Prensa Latina

Washington, 7 may (PL) Pensilvania podría convertirse hoy en un escenario de batalla similar al de Arizona, tras la propuesta de un representante estatal de aprobar una legislación contra los inmigrantes.

La medida, presentada el miércoles último por el republicano Daryl Metcalfe, pretende criminalizar la presencia de indocumentados en ese estado, similar a la ley firmada en abril por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.

Esta ordenanza también daría poderes a la policía estadual para arrestar a las personas sólo con el criterio de que tengan apariencia de ser residentes sin papeles, en un territorio donde viven alrededor de 140 mil personas con un estatus migratorio irregular.

Para Metcalfe, la imposición de tal medida discriminatoria sería fundamental para proteger a los ciudadanos de su entorno «del impacto negativo de la invasión de inmigrantes ilegales».

El representante del condado de Butler busca la nominación para la candidatura republicana al cargo de vicegobernador y a juicio suyo la legislación ahorraría más de 728 millones de dólares anuales por gastos de educación, cuidado médico y costo carcelario.

Entretanto, a 14 ascendió la cifra de detenidos luego de una manifestación de desobediencia civil realizada ayer en Los Ángeles, en solidaridad con los indocumentados de Arizona, donde agrupaciones de derechos civiles nacionales anunciaron formalmente un boicot.

Por su parte, el presidente Barack Obama volvió a fustigar la legislación promulgada por Brewer, dos semanas después de haberla calificado como una política equivocada.

Obama aseguró que la fuerza de Estados Unidos radica en la diversidad y dijo que el sistema no podía «comenzar a apuntar con el dedo a las personas por su apariencia, cómo hablan o se visten», publicó el periódico La Opinión.

El gobernante insistió en que aspira a comenzar el trabajo sobre una reforma migratoria este año, porque son cada vez mayores las exigencias de los votantes entre los grupos proinmigrantes que lo apoyaron en su carrera hacia la Casa Blanca.

Sin embargo, el jefe de Estado está consciente de que el propósito será difícil en un año electoral y después del desgaste que ocasionó la aprobación de la polémica reforma de salud.

En el territorio estadounidense residen, según cálculos oficiales, alrededor de 12 millones de ciudadanos que carecen de un estatus migratorio legal.