva contra las denominadas enfermedades olvidadas, como la malaria, el dengue, el mal de Chagas, o la tuberculosis, que al ser padecidas en paises pobres, con insuficiente respaldo financiero, han dejado de atraer a las grandes firmas farmaceuticas, las cuales prefieren atacar el cancer, la diabetes o las cardiopatias, dominantes en los paises ricos, con fondos para sufragar los gastos y generar ganancias.
La solución de gravar a las farmaceuticas
“Impulsamos cobrar un impuesto a las ganancias de las empresas farmaceuticas, para financiar las operaciones contra las enfermedades que causan millones de muertos y enfermos en el planeta, particularmente en los paises pobres», adelantó el ministro de Salud de Brasil, José Gomes Temporão, en el contexto de los debates para obtener flamantes recursos. Fuentes de ONGs calculan las ganancias anuales de estas compañías en 160 mil millones de dólares.
En procura de dinero fresco para lograr vacunas y tratamientos contra las enfermedades aún activas en los paises subdesarrollados, “los Estados tienen que tomar un poco más de control y poner a contribuir a la misma industria farmaceutica (…) que más margenes de lucro está reportando hoy y desde hace 15 o 20 años”, afirma Germán Velásquez.
A tal efecto UNASUR aporta un enfoque distinto al tradicional sobre “propiedad intelectual y acceso a los medicamentos”. Pretende forjar alternativas a metodos impracticables o de alcances limitados, como los impuestos a la venta de armas, a los pasajes aereos, al uso de internet, a las transacciones bancarias, o cifrar esperanzas en las donanciones.
La batalla a emprender en la OMS para gravar a las farmaceuticas empezaría proclamando “una recomendación aceptada por unanimidad”, y después “cada país verá que instrumentos va a poner”, dictando leyes o fomentando negociaciones, pronostica Velásquez.
La concepto seduce, entre otros, al Perú, cuyo ministro de Salud, Oscar Ugarte, declaró a la prensa que “hay un margen importante de utilidad de las empresas (farmaceuticas) … deberían contribuir a la investigación y el desarrollo, es algo que debe ser negociado y acordado por los paises”, referiendose a la condición de posibilidad del gravamen que podría aplicarse.
Oscar Ugarte puso el ejemplo de lo sucedido en su país, donde el Estado adquiere y comercializa alrededor del 46% de los farmacos destinados a la población, en un mercado de 1000 millones de dólares al año, señalando que gracias a una negociacion centralizada con los proveedores, se consiguió en tres años reducir a un tercio el costo de esos productos.
“Esa diferencia de precios no son perdidas para las empresas, eran sobreganancias y que recién estamos llegando a tazas razonables de utilidad”, recalcó Ugarte, apuntando a las sociedades farmaceuticas, que dispondrían todavía de ganancias susceptibles ayudar a doblegar males que perduran en ciertos rincones del globo.
La argentina Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de Salud (OPS), que nuclea a los paises del todo el continente, apoyó también la exploración de nociones inéditas para financiar remedios y vacunas, en línea con lo difundido por Brasil, añadiendo que “hay paises que estan pensando en impuestos a la loteria en juego”.
Guerra al contrabando de medicinas
En ese cometido UNASUR reclama “una perspectiva de salud pública y con exclusión de consideraciones relacionadas con el comercio y la propiedad intelectual, contra los productos médicos deficientes en cuanto a su calidad, seguridad, eficacia, tales como los de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados y de imitación”
Con esa formulación UNASUR cuestiona al “Grupo Internacional de Lucha contra la Falsificación de Medicamentos” (IMPACT, su sigla en ingles), asociado a la OMS. Lo impugna porque estaría a las ordenes de especialistas privados que responderían a los intereses de los pulpos farmaceuticos. IMPACT se habría erigido en enemigo del comercio de medicamentos “genericos”, a los que suelen denunciar como falsos, o en infracción con disposiciones aduaneras, entorpeciendo su circulación.
Fabricados libremente una vez extinguidos los 20 años del monopolio de sus patentes concedidas a los laboratorios que los descubrieran, los medicamentos “genericos” son hasta cuatro veces más baratos. El IMPACT es acusado de promover denuncias que los estigmatizarian de falsos, pese a que son legales y competitivos en comparación con los concebidos por las farmaceuticas que originariamente crearan las fórmulas que los revelaran.
Mirta Roses, jefa de la OPS, concluyó que corresponde a los Estados, a través de sus agencias reguladoras y de control nacionales, certificar la calidad de los productos que entran, salen y se distrubuyen en cada país, para impedir se consuman “medicinas subestándard”, como se identifica técnicamente a los productos falsificados.